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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

InformeSeguridad2024

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos es una organización que nació hace 40 años en el contexto de violencia política y represión a demandas por derechos colectivos en Guayaquil. Desde ese entonces, hemos documentado e incidido críticamente sobre la política de seguridad ciudadana implementada por gobiernos sucesores, por considerarlas ajenas a la protección integral de los Derechos Humanos y la convivencia pacífica, especialmente de los grupos más vulnerables.

 

Por mantener fuertes vínculos de trabajo colaborativo con organizaciones comunitarias y colectivos ciudadanos, hemos reunido evidencia concreta del premeditado abandono estatal, la segregación espacial de comunidades racializada y de la criminalización de la pobreza en Guayaquil y localidades aledañas en el litoral ecuatoriano.

 

Frente a las demandas de seguridad ciudadana, los Gobiernos han respondido, de forma recurrente e indiscriminada, con la implementación de diversos tipos de planes de aparente mano dura contra la criminalidad que básicamente se han centrado en la suspensión temporal de las garantías a los Derechos Humanos. Esta conducta punitiva y clasista ha confinado progresivamente a comunidades cada vez más empobrecidas y violentadas.

 

Durante cuatro décadas hemos denunciado públicamente la corrupción y la impunidad que han rodeado a las instancias estatales pertenecientes al eje de seguridad pública por haber tolerado, encubierto e instrumentalizado los flujos sangrientos de economías ilícitas. Nuestra acción de exigibilidad por el derecho a la seguridad integral siempre ha contado con la movilización social de las personas y comunidades afectadas por esas graves violaciones a sus Derechos Humanos. Tenemos vasta experiencia en la conformación de Comités de Familiares que han cuestionado con vehemencia la ficción de Ecuador, Isla de Paz.

 

Al examinar nuestro trabajo de exigibilidad de Derechos Humanos, identificamos la sobreimposición de tres fenómenos sistémicos de control territorial a través de la violencia que actualmente conviven en este sector del litoral.

 

El primer fenómeno se refiere a los seudo reinos constituidos por traficantes de tierras que, a través de sus bandas armadas y los vínculos con el poder político, impusieron por encima de la ley un duro control en territorios amplios y densamente poblados.

 

El segundo fenómeno lo constituyen prácticas de limpieza social, justicia por mano propia y paramilitarismo larvado, que en el imaginario colectivo se encuentran cubiertas bajo el manto de ajustes de cuentas. Expresiones de la necro política imperante que evidencian la discrecionalidad del aparato público.

 

El tercer fenómeno es la cooptación explícita de instancias estatales por parte de organizaciones criminales para gozar de impunidad. Además, esta lógica de absorción se registra a la inversa, el interés del poder político para aprovecharse de las economías ilícitas y sostener el modelo mercantil en contextos de crisis económica.

 

Frente a estas realidades que se cruzan en los mismos territorios excluidos, identificamos una recurrente conducta estatal al confesar, sin mucho reparo, su incapacidad para hacer frente a los problemas estructurales que derivan en la expansión de las violencias. Los gobiernos inflan sus propios fantasmas y reclaman el cómodo rol de víctima frente a los siempre difusos “enemigos internos”.

 

Frente al abandono de territorios fronterizos y carcelarios, los organismos de Derechos Humanos nos reafirmamos en la indispensable condición de escucha y de sensatez para llevar a cabo experiencias de trabajo colaborativo construido desde la base social y popular. Lo hemos dicho a través de cuatro décadas, y ahora estamos aquí para repetirlo.

 

El presente informe amplía nuestros argumentos por una seguridad ciudadana integral y construcción de cultura de Paz para toda las comunidades y territorios que se mantienen en resistencia, venciendo el miedo y construyendo esperanza.

 

Guayaquil, 26 de febrero de 2024

 

 

Billy Navarrete Benavidez
Director Ejecutivo del CDH

 

 

 

 

Descargar Informe del CDH Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (versión febrero 2024)