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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Audiencia de apelación a fallo judicial por clausura de mina, Corte de Justicia de Cuenca, 23 de julio de 2018

 

El proyecto Río Blanco es un proyecto de minería de oro y plata de media escala que provoca una situación de conflicto con las comunidades locales. Se ubica en la parroquia Molleturo y Chauca, cantón Cuenca, provincia de Azuay. Más concretamente, la mina se encuentra dentro del bosque protector Molleturo-Moltepongo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, ecosistema páramo dónde hay varios nacimientos de agua. En otras palabras, el proyecto se ubica en una zona frágil y sensible.

 

 

El proyecto Río Blanco comenzó en 1994 con los primeros muestreos y perforaciones. La fase de exploración propia empezó en el año 2000. En 2015, después de varios estudios ambientales, el Ministerio del Ambiente otorgó el permiso para explotar la mina. La empresa china Ecuagoldmining inició la fase de explotación el 11 de agosto de 2016. Se proyecta una vigencia aproximada de 11 años, con una producción total de 611 000 onzas de oro y 4,3 millones onzas de plata. Se calcula en particular que el proyecto generará 800 toneladas de oro diarias.

 

Río Blanco es uno de los cinco proyectos extractivistas considerados estratégicos por el Gobierno. Gracias a estos proyectos, el Ministerio de Minería tiene como objetivo reactivar el sector minero y atraer a los inversionistas. Se prevé que la minería industrial aportará con más de USD 4.600 millones en inversión extranjera directa en Ecuador en el periodo 2017-2021. En respuesta a las preocupaciones de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, el Ministerio de Minería sigue enfatizando la necesidad de desarrollar una minería responsable, con responsabilidad ambiental y social.

 

Postura de las comunidades locales sobre el proyecto

 

Las comunidades de Molleturo cercanas del proyecto minero son comunidades cuyas condiciones de vida son muy precarias. Viven lejos de la urbe, dónde el Estado no proporciona avances tecnológicos. Tienen  un vínculo laboral y cultural muy fuerte con los recursos naturales. Especialmente, su vínculo con la tierra y el agua es vital ya que viven de la agricultura. Ecuagoldmining aprovechó esta precariedad para obtener el permiso de explotación. Prometió desarrollo y progreso a cambio del consentimiento de los comuneros al proyecto. En particular, la empresa china se comprometió a mejorar la obra pública, la salud, el trabajo y la educación. Por eso, el proyecto recibía mayoritariamente apoyo de parte de las comunidades cercanas al inicio.

 

Ahora, y después de algunos años de explotación, las opiniones son mucho más divididas. Algunos apoyan la mina y se alegran por el progreso que promete la empresa minera. Ellos indican que además de darles trabajo, la empresa proporcionó luz eléctrica, agua potable y una carretera. Al contrario, una mayoría acusa a la empresa de engañarlos en el sentido de que no cumplió con sus promesas y además contamina el medio ambiente. Especialmente, imputan a la empresa minera la contaminación de las aguas del Río Quinua, aguas que constituyen el fundamento de su vida y que son esenciales a su supervivencia. Estas aguas también son las que riegan gran parte de la Costa. Esta contaminación es en consecuencia un desastre tanto para las comunidades cercanas de Río Blanco y su modo de vida como para, en mayor escala, los habitantes de la Costa. Es problemática también la división de los comuneros frente el proyecto, puesto que además del conflicto con la empresa minera, también existen conflictos internos y enfrentamientos dentro de las comunidades.

 

Postura de las autoridades locales sobre el proyecto

 

Las autoridades locales, y más específicamente los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD) provincial del Azuay y cantonal de Cuenca, siempre se opusieron al proyecto. El Consejo Cantonal de Cuenca primero declaró el territorio libre de minería en una resolución del 22 de septiembre de 2011. En otra resolución del 23 de enero de 2017, el Consejo reiteró esta declaración y demandó expresamente que se suspendan la explotación minera en Río Blanco. El 19 de julio de 2018, se convocó una Asamblea Ciudadana en Cuenca denominada “La Asamblea de la Cuenca por el Agua”, la cual rechazó de manera unánime el proyecto Río Blanco. La Cámara Provincial del Azuay también dictó una resolución el 22 de octubre de 2016 en la cual los páramos, fuentes de agua y otros ecosistemas frágiles y amenazados fueron declarados territorios libres de minería metálica. Estos documentos nunca provocaron ninguna reacción de parte del Gobierno Central.

 

Además, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y la prefecta encargada del Azuay, María Cecilia Alvarado, ambos llevaron una campaña en contra de la explotación de Río Blanco. Así, María Cecilia Alvarado lamentó que la concesión minera se hizo a espaldas de los comuneros y de las autoridades, sin diálogo ninguno.

 

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Intervención de Abogado Milton Yulán de Fian Internacional sobre perjuicio de actividad minera sobre Derechos Humanos y de la naturaleza

 

Enfrentamientos entre los comuneros y la empresa minera

 

Se registraron las primeras protestas en el campamento minero en agosto de 2017. En varias ocasiones, los comuneros impidieron el acceso al campamento y pidieron que se suspendan las actividades mineras. También se registraron enfrentamientos directos con la policía. El auge de estas protestas ocurrió el 8 de mayo de 2018 cuando algunos opositores a la mina ingresaron en el campamento minero y se enfrentaron a los trabajadores mineros. Este acontecimiento acabó con el incendio de una parte del campamento, un policía herido y la detención de cuatro manifestantes. Tras estos actos de violencia, se suspendieron las actividades mineras y se organizó un resguardo de la zona con 200 policías y 100 militares efectivos durante las 24 horas del día en turnos rotativos. También está pendiente el  juicio en cuanto a estos actos, y cada parte acusa la otra de provocar el incendio.

 

El Gobierno, en particular los Ministerios de Minería y del Ambiente, rechazó estos actos violentos. El Ministro del Ambiente declaró que la protesta era injustificada puesto que el proyecto cuenta con permisos y salvaguardias ambientales y que no existen evidencias de contaminación ni de mala práctica ambiental. La Ministra de Minería mencionó que las personas implicadas en esta protesta ni siquiera eran de las comunidades cercanas al proyecto, sino de organizaciones antiminas externas. La empresa Ecuagoldmining afirmó que había cumplido con las normas ambientales y los acuerdos.

 

Pocos días después de este acontecimiento, Yaku Pérez, el presidente de la organización Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más importantes del país, declaró haber sido víctima con otros líderes comunitarios de secuestro y agresión por parte de los mineros.

 

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Yaku Pérez, abogado defensores de comunidades de Molleturo que se oponen a empresa china 

 

El juicio y la suspensión de las actividades mineras

 

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo interpusieron una acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada. Con esta acción, pidieron al juez que suspenda las actividades mineras argumentando que según lo establecido en el Artículo 57 de la Constitución del Ecuador de 2008 y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, tenían el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto minero Río Blanco.

 

La sentencia de primera instancia del 1 de junio de 2018 fue calificada como histórica. En este fallo, el juez Paúl Serrano estableció cuatro puntos. Primero, “acepta la Acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco”. Segundo, ordena la suspensión de las actividades mineras y la realización de la consulta conforme al Convenio 169 de la OIT como medida de restitución al derecho vulnerado. Tercero, ordena la desmilitarización de la zona conflictiva. Cuarto, y de manera menos significativa, delega el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al Director Regional de la Defensoría del Pueblo. El fallo fue aplaudido por todos los opositores a la mina, que subrayaron que era la primera vez que un juez de la razón a los comuneros y no al Estado o a las transnacionales.

 

El Ministerio de Minería apeló esta decisión, con el argumento de que las comunidades de Molleturo no tenían derecho a la consulta puesto que no han probado que son comunidades indígenas.

 

La Corte Provincial de Justicia del Azuay, después de una audiencia con mucha tensión, ratificó la sentencia de segunda instancia el 3 de agosto de 2018. Los jueces provinciales negaron la apelación y confirmaron la sentencia de primera instancia que “acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo en relación al Proyecto Río Blanco”. Sin embargo, revocaron la medida de restitución del derecho vulnerado ya que “el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum”. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?, los habitantes de la parroquia Molleturo votaron por el SI al 67.80%. De nuevo, la decisión ha sido aplaudida por muchos. Los comuneros consideran que se hizo justicia y dicen que se sienten aliviados porque se van a acabar los conflictos adentro de las comunidades. Aunque una apelación ya no es posible, el Ministro de Minería está pensando en un posible recurso constitucional.

 

Elaborado por Ilona Perrier

Guayaquil, 7 agosto de 2018

 

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Ilona Perrier