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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Introducción

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH ha registrado en los últimos meses diversas acciones realizadas por agentes de la Policía Metropolitana del cantón Guayaquil, denunciadas directamente por ciudadanos, organizaciones sociales o difundidas a través de los medios de comunicación.
 
El CDH ha manifestado con anterioridad observaciones a las actuaciones de la Policía Metropolitana, bajo la actual y anteriores administraciones, por cometer violaciones a los Derechos Humanos, sin que hasta la fecha estas conductas sean corregidas. Esta preocupación es compartida por buena parte de la comunidad que ha sufrido intervenciones indebidas de este cuerpo municipal.

El 13 de Septiembre del 2000 el Municipio del Cantón Guayaquil inició la implementación del Plan “Más Seguridad”, como un compromiso cívico de cooperación interinstitucional y ciudadana en la lucha contra la delincuencia; para ello se equipó y fortaleció la Policía Metropolitana estableciéndose coordinación con la Policía Nacional.

El fortalecimiento de la Policía Municipal significó su equipamiento con armas de fuego, lo que a criterio del CDH, riñe con el Art. 183 de la Constitución, en donde se establece claramente que la Fuerza Pública sólo la constituye la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; de esta manera a la Policía Metropolitana del cantón Guayaquil se le han conferido atribuciones que no posee, desnaturalizando su misión, aún por encima de la Ley de Régimen Municipal que en el Art. 167 las establece.

Igualmente preocupa el ilegal uso del cuartel de la Policía Metropolitana como centro carcelario para ciudadanos que supuestamente habrían cometido infracciones a las ordenanzas municipales, pues los cuarteles no son parte del sistema penitenciario, ni lugares de detención autorizados.

El presente informe recoge una serie de relatos breves de casos relevantes ocurridos en Provincia del Guayas en el periodo 2001-2003, denunciados y bajo seguimiento del CDH.

CASOS

DETENCION Y EJECUCION DE  JOFFRE ANTONIO AROCA PALMA


La madrugada del  27 de febrero del año 2001, a las 03H30, en las calles Pedro Pablo Gómez y la 17ava de la ciudad de Guayaquil, el joven Joffre Antonio Aroca Palma, de 21 años de edad, se encontraba junto con unos amigos esperando el transporte de un tour que los dirija a un balneario, llegó al lugar la camioneta # 115 del Plan Municipal “Mas Seguridad” procediendo los Policías Nacionales y Metropolitanos a solicitarles los documentos de identidad e indicar que se retiren del lugar. Joffre Aroca manifestó que no estaban haciendo nada malo y se negó a presentar sus documentos de identidad, siendo agredido y embarcado en la patrulla.

El joven Aroca Palma fue conducido por los agentes a la explanada del Estadio Monumental del “Barcelona Sporting Club”, lugar despoblado, donde el jefe de patrulla Subte. de Policía Nacional, Carlos Rivera Enríquez, dispuso que se estacione el vehículo y en compañía del PPNN, Edison Yépez, lo habrían trasladado a la parte posterior del Estadio, regresando hacía el vehículo el policía Espín, quedando en el lugar el Jefe de Patrulla y el detenido, donde lo habría  ejecutado por la espalda y abandonado su cadáver en el lugar.

La patrulla # 115 del Plan Municipal “Mas Seguridad” involucrada en los hechos estaba integrada por cuatro agentes: dos policías nacionales Stnte. Carlos Rivera Enríquez y PPNN. Edison Patricio Yépez Espín y los agentes metropolitanos José Francisco Bone Franco y Willer Séller Lara Valencia.

Una semana después que se descubriera el cadáver, y que el caso fuera recogido por la prensa, uno de los agentes de la Policía Metropolitana que se encontraban presentes en el momento de los hechos fue identificado por los moradores del sector y confesó el incidente a su superior y los dos miembros de la Policía Nacional implicados en los hechos fueron detenidos.

El caso por la muerte de Joffre Aroca se inició en el Juzgado Quinto de lo Penal del Guayas, causa 78-2001, pero por motivo del fuero policial la causa se dividió y en el Juzgado Segundo del IV Distrito de la Policía Nacional se tramita la causa No 011-2001 en contra del Subte. del Policía Carlos Rivera Enríquez y en contra del Policía Nacional Edison Patricio Yépez Espín. En el Juzgado Quinto de lo Penal continuo la causa en contra del Policía Metropolitano José Francisco Bone Franco y del conductor Willer Keller Lara Valencia, los cuales se encuentran en libertad al ser considerados encubridores, puestos en libertad y reintegrados a las filas de la Policía Metropolitana.

Hasta el momento tampoco los dos Policías Nacionales se encuentran en prisión.

El caso se encuentra en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

DESMANES Y REPRESION EN REORGANIZACION DE MERCADO PEDRO PABLO GOMEZ.-

El 12 de marzo del 2001 se dieron enfrentamientos en el centro de la ciudad de  Guayaquil cuando una marcha de comerciantes del mercado de la calle Pedro Pablo Gómez organizados en el Frente Unido de Comerciantes se dirigía al Municipio de Guayaquil a intentar dialogar con el Alcalde para pedir la revocatoria de la orden de desalojo del mercado, dispuesta por dicha autoridad. La marcha pacífica derivó en enfrentamientos cuando la Policía Nacional y Metropolitana intervino con bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Tres vehículos municipales sufrieron roturas de vidrios. El Alcalde, Jaime Nebot, indicó a los medios de comunicación que los comerciantes tenían plazo hasta el 31 de marzo para desalojar voluntariamente el mercado.

Aproximadamente a las 23h30 del miércoles 28 de marzo y la durante madrugada del 29 de marzo del 2001, se realizó un operativo sorpresa, con aproximadamente 500 agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y de la Comisión de Tránsito del Guayas, mediante el cual el Municipio de Guayaquil procedió a desalojar aproximadamente a 1.100 comerciantes del mercado Machala o Pedro Pablo Gómez, cercando con planchas metálicas todo el lugar. El mercado, que abarca una cuadra, fue completamente demolido en menos de 24 horas. Durante las acciones fueron detenidos 17 comerciantes.

Según publicaciones de prensa (Diario El Telégrafo, 30 de marzo del 2001) se atribuye al Alcalde Jaime Nebot calificar de “mafiosos” a quienes se oponen al desalojo de los comerciantes del sector de la calle Pedro Pablo Gómez.

En noviembre del 2001, Mario Latorre Salazar, dirigente de los comerciantes del sector de Pedro Pablo Gómez, fue insultado y golpeado por delegados municipales y policías metropolitanos, en la parte externa de su local comercial, ubicado en las calles José Mascote entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez, cuando observó a los metropolitanos por su conducta despótica en contra de unos comerciantes informales del sector. Entre los agresores fue identificado Luis Morales, delegado municipal. El afectado presentó la respectiva denuncia en la fiscalía. El Municipio de Guayaquil no sancionó a los responsables de este hecho.

Posteriormente en enero del 2002, entre los días 10, 14 y 23, delegados municipales procedieron a clausurar aproximadamente 200 locales ubicados en el perímetro de la calle Pedro Pablo Gómez. Los comerciantes realizaron manifestaciones y se enfrentaron durante ocho horas a policías y metropolitanos. El Municipio presentó una denuncia penal por delito de rebelión en contra de Braulio Fierro, Wilfrido Lema Chimpatiza, Mario Latorre (instrucción fiscal 47-2002). Los sellos de clausura no indicaban de manera concreta las razones para dicha sanción, como es obligación legal, solo manifestaban de manera general “violación de ordenanzas municipales”. Los comerciantes indicaron como antecedente, la negativa de parte del Municipio en renovarles la patente de comerciante o tasa de habilitación. El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, públicamente alegó el “derecho de discrecionalidad” que supuestamente tiene el Municipio para conceder dichos permisos y patentes. El CDH considera que este supuesto derecho de discrecionalidad, -que no está reglamentado- por medio del cual se concede a unos y se niega a otros, a pesar de cumplir con los requisitos, atenta al principio de la igualdad jurídica de las personas.

Los comerciantes denuncian que son hostigados, detenidos e incluso violados sus domicilios, donde funcionan sus locales comerciales, por los agentes de la policía metropolitana.

El 4 de abril del 2002 el Municipio de Guayaquil denunció penalmente a Ricardo Villalobos, Manuel Sislema, Segundo Auquilla, Juan Boni, Héctor Paguay, Mario Latorre, Braulio Fierro, Wilfrido Lema, entre otros, todos ellos dirigentes del Frente Unido de Comerciantes de la calle Pedro Pablo Gómez acusándolos de haber causado desmanes y destrozos en el mercado de la Terminal de Transferencia de Víveres, TTV (ubicado en la vía perímetral a gran distancia del mercado de la calle Pedro Pablo Gómez). Los incidentes que se dieron en el mercado de la TTV, la madrugada del 4 de abril del 2002 se habrían originado, según versiones de prensa, debido a la extorsión que serían víctimas los comerciantes por parte de personal y policiales municipales. Ese mismo día la fiscalía, en la instrucción 14-2002, solicitó la orden de detención para todos los nombrados.


EXPROPIACIÓN EN SECTOR DE “LA MATERNIDAD”


El M.I. Municipio de Guayaquil, el 4 de Abril del 2002, declaró de utilidad pública con fines de expropiación los inmuebles ubicados entre las calles Franco Dávila, Huancavilca, Seis de Marzo y Pío Montúfar, en el centro-sur de Guayaquil.

La madrugada del 22 y 23 de Agosto de 2002 se desarrolló un operativo combinado entre agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y civiles (presuntamente funcionarios del Municipio), quienes cercaron con mallas de metal el perímetro del sector a expropiar, circunstancias en que se produjeron varias violaciones a los Derechos Humanos de los moradores por parte de los agentes del orden y civiles armados.

Algunos moradores del sector nos dieron los siguientes testimonios:

“La Policía Municipal golpeó a los moradores, filmó las agresiones que se cometían, procedió a dar disparos al aire y llevarse detenidas a las personas. Los Municipales se metieron a la casa de la familia Asencio y rociaron con gas a toda familia, el señor N.N. decía “disparen y llévense preso a los que más puedan”. Al vecino Alberto Canales le rompieron la cabeza y lo pateaban en el suelo, luego lo lanzaron al balde de la camioneta de “Mas Seguridad”. Otro vecino, Marlon Larosa, le rompieron la ceja izquierda y fue detenido”.
 Jorge Flores

“Comenzaron a taladrar la acera y los vecinos empezaron a alarmarse y a protestar, la Policía Municipal contestó disparando al aire y al suelo y si alguien se acercaba lo apuntaban al cuerpo. Incluso me escondí en casa de un vecino porque fui amenazada con un revolver por un municipal de guayabera blanca, me insultaba y me decía que salga que me iba  matar”.
Josefa Peña

     “El 28 de agosto –días después del operativo- cuando recorría el sector con Freddy Medina fuimos detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal. El Comisario Séptimo Municipal nos juzgó y nos sancionó con 24h00 de prisión y trabajo comunitario. Inmediatamente después, nos embarcaron en un carro de “Más Seguridad” y nos trasladaron al sector de “La Maternidad” en donde un inspector municipal me ordenó soldar las mallas rotas. Luego fuimos trasladados a los calabozos municipales para cumplir con las 24 horas de prisión.
Ab. Geovanny Lituma

Sobre este hecho el CDH, opinó que:
El operativo combinado se desarrolló cuando se encontraba en proceso un Amparo Constitucional que legalmente paralizaba toda acción de la autoridad hasta la resolución del juez.
El operativo se desarrolló de manera sorpresiva en horas de la madrugada y a través de gran despliegue de agentes del orden y maquinaria.
Durante el operativo se hizo uso de excesiva fuerza de parte de los Policías Metropolitanos y agentes de civil vestidos de guayabera contra los moradores, entre ellos mujeres y ancianos.
Se realizaron detenciones arbitrarias durante el operativo como en los días siguientes, violaciones de domicilio, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones.

El 7 de enero del 2003 a los moradores de este sector se les cortó los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y teléfono. Sus viviendas comenzaron a ser demolidas por maquinaria municipal, aun cuando se encontraban habitadas y en pleno curso las acciones de Amparo Constitucional presentados por los afectados.

DETENCION A PERIODISTA


El 11 diciembre de 2002, el reportero Jorge Alvarado y el fotógrafo Alfredo Piedrahita, del equipo periodístico de Diario Expreso, cuando se encontraban en la Av. 9 de Octubre cubriendo un operativo de Policías Metropolitanos para control de canillitas que exhibían permisos para venta de periódicos, fueron agredidos brutalmente por los agentes, siendo detenido Alfredo Piedrahita y embarcado en el camión municipal N° 01 y a Jorge Alvarado le arrebataron la cámara fotográfica.


DETENCIONES ARBITRARIAS; MALTRATOS A MENORES; MALTRATOS A DEFENSORA DE LOS DDHH DE LOS NIÑOS


El miércoles 19 de marzo del 2003, los 5 hermanos Caicedo Quintero, menores de edad entre 9 años y 16 años, beneficiarios del Programa Muchacho Trabajador, PMT, fueron detenidos por elementos de la Policía Metropolitana cuando vendían agua y caramelos, siendo trasladados hasta el Cuartel de la Policía Metropolitana e ingresados en una celda con adultos. Además fue detenido arbitrariamente el padre de los menores, señor Andrés Caicedo, al intentar averiguar sobre el paradero de sus hijos en el cuartel municipal.
 
El 21 de marzo, la Pedagoga Marcia Vernaza M., Educadora del PMT, sufrió maltrato verbal de parte del Ab. Andrés Roche, Director del Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, al solicitarle la inmediata libertad a que tenían derecho los menores en mención, amenazándola con detenerla y siendo desalojada por la fuerza.
 
El CDH señaló ante el señor Alcalde lo siguiente:

Los menores de edad no pueden ser objeto de detención por parte de Agentes Municipales.
El Cuartel de la Policía Metropolitana no es un centro legal de detención, menos aún para ingresar menores de edad.
Los menores de edad bajo ninguna circunstancia pueden permanecer en  celdas con adultos.
El trato recibido por personal del PMT, como organización de Derechos Humanos de la Infancia, fue abusivo, atenta contra la legítima gestión social y vulnera flagrantemente normas de protección para Defensores de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política.
“Nuestro interés de  precisar y discutir algunos lineamientos que permitan adoptar procedimientos que lleven a fortalecer la atención y protección de los D.H. de todos los ciudadanos, tanto en este caso como en otros que pudieran suscitarse, dentro de un marco de respeto al servicio que ofrecemos las distintas organizaciones sociales de la Ciudad”.
El 1 de abril del 2003 dicho funcionario, a pedido del Alcalde, se dirigió al CDH generalizando el caso, como de menores infractores que dañan bienes municipales, “hacen sus necesidades biológicas o se drogan”, señalando su “predisposición para dialogar” sobre este y otros casos y hallar soluciones. El CDH y PMT se encuentran a la espera de que se concrete el diálogo.

Nuestra organización ha recibido denuncias sobre la falta de atención del Director del Departamento de Justicia y Vigilancia  a pedidos de ciudadanos, abogados, y dirigentes sociales que, en ocasiones, han terminado sufriendo insultos y amenazas.

PERSECUCIÓN, DETENCIONES ARBITRARIAS, MALTRATOS A VENDEDORES DE GASEOSAS.

Desde el mes de mayo del 2003 la policía metropolitana empezó a detener a vendedores ambulantes de gaseosas y a clausurar depósitos y despensas, que distribuían ciertas marcas de gaseosas.

  El viernes 16 de mayo del 2003 la Municipalidad de Guayaquil mediante  publicación en diversos medios de comunicación, suscrita por cuatro directores departamentales y bajo el título “PREVENCIONES E INFORMACION MUNICIPAL A LOS QUE VENDEN Y HACEN VENDER COLAS EN LAS CALLES DE GUAYAQUIL” prohibe la venta de 4 marcas de gaseosas producidas en Perú, aduciendo una distribución anormal del producto y motivos de orden y limpieza urbana, e indicando sanciones de $ 40 de multa y 7 días de prisión.

El miércoles 4 de junio del 2003, ciudadanos organizados en la Asociación de Vendedores Ambulantes de Gaseosas acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso Nacional, sede Guayaquil, a una cita, que supuestamente había gestionado dicho organismo con el Ing. Gustavo Zúñiga, Director de Aseo Urbano del Municipio de Guayaquil, con el fin de tratar sobre la problemática derivada de la prohibición para vender, en el sector de Regeneración Urbana, ciertas marcas de gaseosas que no tenían autorización municipal; en esas circunstancias y encontrándose en los bajos del Banco Central, en las calles Pichincha y 9 de octubre, el centro de la ciudad, aproximadamente sesenta miembros de la Asociación fueron rodeados por policías metropolitanos e inspectores municipales, vestidos con guayaberas, quienes habrían insultado y detenido  a catorce asociados. Según versión de los afectados, los metropolitanos rociaron gas lacrimógeno en el rostro y golpearon a varios de los comerciantes, entre hombres y mujeres.

El CDH dirigió una comunicación al Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, solicitando investigar la agresión, sin tener resultados hasta la fecha.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Intendencia General de Policía, “por alterar el orden público”. Al día siguiente, el abogado del CDH, Telmo Jaramillo, gestionó la libertad de los detenidos, lo que fue atendido inmediatamente por la Intendente de Policía, sin embargo al ser presentadas las boletas de libertad ante el Oficial de Guardia del Cuartel de la Policía Metropolitana, aproximadamente a las 09H30, este no quiso recibir las boletas de libertad aduciendo que tenía la orden de trasladar los detenidos a la Penitenciaría; posteriormente alegó que debía recibir una orden del Director del Departamento de Justicia y Vigilancia. El Oficial de Guardia procedió a comunicarse por teléfono con el Municipio y le indicó al abogado del CDH que el Ab. Andrés Roche, Director de Justicia y Vigilancia, quería hablarle sobre la situación de los detenidos.

Cuando el abogado del CDH se acercó al Departamento de Justicia y Vigilancia, el Ab. Andrés Roche, en forma grosera se refirió a los detenidos, manifestando frente al abogado del CDH: “llamen a Alejandro Varas para que me traiga a Candelario, y a los otros dos dirigentes, aquí los voy a amenazar, voy a enseñarles a esos quienes mandamos aquí en Guayaquil”. Ante este comportamiento el abogado del CDH reclamó al Director de Justicia y Vigilancia, quien contestó “salga de aquí, retírese”. Debido a esta situación se acudió a la Intendencia General de Policía y con un funcionario de está entidad se dirigió nuevamente al Cuartel de la Policía Metropolitana a fin de hacer cumplir la orden de libertad. En estas circunstancias tres dirigentes detenidos fueron embarcados en una camioneta y sacados del cuartel, regresándolos en cuarenta y cinco minutos. Aproximadamente a las 13H00 los detenidos empezaron a ser liberados.

DISCRIMINACIÓN A DISCAPACITADOS

El 5 de junio del 2003, treinta y ocho no videntes que durante años han laborado alquilando teléfonos en la Av. 9 Octubre, y en las calles aledañas, denunciaron que por disposición Municipal fueron desalojados de la zona de regeneración urbana por parte de agentes de la Policía Metropolitana.

Según la denuncia, la disposición señala que ningún discapacitado trabaje en dicho sector prestando servicio telefónico puesto que se procederían a instalar cabinas telefónicas. Los denunciantes exigen ser tomados en cuentan para el uso de estas cabinas ajustándose a los requerimientos municipales. El CDH no ha podido confirmar ninguna respuesta favorable a dicha petición.


AGRESION A PERIODISTAS


El 18 de junio del 2003, durante un operativo para el desalojo de comerciantes en el sector de la Cooperativa Pancho Jácome, que movilizó a un centenar de Policías Metropolitanos y agentes de civil sin identificación, el fotógrafo del Diario El Universo, Martín Herrera, fue agredido fuertemente y despojado de su equipo fotográfico por parte de un grupo de Policías Metropolitanos. El equipo fue recuperado inservible horas después.

Durante el operativo fue agredido igualmente Xavier Ruiz, camarógrafo de Ecuavisa a quien un Policía Municipal le roció gas lacrimógeno en el rostro provocándole síntomas de asfixia, e intentaron quitar el equipo fotográfico a Alex Lima, fotógrafo de Diario Expreso. También comerciantes del sector fueron brutalmente agredidos. Todos estos hechos fueron grabados y difundidos por los canales de televisión.

Por estos hechos el Alcalde de Guayaquil sancionó al Policía Metropolitano Andy Figueroa despidiéndolo de su puesto y sancionó administrativamente a Moisés Sandoval.

El diario El Universo el 2 de agosto del 2003 denunció una serie de hechos contra la libertad de información y obstrucciones a la labor periodística por parte de Policías Metropolitanos que aducían falta de autorización, cuando hacían coberturas en lugares públicos regenerados por el Municipio.

REPRESION A MARCHAS DE JUBILADOS

El 18 de julio del 2003, en conmemoración del Día del Jubilado, agentes de la Policía Metropolitana trataron de impedir un desfile de los jubilados que partía de la Av. Olmedo hasta el local de la Casa de la Cultura donde se iba a efectuar una sesión solemne. Los jubilados contaban con el respectivo permiso otorgado por la Intendencia de Policía. Los hechos fueron cubiertos por diversos canales de televisión.

Igualmente el 21 de agosto del 2003, agentes metropolitanos y policiales impidieron el desarrollo de una marcha de 16 asociaciones de jubilados que estaban en contra del proyecto de seguro municipal.

AGRESION A COMERCIANTE

El 10 de octubre de 2003 Rosario Llumitaxi, vendedora informal de espumas de 40 años de edad, fue perseguida por Policías Metropolitanos mientras cruzaba la calle García Aviles y Vélez, lanzada al piso y golpeada, al intentar llevarla detenida la gente del lugar protestó y lo impidió.

INTIMIDACIÓN, DETENCIONES ARBITRARIAS, MALTRATOS A DIRIGENTES SOCIALES

El Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, durante las fiestas julianas de Guayaquil, hizo pública su idea de crear un Seguro Social Solidario para el cantón Guayaquil, como alternativa al actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta propuesta no fue compartida por sectores de jubilados, campesinos y maestros.

El 14 de octubre de 2003, organizaciones de jubilados, profesores y campesinos opuestas al proyecto de crear un Seguro Social Municipal desarrollaron una marcha pacífica que fué fuertemente reprimida por Policías Nacionales, Policías Metropolitanos y sujetos de civil vestidos de guayabera, siendo los metropolitanos y los sujetos de guayabera quienes actuaron con evidente exceso de fuerza, golpeando y arrastrando por la calle a varios dirigentes sociales, quienes fueron heridos y detenidos. La televisión transmitió las imágenes de Antonio Perea, dirigente del Seguro Social Campesino, cuando era pateado en el piso por una persona de civil.

El Gobernador de la Provincia confirmó que fue personal del Municipio quien maltrató a los dirigentes, según apareció en versiones de prensa.

COMENTARIOS GENERALES

El Congreso Nacional en el mes de octubre, por ocasión de las fiestas de independencia de Guayaquil, sesionó en el cabildo municipal, y resolvió declarar a Guayaquil como “ciudad ícono del desarrollo nacional”; sin embargo la mayoría de la población aún se mantiene excluida del acceso a servicios que garanticen elementales condiciones de vida para el desarrollo de su personalidad y de su comunidad, como son la dotación de agua potable, canalización, etc.

El desarrollo de la ciudad no debe estar solamente representado en obras ornamentales sino principalmente en el disfrute de derechos y libertades fundamentales, cuyo respeto y garantía también corresponde al Municipio.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH es consciente de la grave situación de violencia e inseguridad social que azota a la ciudad de Guayaquil y considera oportuno y necesario el equipamiento técnico en el área comunicaciones que han implementado las autoridades provinciales para una acción inmediata con participación de la comunidad dentro del plan llamado "Más Seguridad", sin embargo, opina que la vigencia del Derecho Humano a la seguridad ciudadana debe de satisfacer previamente tres componentes fundamentales:

Implementación de vigorosas políticas sociales contra la pobreza y la desocupación, fomentando la participación ciudadana.
La lucha contra la impunidad ejercida por una administración de justicia diligente, imparcial y transparente que provoque, entre otros resultados, una depuración de malos elementos de la Fuerza Pública y la Policía Metropolitana.
La acción técnica y profesional de la Fuerza Pública contra la delincuencia.
Capacitación permanente a los miembros de la Policía Metropolitana sobre Derechos Humanos, Justicia y Paz Social.

Proponemos a la Alcaldía liderar un proceso de planificación sobre la seguridad ciudadana que involucre la participación amplia de todos los sectores sociales, para lo cual los organismos de Derechos Humanos tenemos propuestas específicas.

El espíritu del presente informe y la filosofía de trabajo del CDH es aportar a mejorar la convivencia ciudadana construida a base del respeto incondicional de los Derechos Humanos de todos y todas.


Guayaquil, noviembre 2003