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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Para propósitos de desarrollo de un proyecto de políticas públicas y de fines académicos, se decidió visitar la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el Km. 16 vía a Daule, Guayaquil. La visita fue realizada por Alejandro Ojeda y Carlos Galarza, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. El objetivo de la visita fue una primera aproximación de campo a través del método etnográfico para conocer la situación a partir de lo observado el martes 4 de junio, tomando en cuenta la problemática presentada por el Estado de Excepción y posterior a los incidentes violentos acaecidos en el interior de la penitenciaría.

 

 

Al momento de llegada la Penitenciaría se encontraba rodeada por militares, policías y familiares de personas privadas de libertad. Estos últimos, manifestaban disgusto debido a que las visitas serían canceladas hasta posterior habilitación. De igual forma, existía incertidumbre ya que no se conocía cuándo asumiría el cargo el nuevo director de la Penitenciaría. Durante el acercamiento a los familiares, escuchamos inquietudes acerca del bienestar de las personas privadas de libertad y la dificultad de los familiares a conocer lo que sucedía en el interior. De manera similar, tanto los policías como los militares no parecían saber con seguridad lo que estaba ocurriendo ni las medidas que se tomarían.

 

Un padre de una persona privada de libertad nos informó, adicionalmente, que durante el cumplimiento de condena de su hijo había notado una pérdida de peso debido a la pésima calidad de la alimentación, la corrupción interna de parte de los policías y la precaria situación sanitaria de algunas personas privadas de libertad. Se agregan a estas preocupaciones otras problemáticas mencionadas como: desconocimiento de derechos por parte de las PPL y familiares, falta de horas de actividad de recreación, “mafias” internas en la penitenciaría, limitaciones severas por parte del personal médico por falta de acceso a medicamentos, incertidumbre con respecto a procesos administrativos y falta de confianza hacia las autoridades internas.

 

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Con especial preocupación, dicho padre de familia afirmó que se habría prohibido el acceso a la alimentación a todos los PPL de la penitenciaría como represalia y “castigo” debido a los actos de violencia sucedidos dentro del centro. Aunque esto no puede ser comprobado, es de especial importancia tener en cuenta dicho comentario. Finalmente, el día de la visita habría un aparente traslado de 64 personas privadas de libertad por motivos de “seguridad”, aunque únicamente se realizaron 25 traslados.

 

La visita tambien tenía como objetivo acceder Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, existente desde la desaparición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Curiosamente ninguno de los policías o personal administrativo en el exterior tenía conocimiento del funcionamiento de dicho servicio dentro de la penitenciaría. Fue posible acceder al pabellón de información, donde se nos informó que no se podría entrar al despacho debido al Estado de Excepción. Sin embargo, fue posible notar la agitación del personal interno, los familiares presentes y los militares. Como parte final de la visita es necesario mencionar insuficiente limpieza de las instalaciones y espacios sanitarios. Se agregan los hechos sucedidos en este informa con el propósito de ayudar a la problemática del sistema de rehabilitación social y la defensa de los derechos humanos.

 

Guayaquil, lunes 3 de junio del 2019

 

Fotos Andres Loor Moreira / CDH / 11 junio 2019

 

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