Crónica de Luigi Baruzzi Arzube
Militante de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Guayaquil.
El motor de la canoa ruge al arrancar. Francisco, nuestro capitán y anfitrión en esta jornada, ajusta el motor mientras el sol guayaco de las 10h00 quema la espalda de los pasajeros. A bordo vamos más de una decena de personas: abogados del CDH, activistas de la COSG y la Red de Defensorxs de Guayaquil, y nos acompaña además Raquel Silva, dirigente de la Unión Tierra y Vida quien ha propiciado el contacto con los campesinos. Nos hemos reunido en un modesto muelle de Durán al pie del Cerro las Cabras para dirigirnos al Predio Los Ángeles.
El ancho Guayas se extiende ante nosotros, marrón y perezoso, separando con su frontera líquida dos mundos irreconciliables. A estribor, los barrios marginales de Durán y sus humildes casas sobre pilotes se aferran a la orilla, como náufragos mudos de una ciudad que figura entre las más peligrosas del mundo. A babor, las torres de Puerto Santa Ana en Guayaquil se imponen sobre las aguas del río, sus condominios y restaurantes de alta alcurnia vedados a gran parte de la población, accesibles solo para la clase pelucona de este platanal.
A medida que avanzamos río arriba con ayuda de la marea alta, nos adentramos en el no menos impresionante Babahoyo cruzando por debajo del Puente de la Unidad Nacional. El perfil de los edificios de Guayaquil va siendo reemplazado por la península de La Puntilla, con todas sus urbanizaciones y ciudadelas amuralladas y reservadas para las clases altas que viajan seguido al extranjero como quien toma un taxi. Durán también se va desvaneciendo, con sus barrios ribereños y viviendas de cemento y techumbre de zinc dando lugar a embarcaderos de gabarras y luego a manglares y extensiones de cultivo.
Nos vamos encontrando con varias canoas que se encuentran pescando con métodos artesanales, tratando de llevar comida a sus hogares. Varios nos saludan con la mano desde la lejanía mientras evitamos la ocasional boya que indica la presencia de una red de pesca. Faltando poco para llegar a nuestro destino, una voz nos llama desde una canoa cercana. Es Edith, una vecina del Predio. Nos pide que la remolquemos hasta el punto de la reunión, a lo que procedimos atando las embarcaciones con una cadena oxidada y continuamos. Al llegar, el predio aparece como un oasis entre los matorrales. Casas de caña guadúa y madera con techos de zinc corroído por los años se alinean en la estrecha franja de tierra entre el río y los arrozales. Los perros guardianes de los pobladores anuncian nuestra llegada con estridentes ladridos, y una vez desembarcados, la familia de Francisco y unos cuantos vecinos nos reciben con abrazos y apretones de mano fuertes, como si lleváramos años de conocernos y no solo minutos.
Después de acomodarnos en sillas y hamacas a la sombra de los árboles, la delegación escucha atentamente a Raquel, quien despliega ante nosotros el mapa completo de la guerra silenciosa que libran los campesinos organizados en 2 asociaciones, “Ni un Paso Atrás” y “Unidos Venceremos”. Los hechos se suceden como capítulos de un manual de despojo: las bombas de riego son saboteadas repetidamente, los caminos vecinales son apropiados y obstruidos por las construcciones y garitas de guardia. Sin agua, los cultivos se mueren, y tierra sin cultivo es tierra que el MAG declara “desocupada” en sus informes.
Otra socia del predio, Verónica, continúa con la exposición de los hechos. No han faltado tampoco los intentos de compra: las camaroneras hacen ofertas de $12,000 por hectárea, un precio irrisorio que deja a cada socio dueño de su propia hectárea con nulas posibilidades de reconstruir su vida en cualquier otro lado. Es tan poco dinero que llega incluso a ser insultante, pero ante el rechazo de los campesinos, las camaroneras recurren a movimientos aún más perversos.
Amenazas telefónicas anónimas arguyendo visitas próximas de Recycob —Recaudación y Cobranzas—, guardias armados patrullando los linderos de las parcelas, quema intencional de dos cosechas en un incidente de 2022 que nunca fue investigado por las autoridades, contratación de testaferros para comprar tierras a través de terceros, y la lista sigue y sigue. En 2021, la camaronera IndoSur compró a tres dirigentes de la “Unidos Venceremos” con $20,000 dólares y promesas de empleo, entregando a la empresa varias hectáreas valiosas de la Asociación.
La última estratagema es la más cínica: ahora alegan que los campesinos contaminan el río del que han dependido durante años para su sustento, mientras que estas empresas talan y allanan gigantescas extensiones de terreno para sus piscinas de cría de camarón. Separar a los campesinos del río no es una táctica nueva: ya en 2020 durante la pandemia, la Armada les prohibió la pesca. ¿De qué podrán vivir sin sus cultivos y sin la pesca artesanal? Las únicas respuestas posibles son un salario de hambre en las camaroneras o desplazarse hacia la ciudad. Es un crimen perfecto: matan el sustento para justificar el robo.
El Estado ha sido cómplice por omisión: el entonces MAGAP nunca terminó el proceso de adjudicación iniciado en 2015, dejándolo en el limbo. La Defensoría del Pueblo archivó tres denuncias aduciendo "falta de pruebas". El Ministerio del Ambiente multó a los pobladores del predio por "tala ilegal" cuando recolectaban caña para reparar sus casas. Además, según documentos catastrales, varias hectáreas del predio ya fueron transferidas a testaferros en 2023. Los papeles las catalogan como "tierras baldías". Los surcos, las casas, los muelles, la iglesia y la escuelita del predio, estos elementos cuentan otra historia muy distinta a la de esos papeles, una historia de personas que han hecho allí su vida entera y a quienes se quiere echar sin más.
Tras empaparnos del asunto, emprendimos junto a los campesinos la marcha hacia la puerta de una de las camaroneras del sector. Una treintena de personas, entre delegados y pobladores, avanzamos lentamente por los en otro tiempo exuberantes y verdes arrozales, donde ahora la tierra agrietada y los tallos mustios evidencian meses sin riego adecuado. El trayecto, que durante generaciones fue un camino amplio de uso público, hoy no es más que un pequeño sendero junto a un canal excavado por las camaroneras en el curso del antiguo camino y que termina abruptamente en un portón metálico con letras rojas: "PROPIEDAD PRIVADA". Detrás, el paisaje se transforma en una red geométrica de piscinas de camarón que brillan bajo el sol como espejos de agua sucia. Billy Navarrete, del CDH, se aparta para entrevistar a José, un campesino cuya parcela quedó literalmente cercada por dos empresas camaroneras, convertida en una isla agrícola en medio de la vorágine de los empresarios. Mientras tanto, los guardias de seguridad nos observan con miradas tensas, tomando fotos con sus teléfonos mientras murmuran en sus radios.
De regreso al poblado, y antes de partir de vuelta al muelle de Durán, nos esperaba un almuerzo sencillo pero abundante: arroz con pescado del río. En ese momento del mediodía también llegaban los muchachos de la escuela en una canoa, atracando en un muelle improvisado sobre cañas altas. La conversación fluye entre risas y chanzas, pero también entre silencios elocuentes. Edith nos explica el origen del predio, aduciendo que ella llegó al lugar hace casi cincuenta años, cuando el dueño original les dio permiso para trabajar esas tierras. Sus hijos nacieron allí, sus nietos aprendieron a caminar entre aquellos arrozales. Con un gesto hacia la curva del río, recuerda cómo el lugar adquirió su nombre —Vuelta de los Ángeles — por las numerosas embarcaciones que naufragaban al intentar navegar ese recodo traicionero antes de llegar a Guayaquil.
Mientras el resto habla, contemplo mis alrededores: miro hacia los arrozales que rodean el conjunto de casas, y luego hacia el río. Del otro lado, las torres de condominios de Isla Mocolí —el barrio más exclusivo del país— se alzan como un espejismo de lujo inalcanzable. Aquí, en Los Ángeles, la vida es otra cosa: niños jugando con los chanchos y gallinas, mujeres colgando ropa en cordeles, hombres con machetes al cinto alistándose para salir a trabajar en los campos. ¿Qué piensan los de Mocolí cuando miran hacia acá? ¿Les importa siquiera? Al cruzar de vuelta el Babahoyo aprovechando la marea baja, miro hacia atrás. En Los Ángeles y el resto de caseríos en las orillas del río, la gente nos saluda desde lejos al pasar como una flecha en pleno vuelo. Del otro lado, una lancha blanca y moderna de las más caras navega en los alrededores de Mocolí.
No hizo falta esperar mucho después de nuestra partida. Una semana después, mientras empezaba esta crónica me llegó un mensaje por WhatsApp: guardias de TRUPECA, una de las camaroneras implicadas en el acoso constante al predio, habían sustraído la bomba de riego de una de las compañeras de la Asociación y la estaban reteniendo en su garita. Los campesinos tuvieron que montar guardia en la garita aquella noche para que la bomba no desaparezca.
Esta es la dinámica perversa que enfrentan: Mirando hacia otro lado o activamente facilitando los intereses empresariales, el Estado revela su verdadero rol en el campo ecuatoriano, no como garante de derechos, sino como notario que legaliza los deseos de lucro del capital. El río sigue fluyendo, indiferente, entre quienes ven la tierra como un número en su balance contable y quienes la sienten como extensión de su propio ser; entre los que se autoproclaman "gente de bien" desde sus urbanizaciones amuralladas y los que son tachados de “invasores” por defender lo que siempre han trabajado. Pero en el Predio Los Ángeles, donde cada surco en la tierra cuenta una historia de resistencia, saben algo que las camaroneras no comprenderán nunca: la tierra no se vende, se defiende.
Fotos: Billy Navarrete
23.06.2025
Corto documental "Caravana de Solidaridad con el Recinto Los Ángeles"
CDH, 2.07.2025, 12minutos03segundos
Sinopsis: El jueves 12 de junio de 2025 se realizó la Caravana de Solidaridad con el recinto Los Ángeles, en cantón Durán, ubicado a orillas del Rio Babahoyo frente a la Isla Mocolí, en contexto de amenazas de desalojo forzoso y despojo por conflicto con empresa camaronera instalada en tierras cultivables.
La caravana de solidaridad estuvo conducida por la Asociada Unión, Tierra y Vida, y contó con la participación de delegaciones del CDH, la Red Comunitaria de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Asamblea de los Pueblos de la Costa, la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, FIAN Ecuador, de la Asociación la Fé del Campesino y de la Asociación La Nueva Revolución.
Durante la caravana, campesinos y pescadores del recinto Los Angeles, denunciaron la amenaza de desalojo y despojo de tierras, las restricciones al libre tránsito, hostigamiento e intimidación que sufre los habitantes del recinto Los Ángeles por parte de representante de empresa camaronera. Cabe anotar que entre las familias afectadas, se identifican personas adultas mayores nacidas en esas tierra, denominadas “Vivientes”.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=RU1-Gqn4JOk