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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Fotos de Vicente "Vicho" Gaibor

 

En marzo del 2016 las 350 familias que habitan en los bloques de departamentos conocido como “Casas Colectivas de Gómez Rendón” en Guayaquil, súbitamente conocieron por los medios de comunicación las declaraciones del Gobernador de la Provincia que anunciaban la intervención integral en el complejo. Es decir, la demolición o remodelación del lugar para levantar un centro de salud.

Desde ese entonces, la directiva de inquilinos ha exigido formal y públicamente que las familias sean tomadas en cuenta en el plan de intervención, que se proteja a las personas de atención prioritaria, que se evite desalojo forzoso y que se reconozca el Derecho Humano a la seguridad de tenencia. Paralelamente sectores de la academia, artistas y arquitectos han solicitado que se reconozca el valor histórico, cultural y arquitectónico del complejo que data de la década del 50, el primero en su tipo en el país.

 

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Los inquilinos de las Colectivas de Gómez Rendón reconocen los problemas y el largo abandono que sufre el complejo habitacional de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IEES por carecer de programas de regularización de ocupaciones, fortalecimiento comunitario y mejoras al hábitat. El IEES hace varios años dejó de cobrar las pensiones a los inquilinos, no dio seguimiento a la acción de la directiva de moradores y no brindó mantenimiento a los espacios comunales.

La noche del 9 de mayo del 2016 estudiantes de la carrera de Administración Ingeniería en Marketing de la Universidad de Guayaquil realizaron censo psicosocial sin previo aviso a los moradores del sitio. Según el Gobernador de la Provincia, el censo realizado es la pieza técnica central para acceder a reubicación.

 

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El 29 de junio de 2016 el CDH fue convocado por funcionario del Área de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Gobernación de la Provincia a audiencia sobre las Casas Colectivas en respuesta a pedido hecho por la organización el 12 de abril. Los funcionarios manifestaron que la orden de demolición del complejo está en curso para levantar hospital público especializado en diálisis, que a la reubicación solo podrán acceder las familias censadas previo pago de sus deudas acumuladas y que, con esa condición, puedan calificar al Plan Habitacional Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil.

Frente a lo documentado, el CDH señala lo siguiente:

Las actuales condiciones de ocupación irregular y deterioro físico del lugar se debe principalmente a la falta de atención y acompañamiento de la entidad propietaria del complejo.

No hay justificación para tratar el caso de las Casas Colectivas desde una perspectiva antidelictiva y de seguridad ciudadana. Esta óptica discriminatoria y arbitraria resulta absurda como argumento único para que se ordene su desalojo y demolición.

Los problemas de hábitat y los hechos delictivos merecen tratamiento diferenciado, selectivo y a cargo de entidades competentes.

La autoridad provincial no ha mostrado públicamente evidencia técnica de la necesidad social de hospital especializado en diálisis en el sitio.

El censo psicosocial realizado, pieza central en la intervención gubernamental, está incompleto por haberse realizado de forma sorpresiva. La directiva señaló que hay familias que no fueron entrevistadass.


Por tratarse de afectación a Derechos Humanos, todos los inquilinos deben de gozar en todo momento, durante el proceso de intervención, de garantías al debido proceso, en especial el derechos a la defensa y participación a través de su directiva.

El trabajo de entidades públicas debe proteger incondicionalmente a personas que requieren atención prioritaria y a familias tradicionales del complejo, que ahora incluyen al menos a tres generaciones que habitan el lugar. Es decir, no cabe requerimiento económico o pago de deuda para garantizarles acceso a vivienda segura a estas familias.

La reubicación a Socio Vivienda 2 es contraproducente debido a graves problemas sociales que sufre ese sector y que reclama reformulación profunda y urgente para evitar estallido social en ciernes. Constituiría un agravante al tratamiento del caso de las Casas Colectivas por representar, a fin de cuentas, un castigo a estas familias y disminuir sus medios de vida.

Recordamos que el desalojo debe ser siempre la última opción y siempre debe incluir Plan de Contingencia público y en acuerdo exhaustivo con familias reubicadas.

Somos testigos de un numeroso grupo de familias convencido, unido y entusiasmado por recuperar el lugar donde han nacido varias generaciones y alberga a otras familias que no tienen dónde ir, entre ellas solicitantes de refugio, muchos niños y adultos mayores.

En esta coyuntura, la nueva directiva de inquilinos ha dado pasos firmes para recuperar las Casas Colectivas y ya hay evidencia de trabajos de apoyo mutuo entre inquilinos y colectivos externos por mejorar el sector a través de la acción social y cultural. Así nace la iniciativa "Murales en los Patios de las Casas Colectivas".

 

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Murales en los Patios de las Casas Colectivas consiste en:

Convocar a muralistas de la ciudad que voluntariamente diseñen propuestas pictóricas para intervenir los patios contando con la participación protagónica de los inquilinos en todo el proceso artístico.

Valorar los patios de las casa colectivas como espacios únicos en su tipo con virtudes por rescatar y generadores del desarrollo de la vida en comunidad de sus habitantes.
    
Generar proceso de transformación del espacio para incidir en el cambio de sus habitantes y en la percepción adversa extendida en la ciudadanía y las autoridades.

Este es un proceso participativo de acción ciudadana por el rescate de barrio emblemático de la ciudad. Anímate y #ApoyaCasasColectivas.

Guayaquil, 29 agosto 2016

Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH

 

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