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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 

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ENCUENTRO NACIONAL DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Guayaquil, agosto 8 y 9 del 2014

 

Antecedentes

En el marco del Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, convocado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU), 29 organizaciones sociales y organismos de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, provenientes de seis provincias del país, una organización de refugiados y una organización regional de derechos humanos, reunidos en la ciudad de Guayaquil, los días viernes 8 y sábado 9 de agosto del 2014, con el propósito de analizar, reflexionar e identificar acciones conjuntas para la promoción y la defensa de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, culturales, económicos, ambientales, colectivos, y derechos de la naturaleza, en un contexto social y político complejo y, en múltiples ocasiones, contradictorio, que somete a prueba el proceso de construcción de un “Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y laico”, expresamos:

 

 

 

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Derecho a la Tierra y a la Vivienda Digna

1.- Nuestra preocupación por la persistencia de las violaciones a los derechos a la tierra y a la vivienda digna, consagrados en las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, entre aquellas, los “desalojos forzosos”, la persecución a los dirigentes sociales, la impunidad en el asesinato de dirigentes campesinos, la persistencia de los conflictos de tierra a nivel urbano y rural, los evidentes vínculos de los traficantes de tierras con sectores políticos, las limitaciones reales para el acceso a la vivienda de las y los refugiados, la violación a las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica, y la creación de una institucionalidad, como la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, que vulneraría los derechos a la tierra y a la vivienda digna, ahondando las tensiones y conflictos sociales.

Derecho a la participación ciudadana, a la libertad de asociación y de expresión

2.- Nuestra consternación por el mantenimiento de procesos judiciales que imputan a dirigentes sociales invocando tipos penales, como terrorismo y sabotaje, que contradicen los tratados internacionales de derechos humanos, así como la elaboración y expedición de normas jurídicas que sobredimensionan las respuestas penales e institucionalizan nuevos mecanismos de control y represión social, asignan funciones policiales a las Fuerzas Armadas y criminalizan la protesta social. Del mismo modo, la atribución de funciones y competencias de regulación y control de las organizaciones sociales, a través de normas secundarias de menor jerarquía que la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos. Inquieta, además, la estigmatición de las organizaciones sociales y defensoras y defensores de derechos humanos que hacen uso legítimo de las garantías constitucionales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en el Sistema Universal.

3.- Nuestra inquietud ante la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), entre cuyas prácticas surge la descalificación a periodistas y comunicadores sociales, y la negativa a proporcionarles información oficial, así como la necesidad que se promuevan ampliamente los mecanismos de acceso a la información, por parte de la ciudadanía. También expresamos nuestra preocupación por la declaratoria de la comunicación como servicio público y no exclusivamente como un derecho reconocido por la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos. Reconocemos el derecho fundamental a la intimidad personal del ciudadano, especialmente en circunstancias de vulnerabilidad y prevenciòn de posible trato discriminatorio.

Derecho a la movilidad humana y el refugio

4.- Nuestra inquietud por los avances limitados y, en algunos casos, retrocesos de la política migratoria que se evidencian en el mantenimiento de la dispersión institucional, la vigencia de leyes anacrónicas en materia de migración y extranjería, la duplicación de esfuerzos y recursos de la institucionalidad pública, las respuestas limitadas a la grave situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, el retroceso normativo en materia de derechos de las y los refugiados, las insuficientes respuestas estatales frente a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y la inexistencia de una Ley Orgánica Integral sobre Movilidad Humana y Refugio.

Derecho a la vida, integridad personal e igualdad ante la ley

5.- Nuestra alarma por la grave situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y el proceso judicial en contra de indígenas huaorani acusados de genocidio, y la inexistencia de una política pública integral y armonizada con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador.

6.- De igual manera, llama nuestra atención la situación del sistema penitenciario en el país, y la de las personas privadas de libertad y sus familiares, así como nuestra preocupación por el “modelo penitenciario”, que ha sido adoptado e impuesto en el país, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de manera independiente a la obligación del Estado de asignar recursos económicos para la infraestructura penitenciaria. Un “modelo penitenciario” de carácter enajenante, en el cual persisten los “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, que atenta contra el tejido social, que no considera las relaciones familiares de las personas privadas de libertad, muchas de ellas de origen extranjero.

7.- Nuestro desacuerdo con el “populismo jurídico”, doctrina jurídica adoptada en la formulación de varias leyes, que no solucionará los retos y las deficiencias de la política en material criminal del Estado ecuatoriano y que hace indispensable adoptar los estándares de derechos humanos provenientes de los tratados internacionales, entre ellos la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, que cuentan con órganos encargados de la supervisión de su aplicación, como el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura

8.- Nuestra constatación de los avances limitados de las políticas públicas a favor de las comunidades GLBTI; no obstante, consideramos que se hace indispensable una mayor decisión y voluntad política, y recursos para la implementación de la agenda pública en contra de la discriminación y otras formas de intolerancia y exclusión social, laboral y educativa.

9.- Nuestra alarma por la persistencia de desajustes en una efectiva y eficiente política de género en el país. Las asimetrías entre los hombres y las mujeres, en diversos ámbitos de la cotidianidad, que atentan contra los derechos de las mujeres, en especial su derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y a la reparación integral, los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la participación política, entre otros; por ello;

 

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Declaramos:

1.- El compromiso para compartir experiencias de lucha pública y legítima entre todas las organizaciones participantes y aquellas que serán invitadas a aunar esfuerzos en esta iniciativa de articulación.

2.- La voluntad de implementar acciones de movilización ciudadana, con un Enfoque Basado en Derechos Humanos, tomando como prioridad el derecho a la tierra y a la vivienda, en el marco del Día Mundial del Hábitat. 

3.- El interés de promover acciones sociales y jurídicas, como un “Amicus Curiae”, frente a la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 16 que regula y afecta el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión, así como la inminente vigencia del Código Orgánico Integral Penal que contraría las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. La autonomía e independencia de las OSC, en general, y de las organizaciones de derechos humanos, en particular, es una prioridad para esta iniciativa articuladora.

4.- El interés de convocar y organizar Misiones de Verificación, de carácter nacional e internacional, sobre la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en nuestro país, como un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo de la sociedad civil, de las obligaciones del Estado ecuatoriano, ante las y los ciudadanos, y la comunidad internacional.

5.- La voluntad de las organizaciones participantes de generar procesos permanentes de capacitación y formación sobre derechos humanos y derechos de la naturaleza, destinados a las comunidades y los pobladores en situaciones de vulnerabilidad, brindando especial atención al ejercicio del derecho a la resistencia reconocido en la Constitución de la República (Art. 98).

6.- La decisión de hacer uso legítimo de los mecanismos de protección de derechos humanos en el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, incluidos los “procedimientos especiales”, a favor de los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de las y los defensores de derechos humanos.

7.- La convicción de promover acciones articuladas para demandar la elaboración y expedición de una Ley Orgánica Integral sobre Movilidad Humana y Refugio, proceso de debe incluir las voces de las y los inmigrantes, emigrantes, refugiados, víctimas de trata y tráfico de personas, ONG y academia especializada en este ámbito, mediante una alianza estratégica con la Defensoría del Pueblo.

 

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8.- El compromiso de promover varias acciones sociales y académicas para ampliar y consolidar el debate sobre la asimetría en materia de políticas públicas sobre emigración, inmigración y refugio, así como trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

9.- La predisposición de participar activa y propositivamente en la visita a nuestro país del Subcomité para la Prevención de la Tortura, entre los días 1 a 4 de septiembre de este año.

10.- La decisión de convocar a otros sectores sociales y redes o coaliciones de agrupan a organizaciones de mujeres y de las comunidades GLBTI, en torno a acciones simbólicas y jurídicas que promuevan el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación.

11.- La convicción de las OSC y organizaciones de derechos humanos para denunciar y condenar el proceso irregular cometido por las autoridades competentes ante la presentación de firmas para la convocatoria a consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. De la misma manera, expresar nuestra preocupación por la situación de las comunidades, y de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, en el Valle de Íntag y la Reserva Ecológica Arenillas.

12.- La reafirmación de la voluntad político-institucional de las OSC y defensoras y defensores de derechos humanos de promover y defender los derechos de las mujeres, en especial su derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia y a la reparación integral, los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la participación política, entre otros.

13.- La convicción de la legitimidad histórica de la lucha del pueblo palestino por sus derechos inalienables, en particular su derecho a la autodeterminación y, a la vez, el compromiso de las y los participantes en el Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de iniciar acciones de boicot en contra de los intereses económicos del Estado de Israel en nuestro país.

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Guayaquil, 9 agosto del 2014