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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos convocan al Tribunal Popular para juzgar la responsabilidad del Estado en las masacres en las cárceles del Ecuador en el contexto de la crisis penitenciaria.

 

El Tribunal Popular pertenece al género de Tribunales de Opinión, que no reciben su investidura de ningún poder estatal, sino de la conciencia ética de los pueblos frente a graves violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

 

 

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Antecedentes

 

El Sistema Penitenciario del Ecuador está desagregado en 56 centros de privación de libertad que suman un total de 38.999 personas privadas de libertad (PPLs) en unas instalaciones que solo logran una capacidad de 30.099, es decir, se mantiene un porcentaje de hacinamiento del 29.57%. De acuerdo al instrumento de planificación estratégica de la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, esta data señala que el 93.45% (36.446) son hombres y el 6.55% (2.553) son mujeres.Y además, solo el 58.32% cuenta con una sentencia.

 

Frente a esto, el Centro de Investigación Kaleidos, señaló que “ Los resultados muestran que los familiares de las personas privadas de libertad pueden llegar a gastar entre $124 y $251 al mes para cubrir las necesidades más básicas de alimentación, útiles de aseo y visita familiar una vez por mes (umbral bajo), comunicarse con sus familiares y garantizar su seguridad dentro de la cárcel(umbral alto).”

 

De igual forma, Kaleidos arroja las cifras de acuerdo a los delitos por la cual las PPLs fueron ingresadas, los relacionados con drogas constan como la infracción de mayor frecuencia (28.1%), seguido por los delitos contra la propiedad (26.1%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16.3%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13.5%), asociación ilícita y delincuencia organizada (4.1%), otros grupos de delitos contravenciones y apremio de alimentos (11.9%).

 

Desde el año 2014 se intentó hacer una serie de reformas estructurales a todo el Sistema de Rehabilitación Social, que se materializó a través de la construcción de mega cárceles y paralelamente reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el endurecimiento de penas y la falta de estándares de aplicación en la prisión preventiva.

 

Para las organizaciones de derechos humanos, entre ellas CDH, estas medidas intentaban llenar expectativas con respecto a la modernización del sistema carcelario, pero agravaron las condiciones para que las PPLs pudieran desarrollar efectivamente la debida rehabilitación y reinserción social. Es por eso que para el CDH, la actual realidad de las cárceles en Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos al progresivo de alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la política pública de máxima seguridad en el nuevo régimen pena1.

 

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La falta de participación de las familias de PPLs en la construcción de política pública penitenciaria y las medidas securitistas que se han tomado, sin duda, han mantenido el contexto de violencia y de precariedad de las personas privadas de libertad. De hecho, el mismo discurso de cárceles más grandes y penas más duras ha evidenciado que el sistema punitivista que promueven los Estados generan crisis en los contextos carcelarios y fuera de él. Sin embargo, desde el 2018, con la eliminación del Ministerio de Justicia a partir de la aplicación de la política de austeridad proclamada por el gobierno de turno, el sistema penitenciario se fue debilitando a partir de la falta de presupuesto y personal de los equipos de personal.

 

Para el CDH las políticas de reducción del Estado compromete la capacidad que tiene el mismo para responder frente a problemas estructurales y también para garantizar derechos humanos.Posicionando como única medida la militarización o movilización de fuerza policial en reemplazo de políticas de carácter social (que implicaría mayor participación del Estado).

 

Frente a estos escenarios, decidimos como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos conjunto al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles conformar un Tribunal Popular que juzgue las acciones y omisiones del Estado que generaron las masacres carcelarias en el Ecuador para establecer qué tipo de responsabilidad existe, los Derechos Humanos vulnerados y las medidas de reparación existentes.

 

Este Tribunal Popular, se inspira en el Tribunal Permanente de los Pueblos que se desarrolló en Ecuador entre el 3 y 4 de agosto de 1990 el cual estuvo coordinado por el CDH y la CEDHU. Por ello, en el marco de los 40 años de aniversario del CDH y el contexto de crisis penitenciaria en el que nos encontramos, proponemos la conformación del Tribunal Popular para juzgar las acciones u omisiones del Estado sobre las masacres carcelarias.

 

Fecha confirmada: Viernes 9 de septiembre de 2022

 Horario. 9h00 a 13h30

Lugar Auditorio "Simon Bolivar" de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, piso 2 ( Avenida 9 de Octubre  entre Quito y Pedro Moncayo )

 

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Objetivo General

 

Posicionar la exigencia de justicia y reparación de las familias de las personas privadas de libertad en las cárceles del Ecuador.

 

 

Objetivo Específico

 

1. Identificar los nudos críticos que generan la crisis carcelaria en el Ecuador desde una mirada de Derechos Humanos.

 

2. Establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de Derechos Humanos a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias del Ecuador.

 

3. Establecer la responsabilidad del Estado sobre las masacres carcelarias ocurridas en el Ecuador.

 

 

 

 

 

JUEZAS Y JUEZ DEL TRIBUNAL POPULAR

 

 

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Denunciantes: Comité de Familiares por Justicia en Cárceles

 

El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles nació el 30 de abril del 2022 y coincide con el surgimiento de la organización de las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina). Cuenta con el apoyo de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (RIMUF) y busca convertirse en un espacio de encuentro de familiares para la reivindicación de los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad, su dignidad, su derecho a la vida, y a la reparación de cada una de las familias que perdieron a sus hijos, esposos, padres, en las masacres carcelarias de Ecuador.

 

 

 

EXPERTAS Y EXPERTOS INVITADOS

 

GRUPO 1: SITUACIÓN GENERAL DE LA CRISIS CARCELARIA 

 

1. Luis Barrios: Resultados de la Comisión para el diálogo penitenciario y pacificación por la crisis carcelaria
2. María Amelia Espinoza Cordero (Iniciativas para la rehabilitación): Obstáculos que tiene el sistema de rehabilitación social para lograr efectivamente la reinserción social así como los nudos críticos del sistema penitenciario que afectan a las familias.
3. Jorge Nuñez ( Organización Kaleidos) : Diagnóstico general de la Crisis Carcelaria en el Ecuador

 

 

GRUPO 2: IMPACTO PSICOLÓGICO A FAMILIARES

 

4. Nabila Bellia (Psicóloga) : Impactos psicológicos de las masacres carcelarias en las familias.
5. César Alexander (Psicólogo) : Impactos psicológicos de las masacres carcelarias en las familias
6. Giselle …. (FPU de Costa Rica ): Impacto de las masacres en la salud mental e integridad personal de las familias.
7. Andrea Casamento (Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas): Las familias son víctimas de violaciones a derechos humanos de la crisis carcelaria,

 

 

GRUPO 3: IMPACTO DIFERENCIADO A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

 

8. Pedro Guiterrez Guevara (Kuska Estudio Jurídico): Impacto de la crisis carcelaria en personas LGBTIQ+
9. Sylvana Tapia Corredores Migratorios : Impacto de la crisis carcelaria en las mujeres
10. Cristina Burneo; Impacto de la crisis carcelaria en personas en situación de movilidad humana
11. Sara Oviedo (Cocasen): Impactos de las masacres carcelarias en los niños, niñas y adolescentes.

 

 

GRUPO 4: VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LAS FAMILIAS

 

12. Eduardo Argudo (Universidad de Guayaquil): Dimensiones del derecho a la integridad personal, específicamente la integridad psicológica y su posible vulneración hacia las familias en el contexto de la crisis y masacres carcelarias.
13. Lyonel Calderon (Universidad de Guayaquil): La responsabilidad del Estado y las masacres en el Ecuador
14. Roberth López (Fundación Dignidad): Dimensiones del derecho a la integridad personal, específicamente la integridad psicológica y su posible vulneración hacia las familias en el contexto de la crisis y masacres carcelarias.

 

GRUPO 5: DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

 

15. (INREDH): Responsabilidad del Estado de las masacres carcelarias y su obligación de reparar integralmente.
16. Camila Cedeño (Consultorio Jurídico PUCE): Responsabilidad del Estado de las masacres carcelarias y su obligación de reparar integralmente.
17. Vivian Idrovo (Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador): Responsabilidad del Estado de las masacres carcelarias y su obligación de reparar integralmente.

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO

 

  

Intervención primaria

 

El fiscal iniciará con la acusación respectiva contra el Estado, y llamará a las personas denunciantes a que intervengan al igual que las personas abogadas de las víctimas.

  

Intervención secundaria

 

Posterior a aquello, participarán personas expertas en distintas líneas interinstitucionales para que intervengan a fin de identificar de forma integrada los nudos críticos del sistema penitenciario que el mismo Estado ha creado y el impacto en las familias como personas víctimas también de las masacres.
Las y los jueces populares tendrán la competencia de poder hacer preguntas a quienes intervienen en el tribunal.

 

 

2. Sentencia

 

A través de modalidad conversatorio, se expondrá la sentencia del tribunal popular quien analizará la vulneración de Derechos Humanos y Constitucionales que ocasionaron las masacres a las PPLs y sus familias, determinará el impacto de vulneraciones e identificará la responsabilidad o no del Estado. Cada juez o jueza popular, dará una intervención de 20 minutos sobre sus apreciaciones de acuerdo a lo que escuchó o no. Al finalizar, deberán dictar oralmente la responsabilidad o no del Estado en las masacres. y determinar qué tipo de medidas de reparación integral se requieren.

 

Estas intervenciones serán redactadas por el equipo jurídico técnico para su respectiva firma y publicación. No tendrá las características formales de una sentencia, pero sí la argumentación jurídica desde el constitucionalismo popular y tendrá que ser lo más clara posible para el entendimiento de las personas que participen en el tribunal.

 

 

Corto testimonial del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles

 

Tribunal Popular por Justicia en Cárceles

CDH, 2minutos18segundos

 

Sinopsis: El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, junto al CDH, convocan a Tribunal Popular, como instancia ética, para juzgar la responsabilidad como responsable de las matanzas ocurridas en los centros penitenciarios del país, durante los años 2021 y 2022. Son casi 500 las víctimas mortales.

Como jueces populares actuaron: Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional; Gina Benavides, exDefensora del Pueblo; y Evelyn Solari, Constitucionalista. El fiscal fue Juan Vizueta Ronquillo, especialista en ciencias penales y constitucionales.

 

Ver video: https://bit.ly/3RQuenG

 

 

 

 

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Tribunal Popular por Justicia en Cárceles condenó éticamente al Estado por violar los derechos de las PPL masacradas en Ecuador

 

Cuando Ana escuchaba a la jueza popular Evelyn Solari exponer de forma oral la resolución tomada en el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles, en la que se condenaba al Estado ecuatoriano, se emocionó hasta las lágrimas. Su sed de justicia por el crimen de su hijo mayor, dijo, es un anhelo por el que no dejará de luchar. La misma ambición de los miles de parientes que han perdido a sus seres queridos durante masacres en prisión.

 

La mujer es parte del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles que hoy, en Guayaquil, consiguió que se condene éticamente al Estado como responsable de las matanzas ocurridas en los centros penitenciarios del país, durante los años 2021 y 2022. Son casi 500 las víctimas mortales. La acusación del Tribunal fue por la violación de los derechos a rehabilitación social, integridad personal, seguridad jurídica, proyecto de vida y acceso a la información.

 

 

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El Tribunal Popular se desarrolló en el auditorio Simón Bolívar de la Corte Provincial del Guayas, que lució abarrotado, y contó con la presencia de al menos 40 familias de los internos fallecidos, no solo en las siete masacres, sino también en aquel tipo de muertes que no siempre se hacen públicas, que no se investigan y que quedan en el olvido, como los supuestos suicidios.
Como jueces populares actuaron: Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional; Gina Benavides, exDefensora del Pueblo; y Evelyn Solari, Constitucionalista. El fiscal fue Juan Vizueta Ronquillo, especialista en ciencias penales y constitucionales.

 

Durante el Tribunal se escucharon testimonios de familiares de las personas que han sido asesinados en las distintas cárceles del país, Ana estuvo entre ellos; además, el fiscal contó con la versión de expertos que expusieron distintos análisis respecto a la crisis carcelaria; además, la afectación psicológica que están sufriendo los parientes de los muertos; el impacto diferenciado a grupos de atención prioritaria; la vulneración del derecho a la integridad personal de las familias; y la determinación de las responsabilidad del Estado frente a la crisis carcelaria.

 

En el contexto del dictamen, el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles también dio a conocer que identificó nudos críticos en el Sistema de Rehabilitación Social, como:

 

• El debilitamiento institucional iniciado por la eliminación del Ministerio de Justicia, la reducción presupuestaria de las instituciones públicas encargadas de ejecutar la política pública de rehabilitación social, así como la existencia de redes de corrupción.

 

• La política de encarcelamiento y política de drogas, construyendo una política criminal que termina criminalizando la pobreza.

• Construcción de mega cárceles como medida ineficiente para responder al hacinamiento.

 

• El uso abusivo de la prisión preventiva, contando con más del 40% de la población carcelaria con esta medida.

 

• Indultos ineficientes al no existir un debido censo penitenciario.

 

• Las condiciones indignas en las que viven las personas en prisión.

 

• Excesivo hacinamiento en cárceles.

 

En cuanto al Derecho a la reparación integral, el Tribunal estableció:

 

• Se solicita disculpas públicas del Estado a través de 4 medios de comunicación de difusión masiva y por medio de una rueda de prensa, difundida en Cadena Nacional, por la responsabilidad de las masacres carcelarias identificando a las familias de las personas privadas de libertad como víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

 

 

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También ordenó:

 

• Involucrar a las familias de personas privadas de libertad en el seguimiento, ejecución y evaluación de la política pública de rehabilitación social 2022-2025

 

• Construir protocolos de acceso a información de los familiares de las personas privadas de libertad del Ecuador.

 

• Incorporar los Derechos de los familiares de las personas privadas de libertad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y crear mecanismos administrativos de exigibilidad.

 

 

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En cuanto a la reparación a los parientes, entre ellos niños y adolescentes, estableció:

 

• Otorgar asistencia psicológica progresiva a las familias de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres carcelarias en los siguientes grados de consanguinidad: madres, hermanos/as, padres, hijas/os, nietos/as, abuelos/as. Los demás miembros del núcleo familiar deberán fundamentar la asistencia respectiva sin perjuicio de ser aceptada.

 

• Se dé seguimiento progresivo a los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus parientes, producto de las masacres en cuanto a sus necesidades no cubiertas, por la pérdida del pariente en prisión.

 

• Se dé seguimiento progresivo especializado a las mujeres que perdieron a sus parientes, producto de las masacres en cuanto a sus necesidades no cubiertas, por la pérdida del pariente en prisión.

 

Con la realización del Tribunal Popular, las familias buscan justicia y reparación por la pérdida de sus seres queridos, que estaban en custodia del Estado, dijo la jueza Evelyn Solari. Para eso, Ana hace un llamado a que todas los parientes de las PPL asesinadas a nivel nacional se unan al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles para fortalecer las demandas al Estado.

 

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Notas relevantes de prensa escrita 

 

Familiares de los fallecidos en masacres crearon comité

 

Diario Expreso
9 septiembre 2022
40 allegados de los presos asesinados cruelmente en la masacre del 28 de septiembre de 2021 conformaron el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles; su objetivo es que se sancione a los responsables de los hechos sangrientos, a quienes cometieron negligencias en las diferentes instancias y exigir acciones para enmendar el daño realizado a sus vidas.

 

Nota completa: https://bit.ly/3DnnKIG

 

 

Tribunal popular por justicia en cárceles analizará la responsabilidad del Estado ecuatoriano en masacres

 

www.wambra.ec
9 septiembre 2022
Fernando Bastías Robayo, coordinador del área de litigio estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que el propósito del Tribunal es también generar incidencia en la opinión pública porque tanto las personas privadas de libertad como las familias son víctimas de la crisis carcelaria. Además, el Estado no ha pedido disculpas ni ofrecido algún tipo de reparación a las familias, según Bastias el discurso oficial va encaminado a estigmatizarlos cada vez más, pues no se reconoce la omisión de funcionarios o instituciones públicas sobre el control de las cárceles. Por tales motivos, a las familias de los PPL les pareció necesario judicializar la problemática.
“Para nosotros es claro que hay una vulneración a la integridad personal por toda la crisis, el impacto que ha tenido en la salud mental de las familias, además de los derechos vulnerados. Y poder brindarles a las otras familias que no fueron parte del Comité, esas ganas de seguir luchando por algo justo. Darles un espacio donde poder gritar justicia y reparación”, agregó Bastias.

 

Nota completa: https://bit.ly/3d57NfJ

 

 

Víctimas de la peor masacre carcelaria de Ecuador están solas

 

www.primicias.ec
9 septiembre 2022
“Los Tribunales Populares son éticos y nacen cuando las sociedades enfrentan daños terribles, excepcionales”, explica Billy Navarrete, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil. A inicios de los 90 existió un Tribunal Popular en Guayaquil, que juzgó los crímenes de lesa humanidad de los años 70 y 80. “Es un instrumento convencional de los organismos de Derechos Humanos para que, dentro de la instancia ética, se muestren los daños y se señale la responsabilidad del Estado”, recalca Navarrete.

 

Nota completa: https://bit.ly/3RZoJTq

 

 

Familiares de reclusos fallecidos en masacres van ante tribunal popular simbólico a exigir justicia

 

Diario El Universo
11 septiembre
Sin respuesta ni justicia por las masacres ocurridas en las cárceles, familiares de reclusos acudieron a un tribunal simbólico para pedir un juzgamiento en este caso.
Era una instancia simbólica en la que se enjuiciaría al Estado por las casi 500 víctimas de las masacres que se han registrado en los últimos años en las cárceles ecuatorianas.
El delito que se quiere probar es la comisión por omisión, es decir, la inacción del Estado para evitar esas muertes violentas en las prisiones.
Hasta el auditorio de la Corte Provincial de Justicia, en Quito y 9 de Octubre, llegaron familiares de los reos asesinados, algunos activistas de los derechos humanos y personajes con experiencia judicial que actuaron como fiscales y jueces en el evento simbólico.

 

Nota completa: https://bit.ly/3xiSbfd

 

 

 

Registro audiovisual de sesión del Tribunal Popular

 

Soporte integro de transmisión via zoom de sesión del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles para descargar.

 

Parte 1 - 1hora39minutos

 

Parte 2 - 3horas28minutos