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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

YasunB

Foto CDH: Manifestación contra explotación petrolera en parque Yasuni - Guayaquil, 19 agosto 2013

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH expresa su preocupación por recientes hechos que han generado alarma en diversos colectivos ciudadanos debido a la afectación a Derechos Humanos consagrados primordialmente en la actual Constitución de la República.

 


La sentencia al dirigente indígena José Acacho por ejercer libertad de manifestación contra la Ley de Aguas; la amenaza de negar cupo en colegios fiscales a estudiantes que protesten contra el Gobierno; la orden de explotación petrolera en áreas de reservas naturales donde habitan pueblos en aislamiento voluntario; la represión a manifestantes ecologistas con armas no autorizadas, el anuncio de restricciones a labor periodística en áreas protegidas en la Amazonía; acusaciones públicas e infundadas en contra del cantautor y militante de Derechos Humanos Jaime Guevara que incluye un parte policial falso, el carácter represivo y castigador de algunas disposiciones del Proyecto de Código Penal, las reformas restrictivas de los ya golpeados derechos de los trabajadores en el proyecto de Código Laboral, los continuos ataques a comunicadores sociales, la persecución a luchadores sociales y a sindicalistas (caso Ingenio EQ2, antes AZTRA), mientras involucrados en sonados escándalos gozan de libertad, configuran una aguda coyuntura donde lamentablemente está prevaleciendo la intolerancia desde el Estado.
Progresivamente vemos estrecharse las vías del diálogo del Gobierno con sectores sociales que reclaman la vigencia de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Vemos el aumento de la violencia verbal y estigmatización desde el poder contra ciudadanos que natural y sencillamente se manifiestan opuestos a la gestión gubernamental. Consideramos que el agravamiento de estas expresiones no contribuye a generar un acuerdo social sino todo lo contrario.
Estos y otros hechos recientes, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre el sendero que transitamos, especialmente debe provocar en el Gobierno Nacional una revisión exhaustiva de sus mecanismos para el manejo de las contradicciones sociales, comunes en cualquier sociedad democrática, evitando la generación un clima de confrontación política que provoque temor y desconcierto.
Es deber de todos, pero principalmente de quienes dirigen el Estado sustentar con sus acciones la vigencia de un clima político y social claramente democrático, basado en el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de las libertades públicas. Exhortamos firmemente a quienes tienen la responsabilidad constitucional y moral de hacerlo, y a todos los actores políticos y sociales, a que cumplan con este deber para con la Nación Ecuatoriana.
Guayaquil, 4 septiembre 2013