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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Boletín de Prensa

Guayaquil, 20 de junio de 2008

El CDH comunica que en esta fecha hemos remitido al Presidente de la República y al Alcalde de Guayaquil una carta que contiene el siguiente texto

En relación a los hechos públicos ocurridos el pasado martes 10 de junio en el contexto de la manifestación de comerciantes ambulantes en Guayaquil, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recibió la denuncia de Miguel Salazar Torres padre de Miguel Salazar Haro, quien resulto detenido en esas circunstancias, y de la Federación de Comerciantes Autónomos del Guayas.

Esta documentación se ha juntado a varias notas de prensa y que en conjunto han conducido al CDH a establecer graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por policías metropolitanos y civiles armados que actuaron bajo órdenes de jefes municipales. A continuación algunos hechos relevantes en el caso de Miguel Salazar Haro:

Miguel Salazar Haro, de 40 años con discapacidad mental del 60 %, fue detenido el martes 10 de junio aproximadamente a las 13h00 en las calles 6 de marzo y 10 de agosto luego de que la manifestación de comerciantes ambulantes había concluido en los alrededores del Mercado Central. La detención se ejecutó por policías metropolitanos sin que exista orden judicial ni delito flagrante en curso, fue conducido en el balde de una camioneta “Mas Seguridad” hasta el Palacio Municipal e ingresado a una oficina ubicada en el segundo piso donde se encontraban aproximadamente 10 sujetos no identificados.miguel salarzar hijo

Ellos revisaron sus documentos y encontraron su carnet de afiliación del Partido Alianza País y el carnet del Consejo Nacional para la Discapacidad. Luego procedieron a golpearlo fuertemente, a cubrirle la cabeza con una funda plástica y aplicarle gas lacrimógeno. Aproximadamente a las 16h00 fue conducido en el asiento trasero de una camioneta “Más Seguridad” doble cabina hasta el Cuartel de la Policía Metropolitana en la Av. Menéndez Gilbert donde fue ingresado a un calabozo sin revisar su estado físico ni registrar su condición detenido. En el trayecto recibió también maltratos.

El 11 de junio a las 7h30 Miguel Salazar Torres, denunciante y padre del detenido, acudió al Cuartel de la Policía Metropolitana después que el Alcalde de la ciudad se presentará en los medios de comunicación acusando a su hijo de ser responsable de los disturbios del día anterior.

Salazar Torres conversó con el detenido en su celda y luego se dirigió al Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio en donde le indicaron que en la tarde de ese día podía retirar el informe con la situación legal del detenido. Regreso a las 14h30 y le indicaron que debía acudir nuevamente al Cuartel de la Policía Metropolitana para obtener información sobre los cargos contra su hijo. Al llegar le indicaron que debía esperar al Asistente Legal de la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio, Ab. Francisco Narváez Valdivieso.

A las 16h00 el Ab. Narváez llegó al Cuartel de la Policía Metropolitana y condujo a Salazar Torres a una oficina en la parte superior del edificio central. El Ab. Narvaez le pidió los documentos y escuchó a Salazar Torres. Luego el Ab. Narváez le dijo que no había ningún detenido con esas características en el cuartel y que se retire. Salazar Torres bajó y fue a la celda donde momentos antes había hablado con su hijo y no lo encontró. Los otros detenidos le indicaron que Policías Metropolitanos acababan de sacarlo del cuartel en una camioneta. El detenido fue abandonado cerca la Penitenciaría del Litoral y amenazado de muerte si denunciaba lo ocurrido.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos considera que en el caso de Miguel Salazar Haro se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos como detención arbitraria, maltratos físicos y sicológicos, ingreso a dependencia no regular de detención, no se registró su ingreso en condición de detenido, no se examinó su condición física, se negó su paradero, no se garantizó el debido proceso, amenaza de muerte, discriminación por discapacidad y por su afinidad política.

El caso de Miguel Salazar Haro adquiere una significación mayor al considerar otros elementos que lo rodearon y que pasamos a señalar:

  • La Federación de Comerciantes Autónomos del Guayas y la Federación de Instituciones de Comerciantes Minoristas con fecha 23 y 29 de mayo se han dirigido por escrito al Alcalde de la ciudad para presentarle sus demandas sobre el respeto al derecho al trabajo y propuestas para regularizarlo, sin que hayan tenido respuesta.
  • La marcha efectuada el 10 de junio tuvo como finalidad presentar oficialmente al Alcalde de la ciudad un pedido de audiencia para tratar las demandas de este sector organizado. La marcha se desarrolló pacíficamente hasta llegar a los alrededores del Palacio Municipal.
  • En esas circunstancias, los manifestantes se enfrentaron a civiles sin identificación armados de garrotes y cinturones que obedecían órdenes de jefes municipales y que se movían libremente con tolerancia de la Policía Nacional.
  • Una vez concluida la marcha en los alrededores del Mercado Municipal se produjeron forcejeos y golpes entre metropolitanos y policías nacionales resultando detenido Miguel Salazar Haro y el policía metropolitano Carlos Galarza.


El CDH observa con gran preocupación lo ocurrido el martes 10 de junio,  reconociendo en las demandas de los manifestantes un reclamo legítimo por su Derecho Humano al trabajo que se estaba exigiendo por vías regulares a las autoridades pertinentes. Este hecho se enmarca dentro del contexto de reivindicaciones reconocidas por la Asamblea Constituyente con profundas consecuencias en la vida democrática del Ecuador, frente a lo cual resulta condenable la reaparición de “garroteros” como medio intimidatorio para frenar las demandas sociales de estos derechos colectivos y de libre expresión, reunión y manifestación.

Nuestra organización de manera reiterada ha denunciado las excesivas atribuciones otorgadas a la Policía Metropolitana de Guayaquil, que debe ser considerada, en todo momento, un cuerpo destinado al cuidado de espacios públicos sin ingerencia alguna en tareas antidelictivas o de represión frente a demandas de movimientos sociales.

También hemos insistido en que el deber primordial del Estado democrático debe ser el de garantizar los  Derechos Humanos, conforme lo establece nuestra Constitución, la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales; entre ellos, el derecho  a la manifestación pacifica, especialmente cuando es ejercido por grupos excluidos de la sociedad, sin condicionarlo a trámites que pueden convertirse en discriminatorios. El Municipio es parte del Estado y tiene la misma obligación.

Exigimos que el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil cumplan con sus obligaciones constitucionales y que la Administración de Justicia intervenga para investigar lo ocurrido el martes 10 de junio, sancionar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos, condenar públicamente estos abusos y mientras tanto abrir un espacio de diálogo para que estas demandas tengan las respuestas adecuadas para el bien de la Sociedad, el orden y la paz social.




Ab. Fernando Gutiérrez Vera                                    Lcdo. Billy Navarrete Benavides
       Secretario Ejecutivo                                                      Coordinador