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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la Red de Movilidad Humana Región Costa, a través de una delegación estuvo presente durante el desarrollo del denominado Operativo de Control e Intervención dirigido a la recuperación del espacio público “Chamos”, para desalojar a población mayoritariamente venezolana asentada informalmente en polideportivo frente al terminal terrestre en Guayaquil el 1 de octubre de 2019 a las 12H00.

 

A continuación, resumimos las principales observaciones del operativo policial:

 

 

La operación estuvo presidida por el Municipio de Guayaquil, con apoyo de la Gobernación de la Provincia, a través de la Policía Nacional. El número de efectivos de la Policía Nacional registrados fue: 68 agentes del cuerpo policial UMO, 50 agentes de la unidad policial GOM, 8 policías de migración, 4 agentes de la DINAPEN, agentes antinarcóticos y dos de la Unidad Policial de Caninos. Además, se registró a 37 agentes de la Policía Municipal.

 

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En el momento de la operación se encontraban aproximadamente 150 personas civiles, en su mayoría venezolanos, pero también de nacionalidad colombiana y un marroquí. En este grupo de personas afectadas, se registró a 10 mujeres embarazadas.

 

La fuerza pública combinada desplazó por la fuerza a todo el grupo de civiles para sacarlos del complejo polideportivo y trasladarlos a la vía pública del Intercambiador Vial -Autopista Narcisa de Jesús Terminal Terrestre para el cateo corporal. Mientras tanto, se decomisó y destruyó colchones, bases de madera, ropa, utensilios de cocina y otras pertenencias que fueron depositadas usando 1 tractor municipal en una volqueta de la empresa concesionaria Puerto Limpio.

 

Temprano en la mañana, antes de la ejecución del desalojo, el CDH recibió información sobre el ofrecimiento de un ciudadano particular para acoger a 30 familias de este grupo, en un establecimiento ubicado en la Cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil. Con la finalidad de verificar las condiciones del acogimiento ofrecido, este ciudadano particular trasladó en una camioneta roja a una comisión de venezolanos integrada por 4 mujeres y 3 varones, mientras se desarrollaba el desalojo que duró aproximadamente dos horas.

 

El CDH constató que aproximadamente 80 personas, en su mayoría hombres, fueron trasladadas a un colegio de la Cooperativa Sergio Toral 1. Este traslado ocurrió en dos camiones con membrete del Municipio de Guayaquil.

 

Somos testigos de la reacción pacífica y obediente de la población desalojada. Al final, la Policía Nacional mostró droga, presumiblemente marihuana.

 

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Consideraciones Generales:

 

El CDH no cuestiona las atribuciones del Estado para recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad ciudadana de nacionales y migrantes. Cuestiona el procedimiento meramente policial sin incluir plan de contingencia que proteja integralmente seguridad de personas vulnerables.

 

No existió coordinación previa interinstitucional que incluya la intervención de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que puedan brindar una respuesta integral y no meramente policial. Recordamos que el Municipio se habían mostrado interesados en diseñar respuestas integrales de corte humanitario para esta población vulnerable. El CDH, junto a la Policía de Migración, desarrolló hace pocas semanas actividades de recreación e integración con población venezolana ahora desalojada del sitio.

 

Al parecer esta medida policial surge como respuesta reactiva al incidente ocurrido el domingo 29 de septiembre de 2019, entre skaters, usuarios del polideportivo, y población venezolana asentada en este lugar desde hace varios meses.

 

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Se notó la ausencia de plan de contingencia indispensable para garantizar la seguridad e integridad de la población desalojada que incluyen niños, personas con capacidades especiales y mujeres embarazadas. Anotamos que la población venezolana en situación de calle tiene características de personas con necesidad de protección internacional, es decir son grupo de atención prioritaria por parte del Estado de Ecuador. La población venezolana nos manifestó el temor de ser deportados por su condición migratoria.

 

Es alarmante que la magnitud de esta operación incluya de forma improvisada la intervención de ciudadano particular que ofrece alojamiento en su propiedad no utilizada sin que se garantice la seguridad e integridad de las personas trasladadas y el temor a reacción adversa de comunidad aledaña.

 

El CDH concluye que lo actuado hoy por parte de la fuerza pública combinada constituye en un grave caso de desalojo forzoso de población vulnerable. El Estado, frente a sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, y particularmente para brindar seguridad ciudadana, debió diseñar previamente respuestas integrales para este caso que eviten la criminalización de la pobreza. La población actualmente desalojada se encuentra mucho más vulnerable y disminuida al extremo en sus condiciones de vida y protección personal.

 

Guayaquil, 1 de octubre de 2019

 

Billy Navarrete Benavidez
Secretario Ejecutivo del CDH

 

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