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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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por Julio César Roca De Castro
Tomado del Diario El Universo
Domingo, 27 de marzo, 2016

Stéphane Hessel, miembro de la Resistencia Francesa, torturado e internado por los nazis en un campo de concentración, el último superviviente que quedaba de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de origen judío, dice en su corta gran obra “Indignaos”, que los habitantes de la pequeña ciudad de Bil’in en Cisjordania, van al muro levantado por los israelís y protestan, sin lanzar piedras, contra la ocupación. Las autoridades ocupantes han calificado esa marcha de “terrorismo no violento”. Centenares de menores de edad palestinos guardan prisión en sus cárceles, entre ellos una niña de 12 años. Seguramente son también terroristas a los ojos de los indignos descendientes de las víctimas de la barbarie del holocausto.

 

Amnistía Internacional, la organización defensora de los derechos humanos, ha señalado que en algunos países de América Latina, es creciente la utilización indebida del Derecho Penal para criminalizar a defensores de derechos humanos, en represalia por lo que hacen. La CIDH y la Corte Interamericana, han manifestado su preocupación por las investigaciones y querellas sin fundamento, para amedrentar a los defensores y paralizar su trabajo, por tener que dedicarse a defenderse.

La Corte conoció por ejemplo un caso de denuncia de violación de derechos humanos contra dirigentes mapuches de Chile, en base a una ilegítima y mal interpretada ley antiterrorista de la era del dictador luciferino Pinochet. Y declaró la responsabilidad del Estado en tales violaciones.

También en estos últimos años se ha aplicado en Ecuador, primero una ley penal heredada y después una propia, para castigar a personas que han cuestionado las políticas gubernamentales. AI, a la que no podría identificarse con la oposición política, ha señalado algunos casos: El de Javier Ramírez, dirigente rural de Imbabura, viejo luchador por la tierra, que se opuso a un proyecto minero conjunto entre una empresa ecuatoriana y otra chilena, por el impacto en el entorno y el uso del agua. Estuvo detenido diez meses, acusado de atacar a una delegación de la compañía ecuatoriana, bloquear el paso a su vehículo, golpear al conductor y arrojar una piedra a su parabrisas. No participó en ello. El tipo penal del terrorismo exige que la intención del autor sea de causar terror de la población. Parece que los jueces interpretaron que era terror el infundido a que fracase el negocio. Otro caso es el del Presidente de Federación Shuar, José Acacho González, condenado con otro dirigente a 12 años de prisión por “terrorismo organizado”. Protestaban por el proyecto de Ley de Aguas. Esperan que la Corte Nacional de Justicia anule la sentencia.

La ex presidenta de la UNE, Mery Zamora, inicialmente fue condenada a purgar 8 años de reclusión por sabotaje y terrorismo, por haber incitado a los alumnos de un colegio de Guayaquil, a salir a las calles a protestar contra el gobierno el 30 de Septiembre de 2010. La acusación: interrumpir la educación de los alumnos, para producir alarma colectiva. Como el criterio jurídico no fue compartido por los jueces del máximo tribunal de justicia, se dejó sin efecto el fallo y el terrorismo contra los jueces empezó a funcionar: El Consejo de la Judicatura inició un sumario contra el juez ponente y con otra jueza de la Sala fueron evaluados con baja nota, así que en la renovación dejaron los puestos y la tercera jueza renunció. La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso propuesto por el Fiscal General.

 

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Los diez jóvenes de Luluncoto recibieron también sus dosis. Los sorprendieron con graves instrumentos terroristas: camisetas del Ché Guevara, banderas sandinistas, pasamontañas. Se realizaron allanamientos a sus moradas y por tentativa de terrorismo fueron condenados. No han de haber sido tan fieros los leones, que la condena fue a un año de prisión. Esperan que la Corte Nacional resuelva su recurso de anulación de la sentencia.

En la Comuna de San Pablo de Amalí de la provincia de Bolívar, desde la década inmediata anterior, comuneros han disputado la construcción de una hidroeléctrica privada, por la amenaza de inundación del poblado debido al desvío del río Dulce Pampa, habiéndose ya inundado el de San José de El Tambo, según la organización de derechos humanos INREDH. Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron inculpados de terrorismo por dicha disputa, habiéndose contratado la construcción al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para obtener el apoyo armado frente a la resistencia de la comuna. No participaron en las agresiones acusadas, pero fueron llamados a juicio y por la presión ciudadana después se los absolvió.

A la fundación ecológica Pachamama, que había denunciado las fechorías de Chevron, se la disolvió con cargos falsos, por oponerse a la explotación del Yasuní. Al cantautor Jaime Guevara se le forjó un parte policial espurio de que estaba drogado y ebrio y se lo agravió desde las altas esferas, una y otra vez, por mostrar el dedo obsceno a la caravana presidencial. A Manuela Picq se le revocó la visa por marchar en las protestas contra el gobierno nacional. A los estudiantes que protestaban en las calles por el tema del Yasuní también, se los amenazó con cancelarles la matrícula. A comportarse bien todos y hacer lo que nos toca según los designios del gobierno. Y la Constitución proclama que los ciudadanos tenemos el derecho a la libre expresión.

Ciertamente que algunos protestantes se exceden y golpean a los policías, que dan la cara, pero no son terroristas. Terrorista es el Estado cuando reprime, amenaza y enjuicia, sin razón.

 

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