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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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La Mesa de Movilidad Humana Región Costa MMH-RC realizó en Guayaquil un taller sobre la implementación del Acuerdo de Paz del Conflicto Colombiano el sábado 4 de marzo de 2017 en la Defensoría del Pueblo con la participación de 20 personas refugiadas y solicitantes de asilo de varios sectores de Guayaquil, otros cantones del Guayas y de Santa Elena. El taller desarrollo los ejes: 1. Derechos de las Víctimas, 2. Construcción de Paz (Acuerdos de Paz con las FARC-EP, Ley de Víctimas y Diálogos con ELN), 3. Retorno, 4. Integración local.

Además de Guayaquil, se desarrollaron simultáneamente en Quito, San Lorenzo y Santo Domingo. También se realizaron posteriormente en Lago Agrio, Tulcán y Cuenca como acciones preparatorias del Encuentro Nacional y del Encuentro Regional de Refugiados/as, Exiliados/as y/o Víctimas del conflicto interno colombiano en el exterior programados para mayo del 2017 por el proceso de incidencia del GAR PAB.

El Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil es una iniciativa de más de 40 organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe que trabaja para articular e impulsar el seguimiento y la implementación del Plan de Acción Brasil.

 

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Desde el año 2016, las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador han impulsado trabajo en conjunto para el seguimiento del Plan de Acción Brasil conformando el Grupo Articulador Ecuador, GAE. Las organizaciones del Ecuador que participan en este espacio son: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Punto Focal del GAE), Misión Scalabriniana, SJR-Ecuador, AAE, HIAS, NRC, RET, FIV.

Antecedentes

El Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GAR-PAB) en el desarrollo de sus acciones y atendiendo sus objetivos de seguimiento a la implementación del PAB identificó que una de sus prioridades era la Protección Internacional y la materialización de los derechos de las víctimas en la región, especialmente las colombianas, teniendo en cuenta el trascendental momento que se vive en este país a propósito de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La implementación de los acuerdos abre nuevas posibilidades en la búsqueda de soluciones estables y duraderas y en el acceso a derechos de las víctimas. Sin embargo el contexto político polarizado, la continuidad de la acción armada de otros actores y la vulneración sostenida de Derechos Humanos a líderes sociales, evidencian la complejidad del proceso naciente de construcción de la paz. Un acompañamiento responsable de la sociedad civil debe entender que ni están dadas las condiciones para que cese la protección humanitaria internacional sobre los y las colombianas refugiadas, ni pueden desconocerse las posibilidades para avanzar en la realización de los Derechos de las víctimas y la construcción de la paz.

Construir la verdad, reparar a las víctimas y evitar la repetición de las graves vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario producidas en el marco del conflicto colombiano, no debe ser un objeto transaccional de diferentes sectores políticos, es por el contrario un fin y una obligación de todo Estado democrático.

 

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La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y restitución de tierras, significó un reconocimiento institucional más amplio de la existencia del conflicto interno colombiano y en tal medida determinó responsabilidades al Estado colombiano en materia de atención y reparación integral a las víctimas.

La manifestación compartida que las víctimas estén en el centro de los acuerdos abre escenarios de acción y tensión política. La exigencia de una pronta implementación y la participación en el diseño, ejecución y verificación de lo acordado constituye el mejor escenario para favorecer la realización de los derechos de las víctimas.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Interno y la Construcción de una Paz Estable y Duradera establece como uno de los principios en el punto Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, La participación de las víctimas: La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos. (Acuerdo Final 12.11.2016; pp. 124)

A lo largo del texto de los acuerdos se reitera la necesidad de promover la más amplia participación de las víctimas, no sólo desde los mecanismos existentes, sino ampliados a las víctimas hasta ahora excluidas del registro, nuevas organizaciones de víctimas y de Defensores/as de Derechos Humanos, como se puede leer en el punto 5.1.3.7 “Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas” .

El ajuste normativo a la ley 1448/2011, está contemplado entre las prioridades del primer año de implementación. No están sin embargo definidos los mecanismos de participación de las víctimas en éste proceso. La reciente reglamentación por parte de la Unidad para las Víctimas del mecanismo de participación de las víctimas en el exterior – Resolución 01282 de noviembre de 2016 – con dos delegados de las víctimas en el exterior en la Mesa Nacional, es apenas una solución formalista que difícilmente podrá dar cuenta de la situación de las víctimas en el exterior de forma representativa. No es aceptable que luego de más de 5 años desde la sanción de la ley se mantenga la exclusión de las víctimas en procesos de participación, en la actual coyuntura, se pretenda que éste mecanismo sea el camino de incidencia en la implementación de los acuerdos.

Fragmento tomado de texto del GARPAB

Guayaquil 4 de marzo de 2017

 

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