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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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E.A. refugiado colombiano y comerciante informal presentó queja ante la Defensoria del Pueblo, para defender su derecho al trabajo que realiza en una esquina del centro de Guayaquil. Hace una decada llego a Ecuador, huyendo del conflicto en su pais ya que fue víctima de secuestro, encontrando en las ventas ambulantes de juguetes, una forma de mantener a su familia.

 

 

En videos que forman parte del caso, recogidos por el CDH,  aparecen uniformados de la Policia Metropolitana recibiendo dinero de E.A. quien los acusa de pedirle estos "impuestos arbitratios" para permitirle vender en la vía pública.
Desde el 12 de junio hasta el 12 de agosto, se han realizado tres audiencias por este caso en la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la denuncia no se trata de un hecho aislado, el derecho al trabajo se ha visto puesto en entredicho en demandas anteriores, como la interpuesta por un grupo de comerciantes no videntes, a quienes el Municipio decidió censurarles las ventas en la avenida 9 de octubre. El CDH ha realizado un registro sobre los conflictos entre los vendedores informales y los uniformades que recoge una década de malentendidos y abusos hacia una poblacion que hasta el 2005 movilizaba 400.000 dólares diarios. En aras de mantener el orden, las ordenanzas municipales no regulan el comercion informal sino que lo suprimen de las zonas regeneradas, siendo esta forma de comercio, el sustento de miles de familias guayaquileñas y un derecho reconocido nacional e internacionalmente.
Durante la audiencia que se realizó ayer en la DP, Julián Pérez abogado del Servicio Jesuita para Refugiados y representante de E.A. apeló a normativas nacionales como la Constitución  y a tratados internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para defender el derecho al trabajo en sus distintas expresiones.  “Nosotros consideramos que existe una política dentro del Municipio que es atentatoria contra el derecho al trabajo…la ordenanza prohíbe en su artículo 6.2.4 la venta ambulante y todo tipo de comercio informal, es del año 2006 y está vigente” detalló Pérez.

 

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Durante la audiencia, se hizo referencia a la realidad económica que viven las personas refugiadas en Guayaquil: “Aproximadamente el 90% se dedica al trabajo informal, es un dato que nace de la realidad” señaló Diego Bastidas, Oficial de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guayaquil, basándose en el estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO titulado “No se puede ser refugiado para siempre” para realizar tal aseveración.
Los representantes del Municipio y de los uniformados, acusados por E.A,  apelaron a las ordenanzas municipales y al orden de la ciudad. Aseguraron que E.A. puede acercarse al Municipio para obtener un permiso que le permita vender en los mercados municipales. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presentó tres videos en los que aparece E.A. entregando billetes a uniformados de la Policía Metropolitana.
Guayaquil, 12 agosto 2013