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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos convocan al Tribunal Popular para juzgar la responsabilidad del Estado en las masacres en las cárceles del Ecuador en el contexto de la crisis penitenciaria.

 

El Tribunal Popular pertenece al género de Tribunales de Opinión, que no reciben su investidura de ningún poder estatal, sino de la conciencia ética de los pueblos frente a graves violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

 

 

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I. Antecedentes

 

El Sistema Penitenciario del Ecuador está desagregado en 56 centros de privación de libertad que suman un total de 38.999 personas privadas de libertad (PPLs) en unas instalaciones que solo logran una capacidad de 30.099, es decir, se mantiene un porcentaje de hacinamiento del 29.57%. De acuerdo al instrumento de planificación estratégica de la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, esta data señala que el 93.45% (36.446) son hombres y el 6.55% (2.553) son mujeres.Y además, solo el 58.32% cuenta con una sentencia.

 

Frente a esto, el Centro de Investigación Kaleidos, señaló que “ Los resultados muestran que los familiares de las personas privadas de libertad pueden llegar a gastar entre $124 y $251 al mes para cubrir las necesidades más básicas de alimentación, útiles de aseo y visita familiar una vez por mes (umbral bajo), comunicarse con sus familiares y garantizar su seguridad dentro de la cárcel(umbral alto).”

 

De igual forma, Kaleidos arroja las cifras de acuerdo a los delitos por la cual las PPLs fueron ingresadas, los relacionados con drogas constan como la infracción de mayor frecuencia (28.1%), seguido por los delitos contra la propiedad (26.1%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16.3%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13.5%), asociación ilícita y delincuencia organizada (4.1%), otros grupos de delitos contravenciones y apremio de alimentos (11.9%).

 

Desde el año 2014 se intentó hacer una serie de reformas estructurales a todo el Sistema de Rehabilitación Social, que se materializó a través de la construcción de mega cárceles y paralelamente reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el endurecimiento de penas y la falta de estándares de aplicación en la prisión preventiva.

 

Para las organizaciones de derechos humanos, entre ellas CDH, estas medidas intentaban llenar expectativas con respecto a la modernización del sistema carcelario, pero agravaron las condiciones para que las PPLs pudieran desarrollar efectivamente la debida rehabilitación y reinserción social. Es por eso que para el CDH, la actual realidad de las cárceles en Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos al progresivo de alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la política pública de máxima seguridad en el nuevo régimen pena1.

 

La falta de participación de las familias de PPLs en la construcción de política pública penitenciaria y las medidas securitistas que se han tomado, sin duda, han mantenido el contexto de violencia y de precariedad de las personas privadas de libertad. De hecho, el mismo discurso de cárceles más grandes y penas más duras ha evidenciado que el sistema punitivista que promueven los Estados generan crisis en los contextos carcelarios y fuera de él. Sin embargo, desde el 2018, con la eliminación del Ministerio de Justicia a partir de la aplicación de la política de austeridad proclamada por el gobierno de turno, el sistema penitenciario se fue debilitando a partir de la falta de presupuesto y personal de los equipos de personal.

 

Para el CDH las políticas de reducción del Estado compromete la capacidad que tiene el mismo para responder frente a problemas estructurales y también para garantizar derechos humanos.Posicionando como única medida la militarización o movilización de fuerza policial en reemplazo de políticas de carácter social (que implicaría mayor participación del Estado).

 

Frente a estos escenarios, decidimos como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos conjunto al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles conformar un Tribunal Popular que juzgue las acciones y omisiones del Estado que generaron las masacres carcelarias en el Ecuador para establecer qué tipo de responsabilidad existe, los Derechos Humanos vulnerados y las medidas de reparación existentes.

 

Este Tribunal Popular, se inspira en el Tribunal Permanente de los Pueblos que se desarrolló en Ecuador entre el 3 y 4 de agosto de 1990 el cual estuvo coordinado por el CDH y la CEDHU. Por ello, en el marco de los 40 años de aniversario del CDH y el contexto de crisis penitenciaria en el que nos encontramos, proponemos la conformación del Tribunal Popular para juzgar las acciones u omisiones del Estado sobre las masacres carcelarias.

 

Fecha confirmada: Viernes 9 de septiembre de 2022

 

II. Objetivo General

 

Posicionar la exigencia de justicia y reparación de las familias de las personas privadas de libertad en las cárceles del Ecuador.

 

 

III. Objetivo Específico

 

1. Identificar los nudos críticos que generan la crisis carcelaria en el Ecuador desde una mirada de Derechos Humanos.
2. Establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de Derechos Humanos a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias del Ecuador.
3. Establecer la responsabilidad del Estado sobre las masacres carcelarias ocurridas en el Ecuador.

 

 

IV. Metodología

 

1. Actores

 

1.1 Juezas y jueces del tribunal popular:

 

a) Juez popular Ramiro Ávila Santamaría

 

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b) Jueza popular Gina Benavides Llerena

 

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c) Jueza popular Evelyn Solari Dávila

 

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1.2 Fiscal:
a) Abg. Juan Vizueta Ronquillo

 

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1.3 Denunciantes
a) Comité de Familiares por Justicia en Cárceles

 

 

1.4 Testigos/Expertxs
a) Familiares.
b) Academia.
c) Organismos de Derechos Humanos Nacionales.
d) Organismos de Derechos Humanos Internacionales.

 

 

1.5 . Equipo Jurídico
Fernando Bastias Robayo
Mirelli Icaza Bustamente
Abraham Aguirre García

 

 

 

a) Procedimientos

 

 

Intervención primaria

 

El fiscal iniciará con la acusación respectiva contra el Estado, y llamará a las personas denunciantes a que intervengan al igual que las personas abogadas de las víctimas.

 

 

Intervención secundaria

 

Posterior a aquello, participarán personas expertas en distintas líneas interinstitucionales para que intervengan a fin de identificar de forma integrada los nudos críticos del sistema penitenciario que el mismo Estado ha creado y el impacto en las familias como personas víctimas también de las masacres.
Las y los jueces populares tendrán la competencia de poder hacer preguntas a quienes intervienen en el tribunal.

 

 

 

2. Sentencia

 

A través de modalidad conversatorio, se expondrá la sentencia del tribunal popular quien analizará la vulneración de Derechos Humanos y Constitucionales que ocasionaron las masacres a las PPLs y sus familias, determinará el impacto de vulneraciones e identificará la responsabilidad o no del Estado. Cada juez o jueza popular, dará una intervención de 20 minutos sobre sus apreciaciones de acuerdo a lo que escuchó o no. Al finalizar, deberán dictar oralmente la responsabilidad o no del Estado en las masacres. y determinar qué tipo de medidas de reparación integral se requieren.

 

Estas intervenciones serán redactadas por el equipo jurídico técnico para su respectiva firma y publicación. No tendrá las características formales de una sentencia, pero sí la argumentación jurídica desde el constitucionalismo popular y tendrá que ser lo más clara posible para el entendimiento de las personas que participen en el tribunal.

 

 

¿Deseas asistir a la sesión del Tribunal Popular?

 

Inscríbete en el siguiente link: https://forms.gle/wqBi3KGZhV8N2BTm9