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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

cubanos

Foto Diario El Universo

Entre las 2:30 y 3:00 de la madrugada del día de hoy 6 de julio de 2016, la Policía Nacional del Ecuador ha ejecutado un desalojo por control migratorio de manera violenta y sin previo aviso, al campamento de personas cubanas y ecuatorianas que se encontraban en el Parque El Arbolito al norte de  la ciudad de Quito.

 


Alegando que se trataba de un control migratorio, un desmedido operativo policial, incluyendo a grupos de fuerzas especiales y vehículos antimotines, desalojaron a las personas sin ningún aviso previo, en horas de la madrugada, obligando  a salir de las carpas donde pernoctaban, y confiscando todos sus bienes (carpas, cobijas, enseres para alimentación, ropa, documentos de indentidad y pasaportes).


Varias personas denunciaron haber sido agredidas física, sicológica y sexualmente. A partir de ese momento un grupo de personas fueron detenidas, tanto personas en situación regular e irregular,  y al menos cinco buses los sacaron fuera del parque para trasladarlos a centros de detención.


Un grupo de las personas detenidas fue trasladado a la Unidad de Flagrancia ubicada en la 9 de octubre y Patria.  Según un conteo preliminar más de 145  personas se encuentran detenidas en dicha Unidad. Solo a partir de las 11:00am,  abogados defensores de derechos humanos pudieron entrar para tener contacto con las personas detenidas e iniciar su representación judicial.


De la información recopilada preliminarmente se sabe que cuatro menores de edad (de 3, 4, 10 y 11 años de edad) y un adolescente hacen parte del grupo de personas detenidas, y que permanecen arbitrariamente privados de libertad en dicha unidad de flagrancia.  Se ha informado, que  ninguno de esos menores de edad han injerido alimentos  desde el momento de su detención. El adolescente detenido tiene su brazo fracturado resultado de la violencia del desalojo.


Estos hechos se suman al violento desalojo ocurrido el día 26 de junio de este año en los exteriores de la embajada de México. Es relevante mencionar que el campamento de El Arbolito tenía permiso hasta el día sábado 9 de julio de 2016 (período que podía ser prorrogado ante las autoridades municipales) y sin embargo, la autoridad los desalojó violentamente. Consecuentemente,  aproximadamente 400  personas no tienen donde pernoctar a partir de esta noche.


Denunciamos públicamente estos hechos que vulneran no sólo el debido proceso, sino varios estándares internacionales y constitucionales para la protección de derechos humanos de las personas migrantes:
Ningún desalojo puede ocurrir en horas de la madrugada, sin previo aviso, más aún cuando se produce vulnerando el permiso municipal que tenían para permanecer en ese lugar.
La integridad física y sicológica de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos que han sido violentados y detenidos de manera arbitraria.
Detención arbitraria en una unidad penal pese a que el Ministro del Interior ha dicho públicamente que se trata de un asunto migratorio.
Detención arbitraria en tanto hay personas en situación regular detenidas.
Si se tratase de un asunto migratorio denunciamos el riesgo de que se ejecute una deportación colectiva prohibida constitucionalmente.
Si se tratase de un delito penal, se menciona que nunca se les leyeron sus derechos al momento de la detención.
Desde que ingresaron en flagrancia y hasta las 11:00 horas aproximadamente permanecieron incomunicados sin posibilidad de contactar con sus abogados ni familiares.
La detención de niñas, niños y adolescentes en una unidad penal es arbitraria y violatoria de derechos humanos.
La detención de personas irregulares en una unidad penal así mismo contradice los estándares nacionales e internacionales que prohíben que asuntos migratorios sean procesados penalmente.
El derecho a la familia dado que algunas personas cubanas tiene vínculos familiares con personas ecuatorianas.
Se denuncia que se desconoce el paradero actual del adolescente herido.
El Derecho a la propiedad de los bienes y documentos de viaje que fueron expropiados durante el desalojo.

 

Finalmente, denunciamos que el gobierno ecuatoriano es responsable por todas estas violaciones a derechos humanos, más aún cuando la Constitución garantiza los mismos derechos a las personas ecuatorianas y extranjeras, que ninguna persona puede ser considerada ilegal por su condición migratoria, que garantiza la protección a personas en situación de vulnerabilidad, el derecho a la libre movilidad y sobre todo la Ciudadanía Universal.


Los hecho acontecidos en la madrugada de hoy, constituyen un atentado contra los derechos de las personas en movilidad humana en Ecuador. La situación de este grupo de personas, que enfrentan una crítica situación en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, hace más grave aún el operativo militar de desalojo. Por todo lo anterior, denunciamos la detención arbitraria y la violación al debido proceso que está ocurriendo.


Firman de Defensores de Derechos Humanos de Migrantes que acompañan a detenidos.

se adhieren:

Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
MIREDES Internacional

 

otro pronunciamiento:

 

Pronunciamiento en contra de las detenciones y deportaciones arbitrarias en contra de migrantes cubanos en Ecuador

El miércoles 6 de julio de 2016, durante la madrugada, un operativo policial de control migratorio desalojó de manera arbitraria y violenta a ciudadanos cubanos y ecuatorianos que acampaban en el parque El Arbolito, en la ciudad de Quito, Ecuador. Tras el desalojo, la Policía Nacional ecuatoriana detuvo a 150 personas, entre niños, niñas, adolescentes y adultos, quienes fueron trasladados a centros de detención. De este grupo de detenidos, 35 personas cubanas fueron deportadas el sábado 9 de julio, en horas de la madrugada, aunque sus procesos de deportación no habían concluido. Treinta y cinco personas más están en el aeropuerto de Tababela esperando otra deportación colectiva.

 
Ante las múltiples violaciones a los derechos humanos y el irrespeto al debido proceso que se cometió durante el desalojo y la posterior detención y deportación de los y las migrantes cubanas, académicos/as del país, investigadora/es en los temas de migración, defensora/es de los derechos humanos y activistas expresamos públicamente nuestro rechazo a estas medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano.   

 
Denunciamos los siguientes hechos:


1.     Ningún desalojo puede ocurrir en horas de la madrugada, sin previo aviso, más aún cuando se produce vulnerando el permiso municipal que tenían para permanecer en ese lugar.

 
2.     La detención arbitraria y violación de la integridad física y psicológica de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos.

 
3.     La detención arbitraria en una unidad penal pese a que el Ministro del Interior ha dicho públicamente que se trata de un asunto migratorio.

 
4.     La detención arbitraria en tanto hay personas en situación regular detenidas.

 
5.     Si se tratase de un asunto de “control migratorio”, denunciamos el riesgo de que se ejecute una deportación colectiva prohibida constitucionalmente.

 
6.     La detención de personas irregulares en una unidad penal contradice los estándares nacionales e internacionales que prohíben que asuntos migratorios sean procesados penalmente.

 
7.     La violación del derecho a la propiedad de los bienes y documentos de viaje, puesto que fueron expropiados durante el desalojo.

 
8.     El incumplimiento del plazo legal de 24 horas para resolver la solitud de habeas corpus, la misma que se presentó el jueves 6 de julio y recién se resolverá el martes 12 de julio.

 
9.     La violación del debido proceso en las deportaciones ejecutadas y en espera, ya que los abogados de las personas afectadas no fueron notificados de las sentencias y por tanto no pudieron hacer uso de su derecho a la impugnación.

 
Además, expresamos nuestra preocupación pues sostenemos que esto no constituye un hecho aislado, sino la evidencia de la política migratoria que efectivamente está implementando el Estado ecuatoriano, particularmente en contra de la población extranjera que reside y circula por el país. Antecedentes inmediatos de este modelo de política migratoria vigente en el Ecuador, se muestran en los siguientes hechos:

    A partir de finales de noviembre de 2015 el gobierno ecuatoriano restableció el requisito de visa de turismo para ciudadanos cubanos, el que se había eliminado en el año 2008 como parte de una política migratoria que pretendía establecer el principio de ciudadanía universal.

    El 26 de junio de 2016 se ejecutó el violento desalojo de un grupo de personas de nacionalidad cubana que permanecían en los exteriores de la embajada de México en Quito, con el fin de pedir visas humanitarias al gobierno mexicano para trasladarse hacia ese país.

    En Ecuador existen centros de detención para extranjeros en proceso de deportación, que no se reconocen como tales. Así sucede con el “Hotel” Carrión, a cargo del Ministerio del Interior, que es considerado oficialmente como un “albergue”.

    Además de estas muestras de endurecimiento de la política migratoria, se puede mencionar otras como la exigencia de carta de invitación a personas de origen cubano como requisito para otorgar la visa, las trabas impuestas para la legalización de títulos académicos de migrantes cubanos/as en busca de trabajo profesional, y el costo desproporcionado de la visa para personas de origen cubano.


Estos antecedentes ponen de manifiesto la incoherencia en las acciones del Estado ecuatoriano, frente a lo establecido por la Constitución Política del Ecuador, donde se garantiza el respeto a los derechos humanos de personas extranjeras, se establece el principio de no discriminación por condición migratoria, se garantiza la protección a personas en situación de vulnerabilidad (incluyendo a migrantes), el derecho a la libre movilidad y la ciudadanía universal.

Por estas razones, expresamos también nuestra preocupación ante la posibilidad de que en el Ecuador se instaure una política migratoria basada en la criminalización, la persecución, la deportación y la detención, con el consecuente riesgo que ello implicaría para personas extranjeras de diversas nacionalidades que en la actualidad residen en el país o transitan por su territorio.

Finalmente, exigimos una respuesta clara de las autoridades ecuatorianas, especialmente del Viceministerio de Movilidad Humana, adscrito a la Cancillería del Ecuador, así como exigimos respeto y cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución y los estándares internacionales para la protección de derechos humanos de los y las migrantes.

Firmamos,

Francisco Hurtado
Javier Arcentales
Daniela Peralta
Giovanna Tipán
Paola Moreno
Juan Pablo Albán
Marcela Moscoso
Gabriela Cevallos
Soledad Alvarez Velasco
Gioconda Herrera
Martha Cecilia Ruiz
María Patricia Ramos
María Mercedes Eguiguren
Lucía Pérez
Iréri Ceja
Mónica Salmon
Gabriela Alvarado
Guadalupe Yapud
Andree Menard,
Laura Isabel Suarez
Laura Lozano León
Lidia García
Daniela Celleri
Carmen Gómez
Soledad Coloma
María Isabel Moncayo
Andrea Aguirre
Cristina Vega
Miriam Paredes
Lisset Coba
Cristina Cielo
Soledad Varea
Luis Túpac-Yupanqui
Danilo Manzano
Alex Valle
Billy Navarrete