El comerciante ambulante José Mauricio Salazar Oleas, de 35 años miembro de la Asociación de Helados Artesanales, el 22 de septiembre del 2015 denunció ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH el maltrato sufrido por agentes de la Policía Metropolitana el 8 de septiembre en las calles Franco Davila entre Santa Elena y 6 de Marzo. Él nos contó:
“Llevo 18 años trabajando en el oficio que heredé de mi familia. Vendo mis helados por fuera del casco comercial en una carreta de 1 metro por 45 cm de acero inoxidable.
El año pasado en las calles Coronel y Maldonado, los metrolitanos me dieron un puñete, me echaron gas y se me llevaron la carreta. La recuperé un mes después pagando una multa de 80 dólares.
El pasado martes 8 de septiembre aproximadamente a las 17h30 me retiraba a casa y me quede viendo el partido de Ecuador y Hondura. Llegaron corriendo dos metropolitanos diciendo que la carreta estaba decomisada y un metropolitano cojiò la tapa de la carreta. Llegó mi hermano a apoyarme y, en el forcejeo, el metropolitano me golpeo con la tapa 4 veces en la cabeza cuando me iba cayendo. Me vieron partido, ensangrentado y salieron corriendo como delincuentes.
Tengo una herida de 10 cm y me cogieron 8 puntos en la cabeza. El medido diagnosticó 18 días de descanso. Estoy por pedir una boleta de amparo para tener una protección por esto que estoy haciendo”.
El caso de Salazar Oleas constituye un nuevo abuso de la policial municipal que se une a la larga lista de graves violaciones a los Derechos Humanos a cargo de la guardia civil, que incluye persecuciòn degradante aplicado de manera recurrente y sistemática contra este sector específico de la población en condiciones de vulnerabilidad. El CDH considera a esta pràctica abusiva de la Policía Metropolitana como la más grave tendencia discriminatoria que afecta a la ciudad de Guayaquil, perturba la convivencia y privilegia el uso de la violencia para fines de orden y limpieza del espacio público.
Consideramos que el Municipio de Guayaquil a través del Concejo Cantonal, debe adecuar el “Reglamento que regula las condiciones para el control y destino de bienes que ocupan espacios de uso público sin el correspondiente uso municipal, retirados temporalmente por el personal autorizado de la Municipalidad dentro del Cantón Guayaquil” para que guarde concordancia con la Constitución, específicamente en los artículos 323 y 325 que prohíben toda forma de confiscación y establecen el reconocimiento por parte del Estado -al que pertenece el Municipio de Guayaquil- de todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas.
La supervivencia de los más pobres y su derecho al trabajo no puede supeditarse exclusivamente a lecturas securitistas que revelan una visión estrecha del Derecho a la Ciudad, el Hábitat y el disfrute del espacio público. Los comerciantes informales contribuyen a la población económicamente activa y de su trabajo dependen miles de niños y niñas ecuatorianos.
Solicitamos al Municipio de Guayaquil y a la Gobernación del Guayas una audiencia para exponer los siguientes puntos:
- Actualización de la ordenanza en concordancia con la Constitución del Ecuador.
- Realización de un censo de comerciantes autónomos, prestando especial atención a los grupos de atención prioritaria.
- Fortalecimiento de organizaciones de comerciantes ambulantes -según oficios y sectores urbanos- que permita ampliar base de interlocución con instancias del Estado y canalizar procesos de capacitación y regularización de su actividad.
- Establecimiento de espacios seguros y ordenados para el comercio informal en las zonas regeneradas, considerando la participación técnica de las universidades en el diseño de este plan.
- Establecimiento de campaña interinstitucional para promover el reciclaje como política pública en Guayaquil, fortaleciendo el trabajo que realiza empresas privadas con este fin.
Guayaquil, 24 septiembre del 2015
Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH