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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
ANTECEDENTE.-

El 4 de Abril del 2002 la M.I. Municipalidad de Guayaquil hizo la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación de los inmuebles ubicados entre las calles Franco Dávila, Huancavilca, Seis de Marzo y Pío Montúfar”, en el centro-sur de la ciudad de Guayaquil. La orden tuvo el carácter de urgente y de ocupación inmediata en el marco del proyecto denominado “Regeneración Urbana”.

Esta decisión afectó aproximadamente a 81 propietarios, 1500 familias y 70 locales comerciales.

Aproximadamente veinte propietarios de inmuebles deciden interponer, de manera individual, acciones de Amparo Constitucional alegando violación a los Derechos Humanos al debido proceso y a la propiedad.

La madrugada entre el 22 y 23 de Agosto de 2002, desde aproximadamente las 23h00 hasta las 1h00 respectivamente, se desarrolló un operativo combinado entre agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y civil presuntamente funcionarios del Municipio.

Trabajadores municipales usado maquinarias cercaron con mallas de metal el perímetro del sector a expropiar, circunstancias en que se habría producido varias violaciones a los Derechos Humanos de los moradores por parte de los agentes del orden y civiles armados. Fragmentos narrados por las víctimas de estos hechos se recogen a continuación.

LOS HECHOS.-

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH recibió de parte de un grupo de la tercera edad, mujeres moradoras del sector, la denuncia sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos sufridas. Como parte del proceso de documentación del caso, una delegación de nuestra organización acudió al sector y recogió los siguientes testimonios:

  • Señora Mirna Sánchez, Guaranda No.- 1152 y Manabí “Me impresionó fuertemente la forma en que actuaron, parecía una guerra. Entraron en grupo marchando los de “Mas Seguridad” equipados con armas, cascos protectores, chalecos antibalas y gases lacrimógenos en la cintura, atrás de cada grupo venía una cuadrilla de trabajadores del Municipio con tractores y maquinaria de demolición. Cada grupo se dirigía hacia la calle Manabí, uno por Guaranda, otro grupo por 6 de Marzo, otro por Huancavilca y otro por Pío Montufar, cruzándose cada grupo para ir a la calle contraria de donde vinieron. Cuando comenzaron a poner las mallas pensamos que nos iban a desalojar”.

  • Señor Jorge Flores, Pío Montufar # 1025 y Huancavilca: “La Policía Municipal procedió a golpear a los moradores, filmó las agresiones que se cometían, procedió a dar disparos al aire y llevarse detenido a las personas. Los Municipales se metieron a la casa de la familia Asensio y rociaron con gas a toda familia, el señor Roche decía “disparen y llévense preso a los que más puedan”. Al vecino Alberto Canales le rompieron la cabeza y lo pateaban en el suelo, luego lo lanzaron al balde de la camioneta de “Mas Seguridad”. Otro vecino, Marlon Larosa, le rompieron la ceja izquierda y fue detenido. La Policía Nacional estuvo presente pero no intervino.”

  • Señor Arsenio Sánchez, Pío Montúfar # 1015 y Manabí: “Cuando comenzaron a poner la cerca, un grupo de vecinos empezamos a gritar “abajo el desalojo”, fue entonces cuando vino la arremetida de los inspectores municipales que andan con guayaberas blancas y dispararon al transformador de Huancavilca y Pío Montufar, me insultaron y me golpearon con un palo en la pierna izquierda dejándome una herida y me rompieron la cabeza. Los de guayabera blanca daban la orden de golpear y disparar”.

  • Señora Josefa Peña, Guaranda # 344 y Huancavilca: “Comenzaron a taladrar la acera y los vecinos empezaron a alarmarse y a protestar, la Policía Municipal contestó disparando al aire y al suelo y si alguien se acercaba lo apuntaban al cuerpo. Incluso me escondí en casa de un vecino porque fui amenazada con un revolver por un municipal de guayabera blanca, me insultaba y me decía que salga que me iba  matar”.

  • Señora Blanca Ordóñez, Pío Montúfar # 1035 y Huancavilca: “los Vigilantes de la Comisión de Tránsito vinieron a cerrar el tránsito en el sector, le preguntamos lo que sucedía y sólo nos dijeron “vienen a cercar”. Observé que los municipales cogieron a un señor en la esquina de Pió Montufar y Huancavilca y lo golpearon, se cayó al suelo y ahí lo seguían golpeando y se lo llevaron preso”.

  • Señor Manuel Sánchez Balseca, Pío Montufar # 1041 y Huancavilca: “un vecino de la sastrería “Avelino” les increpó , los municipales lo golpearon y se lo llevaron preso. Echaron gases a todos, a las mujeres,  los niños. Mi hermano Leopoldo Sánchez salió a reclamar, lo quisieron coger, corrió pero lo agarraron en la puerta de la casa y lo golpearon, me metí a defenderlo y me golpearon. Mi papá Manuel Sánchez de 84 años quiso defendernos lo golpearon con el tolete. Luego pudimos meternos a la casa y desde afuera nos insultaban y amenazaban. Desde ese día nos amedrentan, que van a venir los tractores a tumbarnos la casa con todas las personas adentro.”

  • Señorita Wendy Cedeño, Huancavilca 1034 y Villavicencio:  “las cuadrillas del Municipio comenzaron a poner las mayas, nos paramos en la acera para que no lo hagan pero ellos siguieron y casi le dañan el pie con el taladro a Henry Rivera.  Nos rociaron gas, me dieron un puñete y a mi tía Martha Marcillo la golpearon y la arrastraron desde la acera a la puerta de la casa, los niños lloraban. Mi abuela Nelly López, dueña de la casa, de 68 años y ciega estaba totalmente aterrada por que se estaba asfixiando con el gas. Los niños han quedado traumados, cuando escuchan alguna sirena de ambulancia piensan que vienen a desalojarnos.”

  • Ab. Geovanny Lituma, de 41 años de edad, Pío Momtúfar # 1019 y Manabí: “El día martes 28 de agosto del 2002 –días después del operativo-, aproximadamente a las 11h45 comenzamos a recorrer con varios periodistas el sector para que constaten que la cantidad de dinero que el Municipio estaba dando no se compadecía con el valor de las viviendas. Entonces escuché a uno de los agentes municipales decir “detengan a esos dos pendejos” refiriéndose a mi amigo Freddy Medina y a mí, cuando sorpresivamente fuimos cerrados por cuatro carros de “Más Seguridad” y se bajaron un grupo de agentes municipales apuntándonos con sus armas al cuerpo. Nos detuvieron, nos metieron a un vehículo de “Más Seguridad” y nos trasladaron a las instalaciones de la Policía Municipal donde un guardia nos dijo “están haciendo fiesta con ustedes”.
    A las 16h00 el Comisario Séptimo Municipal nos juzgó y nos sancionó con 24h00 de prisión y trabajo comunitario.
    Nos embarcaron en un carro de “Más Seguridad” y nos trasladaron al sector de “La Maternidad” en donde un inspector municipal me dijo que el trabajo comunitario consistía en soldar las mallas rotas, le dije que no sabía como hacerlo a lo que me respondió “mire abogado, haga aunque sea el amague que suelda que es simplemente para la foto”, así lo hice y me tomaron la foto que era la prueba de mi trabajo comunitario, luego fuimos trasladados a los calabozos municipales para cumplir con las 24 horas de prisión.
    A raíz de mi detención, Agentes Municipales fueron a mi domicilio con el propósito de llevarse mi vehículo pero los vecinos no lo permitieron y quisieron llevarse presa a mi esposa, no la dejaron dar declaraciones a la prensa, la amenazaban que si salía se la llevarían.”

SITUACIÓN JURÍDICA.-

Como resultado de la declaratoria de expropiación de los inmuebles del sector ubicados entre las calles Franco Dávila, Huancavilca, Seis de Marzo y Pío Montúfar ocurrida el 4 de Abril del 2002, los moradores del sector presentaron aproximadamente 20 Acciones de Amparo de manera individual ante distintos jueces de lo civil de la Corte Superior de Guayaquil, el último de los cuales fue interpuesto el 21 de agosto de 2002.
 
Estos jueces de lo civil han resuelto en la mayoría de los Acciones de Amparo a favor de M.I. Municipalidad de Guayaquil. Por apelación muchos de ellos se encuentran siendo examinados en el Tribunal Constitucional en Quito.

Con relación a los presuntos abusos cometidos en la noche del 22 al 23 de agosto de 2002 en el sector de “La Maternidad” no se ha iniciado ninguna acción judicial.

 
COMENTARIO.-

Frente a los testimonios recogidos, el CDH opina que:

El operativo combinado para la instalación de la cerca en el sector se desarrolló cuando se encontraba en proceso un recurso jurídico que impedía toda acción de la autoridad hasta la resolución del juez.
El operativo se desarrollo de manera sorpresiva en horas de la madrugada y a través de gran despliegue de agentes del orden y maquinaria.
Durante el operativo se hizo uso de excesiva fuerza de parte de los Policías Metropolitanos y agentes de civil vestidos de guayabera contra los moradores, entre ellos mujeres y ancianos.
Se realizaron detenciones arbitraria durante el operativo como en días siguientes, violaciones de domicilio, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones.

Como resultado de estos hechos denunciados el CDH considera que se habrían violado los Derechos Humanos al recurso efectivo que ampare contra violaciones a los derechos fundamentales, al debido proceso judicial ante tribunal independiente e imparcial, a la libre circulación, a la privacidad, a la libertad personal, a la integridad física y psicológica, a la propiedad y a la libertad de opinión y expresión, consagrados en la Constitución Política de la República, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscritos por el Estado.
 
Guayaquil, Septiembre 2002