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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El Estado debe velar por los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres, hacer justicia en los casos donde ellos han sido violentados.

 

Paola del Rosario Guzmán Albarracín murió el 13 de diciembre de 2002 tras ingerir una alta cantidad de diablillos, un compuesto toxico de fósforo blanco usado para la elaboración de explosivos caseros a propósito de las festividades de Navidad y de fin de año, en Ecuador. Once centavos y la angustia de un embarazo no deseado, a causa del acoso y abuso sexual que habría recibido por parte del vicerrector de su colegio, bastaron para terminar con su vida.

 

 


Para ese entonces, en Guayaquil, ocurrían particulares fenómenos como expresión de fuertes contradicciones y deterioro social de larga data y ondas motivaciones. Recordemos varios hechos paralelos, documentados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que rodearon la muerte de Guzmán, considerando el aspecto sistémico de las violaciones de derechos humanos.


El Plan “Más Seguridad” del Municipio de Guayaquil, en conjunto con la Policía Nacional y con apoyo de grupos empresariales, se encontraba el plena ejecución desde el 13 se septiembre del 2000 bajo la asesoria William J. Bratton, ex comisionado de la alcaldía de New York y creador del concepto de “tolerancia cero”. En el 2002, el CDH registró en Guayaquil 12 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidos por fuerza pública, 82 caso de tortura y 215 casos de detención arbitraria.


Ese año, el CDH publicó un informe sobre “Ajusticiamientos en la Vía Perimetral del Guayaquil” que suma 74 cadáveres hallados periódicamente durante la noche entre matorrales, con las extremidades atadas, con cinta adhesiva o cordones de zapatos, el rostro cubierto con la camiseta y huellas de graves torturas. Disparos a corta distancia con impactos en cabeza y tórax, algunos con trayectoria de atrás hacia adelante. Muchas víctimas fueron capturadas por sujetos vestidos de civil fuertemente armados y embarcadas a la fuerza en autos sin placas luego de perseguirlas o violar sus domicilios. Algunos familiares denunciaron que recibieron llamadas telefónicas anónimas indicándoles dónde pueden recoger el cadáver de su familiar.


Mientras tanto, en la madrugada entre el 22 y 23 de agosto de 2002, desde las 23:00 hasta las 01:00 aproximadamente, se desarrolló un operativo de desalojo forzoso -de fuerza combinada entre agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y civil, presuntamente funcionarios del Municipio- a aproximadamente 1 500 familias, en el sector de “La Maternidad”. Esto se ejecutó pese a un recurso jurídico que impedía la acción de la autoridad hasta la resolución del juez; sin embargo, se efectuó con excesivo uso de fuerza y con un gran despliegue de maquinaria para demolición rápida de viviendas.

 

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Foto de Marcha Feminista el 8 de marzo de 2019 por Avenida 9 de Octubre en Guayaquil 

 


Caso Paola Guzmán


Guzmán tenía 14 años cuando comenzó a sufrir acoso por parte de Bolívar Espín Zurita, vicerrector del colegio Miguel Martínez Serrano, ubicado en Guayaquil, donde estudiaba. Al estar próxima a perder el año escolar, por el bajo rendimiento académico en dos materias, Espín le ofreció su ayuda a cambio de que saliera con él. Tras un acuerdo entre Petita Albarracín, madre de Guzmán, y el Vicerrector Espín, la adolescente repitió el año; sin embargo, el acoso no cesó y se concretó en abuso sexual cuando Espín obligó a Guzmán a tocarle sus partes íntimas; luego desde octubre del 2002, la violó.


Guzmán quedó embrazada y Espín al enterarse la envió con el doctor del colegio para que le practicara un aborto, pero este, como condición para practicarle el aborto, le pidió que tuviera relaciones sexuales con él. Guzmán no solo tenía que lidiar con la presión del embarazo, sino también con el acoso de un segundo agresor. Debido a esta situación de opresión y de vulnerabilidad, ella decidió suicidarse.


Cuando Guzmán ingirió los diablillos solo les contó a sus amigas; ellas trataron de ayudarla y cuando los dolores se hicieron presentes, ellas avisaron a las autoridades educativas, pero nadie hizo nada.

 

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Foto de la "Batucada Feminista" durante marcha por Día de la Mujer en 2019 

 


Estando en la enfermería, la inspectora del colegio le dijo que pidiera perdón a Dios por sus pecados; no buscaron atención médica, no la llevaron a un hospital y no llamaron a su madre para avisarle que su hija estaba muriendo, lo hizo una de sus amigas. Guzmán pudo haber sobrevivido si se le hubieran brindado una atención rápida y oportuna. En la madrugada del 13 de diciembre murió. En el hospital, la madre se enteró de las causas del suicidio de su hija: el acoso y el abuso que había sufrido.


Frente a un caso como este, las autoridades del colegio, los medios de comunicación, la justicia, el Ministerio de Educación y el Estado ecuatoriano no hicieron nada. Dos días después de la muerte de Guzmán, la prensa escrita no lo registraba. Entre las grandes noticias que publicaron estuvieron: la inestabilidad política y económica que vivía el país.


El 15 de diciembre de 2002, el diario El Universo informó que el número de suicidios, a causa de la ingesta de diablillos, había ascendido a 102. En esa lista estaba Paola Guzmán e indicaron que su muerte fue a causa de una decepción amorosa. Los medios de comunicación no informaron sobre las verdaderas causas del hecho, normalizaron el acoso y el abuso a una menor. Ella era una adolescente y su violador tenía 65 años y ejercía una relación de poder directa, por su condición de autoridad y de hombre mayor. La diferencia de edad eran 49 años.


De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, vigente 22 días después de la muerte de Guzmán: “constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio”.

 

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 Fotos de rueda de prensa que anunció trámite en Corte Interamericana de Derechos Humanos

 


Denuncia


Días después de la muerte de Guzmán, sus padres denunciaron a Bolívar Espín. En 2003, tras la investigación, se lo imputó por el delito de acoso sexual, pero no por violación e instigación al suicidio. En 2004, la administración de justicia dictó una orden de prisión preventiva contra Espín, pero se fugó. El mismo año, Espín fue destituido del cargo como vicerrector, por abandono injustificado del cargo. En 2005, fue sentenciado a pagar una indemnización de USD 25 000, por la demanda de daño moral presentada por la madre de Guzmán. Espín siguió sin comparecer ante la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron en 2008. El colegio no lo destituyó como agresor sexual ni como parte de un protocolo para la protección de las demás niñas. El caso prescribió.


Después de 18 años y luego de agotarse todos los recursos de justicia en el país, la madre de Guzmán junto al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos presentaron este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo en Informe No. 76/08, del 17 de octubre de 2008 señala: “Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho instrumento, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares”.

 

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 Foto de Pepita Albarracin, madre de Paola Guzmán

 


El pasado 28 de enero de 2020, el caso de Paola Guzmán Albarracín vs Ecuador tuvo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en el primer caso de violencia sexual, en el ámbito educativo, que llega a esta instancia de protección regional de derechos humanos. Ahora se espera el fallo que permita que la muerte de Guzmán no quede en la impunidad.


El fallo de la corte significará, para el país y la región, un gran paso para la prevención de la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo y además un acto de justicia para todas las víctimas de estos delitos. Además obligará al Estado ecuatoriano a reconocer su responsabilidad en la violación de derechos humanos de niñas y adolescentes, a dar una reparación integral a la familia de Guzmán y a sancionar a sus agresores; de igual manera, deberá tomar acciones inmediatas para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo.

 

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 Foto de acto de campaña "Niñas, No Madres" en la Plaza San Francisco de Guayaquil el 28 de mayo de 2019

 


Cifras


Según Informe del Consejo nacional para la Igualdad Intergeneracional “Niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo” (septiembre 2014) en el 2011, fallecieron 2.359 adolescentes. En el caso de las adolescentes mujeres de 12 a 17 años, el suicidio es la primera causa de muerte, en segundo lugar estas los accidentes de tránsito, en tercer lgar las muertes por embarazo y parto, y en cuarto lugar los homicidios. Estas cuatro causas representan el 24% de las razones de fallecimiento en el grupo de mujeres y corresponde a 211 fallecimientos.


Según cifras de la Fiscalía, para octubre del 2019, en el país existieron 6 904 noticias sobre abuso sexual a menores de 14 años. También se indicó que en el sector educativo, el 74% de los abusos sexuales son perpetrados por docentes; el 21% por estudiantes y el 4% por personal administrativo o de limpieza. En el 2017, varios casos de abusos sexuales a niños y niñas en colegios de Guayaquil salieron a la luz pública.

 

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 Foto de acto contra la violencia a la mujer y la xenofobia el 21 de enero de 2019 en Plaza San Francisco

 


La situación en el Ecuador, desde la muerte de Guzmán y frente a casos de violencia sexual a niñas, niños, adolescentes y mujeres no ha cambiado mucho o no lo suficiente para que las escuelas y colegios sean espacios seguros y libres de acoso y abuso sexual.


Si el sistema educativo sigue teniendo entre sus filas a violadores y si esta se fundamenta en una educación en base a prejuicios y estereotipos de género que perpetúa la desigualdad y la discriminación de niñas y adolescentes, los protocolos de acción ante estos delitos no funcionarán. Además, no se logrará nada si el sistema judicial sigue revictimizando a las víctimas de violencia sexual y de género en procesos lentos que no trasmiten protección y seguridad para las víctimas, sino más bien crea un estado de culpabilidad del delito hacia ellas.

 

 


Libertad de manifestación pacífica y prácticas artísticas


Frente a este escenario adverso, el movimiento de mujeres y feminista en el Ecuador es un reconocido actor social consolidado, reflexivo y en constante transformación, que sigue con el carácter progresivo de los Derechos Humanos. Hay varias generaciones de mujeres que han alcanzados valiosos avances contra la discriminación en diferentes ámbitos, exigidos en las calles, en las plazas y en los parques.


El espacio público, para el disfrute de las libertades, es esencialmente un escenario en disputa y de contradicción de relatos promovidos por procesos sociales de larga data. La acción pública de las mujeres para reclamar sus derechos en Guayaquil sigue poniendo por delante el carácter feminista, no partidista, anticapitalista, antipatriarcal y antixenofóbico, creando diálogo entre las clásicas consignas y nuevas formas de expresión a cargo de las jóvenes activistas.

 

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Foto de performance de "Las Criadas" inspirados en novela de Margaret Atwood el 13 de agosto de 2019 en Plaza San Francisco de Guayaquil 

 


Las prácticas artísticas colectivas, coreográficas, musicales y poéticas han irrumpido en el espacio urbano, en defensa del cuerpo y denunciando con vehemencia el ambiente opresor y de miedo imperante. Estas nuevas experiencias de intervención ciudadana con fuerte impacto en la opinión pública a través, básicamente, de las redes sociales se enfrentan a discursos de grupos antiderechos, vinculados a sectores conservadores y clericales, que condenan sectariamente al movimiento feminista y de género diverso.


En 1985 se publicó la icónica obra de la escritora canadiense Margaret Atwood, titulada “El cuento de la criada”. En agosto y en septiembre de 2019, en el centro de Guayaquil un grupo de jóvenes activistas realizaron intervenciones perfománticas basadas en la obra literaria para denunciar la violencia que sufren las mujeres y las niñas en el país. Asimismo, el 13 de agosto de 2019, en la Plaza San Francisco de Guayaquil el colectivo Aborto Libre leyó un manifiesto que incluyó el siguiente fragmento: “Hoy las mujeres que estamos en esta plaza nos resistimos al silencio, nos resistimos a la impunidad en casos de violencia sexual, nos resistimos a los secretos familiares que encubren violadores, nos resistimos a la clandestinidad, nos resistimos a la criminalización de la pobreza, nos resistimos a que se descarten nuestros derechos, nos resistimos a las maternidades forzadas”.


Con el empleo de rutinas críticas no convencionales, como prácticas de representación artística, el feminismo contemporáneo está nutriendo de significados a otros procesos sociales de exigibilidad de derechos humanos. Estas acciones reviste de cierta solemnidad la intervención pública, en términos de proceso de producción y de debate vigorizante al interior del colectivo. De este modo, se desmonta el señalamiento estigmatizante hacia el activismo en el espacio urbano, se promueven interpretaciones diferentes de la participación política y las preocupaciones de la juventud sobre los males del mundo heredado.


La revolución será feminista o no será, se lee en un cartel de cartón reciclado que carga orgullosa una joven activista que grita: “niñas, no madres”, en noviembre pasado en el centro de Guayaquil.

 

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Foto de performance el 13 de agosto de 2019 para exigir no penalizar el aborto por violación. 

 

 

Por: Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH y miembro de la Junta Directiva del CEPAM Guayaquil /

Marilyn Urresto, estudiante de sociología de la Universidad de Guayaquil y pasante de CDH.

Fotos: Andres Loor y Billy Navarrete

Este artículo originalmente fue escrito para Cuadernos de la Casa de la Cultura, Nucleo del Guayas, edición marzo 2020

 

 

 

Bibliografía

Código de la niñez y adolescencia (ley Nº.2002-100). (3 de Julio de 2003). Obtenido de https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf
El Universo. (15 de diciembre de 2002). Obtenido de https://www.eluniverso.com/2002/12/15/0001/10/D43D64ABAC274C229FFC5843EFC92AA3.html
Fiscalia General del Estado . (octubre de 2019). Obtenido de https://www.fiscalia.gob.ec/secciones/boletines/2019/
Humanos, C. I. (2008). Informe nº 76/08 Paola del Rosario Guzman Albarracin y sus familiares.