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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 


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Ilustración de Joseph publicada en Diario Expreso, Ecuador 21 de agosto de 2018

 

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región. En particular, resaltamos la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

 

La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar.

 

Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana.

 

En este sentido, vemos con preocupación las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y Perú de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para ingresar en su territorio. Asimismo, rechazamos cualquier intento, de hecho o de derecho, de cerrar las fronteras para evitar el paso a ésta o cualquier otra población en necesidad de protección internacional o ayuda humanitaria. Estas medidas contravienen no solamente convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios ordenamientos de orden constitucional de los países concernidos.

 

Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas, contribuyendo a la separación de familias, limitando la capacidad de un Estado para identificar y brindar la atención especializada que ciertos grupos necesitan, como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre muchos otros supuestos.

 

Es por ello, que planteamos lo siguiente:

 

Por la magnitud del fenómeno de movilidad humana que la región está enfrentando, y que continúa en aumento, pedimos a los Estados que aborden este tema desde una mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar alternativas coordinadas y complementarias, partiendo de un enfoque integral de derechos y con una mirada de soluciones duraderas.

 

Debido las difíciles y precarias condiciones en las cuales las personas realizan sus desplazamientos, es importante atender esta crisis humanitaria desde mecanismos eficaces y articulados, como por ejemplo, la creación de corredores humanitarios de acogida en los cuales las personas puedan ejercer su derecho a la libre movilidad con seguridad. Es por ello que hacemos un llamado a los Estados para liderar los procesos de entregas de ayuda humanitaria en cada uno de sus territorios, lo cual implica proveer lugares de descanso temporal, acceso a alimentos básicos, acceso a sistemas de salud (principalmente para grupos sociales en una situación de mayor vulnerabilidad) y cualquier otra operación que fuese necesaria para garantizar la vida y seguridad de las personas.

 

Los Estados deben avanzar hacia una pronta regularización del estatus migratorio de las personas, para que este desplazamiento se realice con una plena garantía del goce y disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir a erradicar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles. Deben evitar poner el énfasis en si estas personas están en tránsito, de manera temporal o como destino final, y enfocar sus esfuerzos en garantizar su dignidad humana. Alternativamente, puede establecerse procesos de flexibilización de requisitos para el acceso a documentación migratoria e incluso pensar en procesos de amnistía migratoria.

 

Solicitamos a cada Estado que adopte medidas para una rápida y efectiva identificación de las personas que se encuentren en la necesidad de protección internacional tal y como lo han planteado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta medida puede llevarse a cabo en este contexto a través de la implementación de reconocimientos colectivos de la condición de refugiados/as.

 

Las medidas de regularización migratoria, como la identificación de la necesidad de protección internacional, son pasos fundamentales para que se puedan abrir espacios para la integración local de las poblaciones.

 

La región cuenta con una amplia tradición y marcos jurídicos para la movilidad humana. Los Estados deben asegurar la no regresión de los estándares establecidos en los marcos jurídicos internacionales y regionales en esta materia. Deben además responder a la implementación de las recomendaciones y opiniones consultivas de los órganos y mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los Estados para que tomen medidas proactivas en la defensa de los derechos de las personas y rechazamos cualquier forma de abordar este tema desde un enfoque securitista. En consecuencia, conminamos a los Estados a no tomar medidas violatorias a los derechos como el cierre de fronteras, las deportaciones y expulsiones colectivas y otras formas de criminalización de la movilidad humana.

 

Esta crisis ha activado a un gran número de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos, cuyos miembros y voluntarios están haciendo frente a las necesidades de los venezolanos forzados a migrar. Los Estados deben reconocer y apoyar el trabajo de estas organizaciones, facilitando espacios de coordinación con las entidades oficiales para asegurar una respuesta eficaz a la situación.

 

Hacemos un especial llamado a los Estados para que tomen medidas para proteger a las personas defensoras de los derechos de los migrantes y refugiados contra cualquier amenazas y represalias derivadas del desarrollo de su labor.

 

Conminamos a los Estados a que se cumpla el ejercicio integral de derechos por parte de la población venezolana y que de esta manera se garantice mecanismo para el acceso a derechos y servicios básicos. En particular solicitamos tener en mayor consideración las necesidades diferenciadas de niños, niñas, adolescentes, mujeres (particularmente de las que se encuentran en estado de gestación), personas afectadas por enfermedades y con requerimientos especiales de salud, población GLBTII, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.

 

Convocamos a la sociedad civil a tener una mirada de empatía y solidaridad con estas poblaciones desplazadas, evitar cualquier acto de discriminación, xenofobia y violencia. Debemos recordar que en algún momento de su historia los países de la región han sido expulsores de su población. Por muchas décadas Venezuela fue un país receptor de muchas de estas personas. Como en su momento se demandaron medidas humanitarias para garantizar sus derechos, en estos momentos debemos ver en cada ciudadano/a venezolano/a obligado a migrar una oportunidad para retribuir la ayuda brindada a nuestros compatriotas.

 

Hacemos un llamado los organismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que continúen monitoreando y condenando las violaciones a los derechos humanos que se presentan cada vez con mayor frecuencia por la magnitud del reto que enfrenta la región. Todo ello, con la finalidad de identificar y trabajar de manera conjunta en la causa del problema.

 

Finalmente, hacemos un llamado para concretar lo más pronto posible un foro hemisférico en donde todos los actores involucrados podamos contribuir a identificar y diseñar las mejores herramientas y mecanismo para lograr todos los objetivos aquí planteados. Ante ello, manifestamos nuestro total compromiso con los Estados y organismos internacionales para colaborar en la realización de tan importante evento.

 

América y el Caribe, 22 de agosto de 2018

 

- Organizaciones firmantes del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana / Regional

 

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Amnistía Internacional

Asylum Access

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

International Institute on Race, Equality and Human Rights

Mercy Corps

Oxfam, Regional

Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe (RJM_LAC)

Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC)

Washington Office on Latin America (WOLA)

Argentina

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Brasil

Caritas Arquidiocesana de São Paulo

Conectas Direitos Humanos

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)

Missão Paz

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados Brasil (SJMR Brasil)

Chile

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales

Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Costa Rica

Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI)

Ecuador

Misión Scalabriniana

Estados Unidos

Visión Democrática, Diáspora Venezolana (EEUU)

México

Sin Fronteras IAP

Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad

República Dominicana

Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ

Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)

Venezuela

Acción Solidaria
Asociación Civil Movimiento Vinotinto

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Justicia y Paz - CEPAZ

Conferencia Episcopal Venezolana

Pastoral Social Cáritas de Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

- Adhesiones de organizaciones al pronunciamiento

129 entre comités, colectivos, comisiones y asociaciones

Incluye la adhesión del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH, Ecuador

 

- Adhesiones de individuos al pronunciamiento

47 individuos entre catedráticos, activistas, movimientos y profesionales.