Reducir instituciones públicas no es eficiencia ni modernización; es negligencia.
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la fusión y eliminación de varios ministerios–entre ellos, el de la Mujer y Derechos Humanos, el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras instituciones–representa un grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país. Esta decisión no solo debilita la arquitectura institucional encargada de proteger y garantizar derechos. Además vacía de contenido político y operativo las políticas públicas que requieren liderazgo específico, enfoque técnico y presupuesto adecuado.
En un contexto donde el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos apenas alcanzó los USD 12,44 millones en 2025, en contraposición al gasto destinado a seguridad y defensa que bordea los USD 3.600 millones, esta fusión expone de forma clara las prioridades del gobierno: más represión. Mientras el sector social opera con presupuestos mínimos, el gasto destinado a seguridad y defensa es casi 300 veces más que lo asignado a políticas sociales y derechos humanos.
Esta desproporción presupuestaria no es neutral ni técnica; es política. Supone una apuesta deliberada por la militarización y el castigo, en lugar de una inversión estructural en prevención, reparación, igualdad y justicia socio ambiental. Al eliminar ministerios como el de la mujer, cultura, deporte, ambiente, el Estado se deslinda de su rol rector en áreas fundamentales para la vida de millones de personas, especialmente niñas, mujeres, adolescentes, pueblos y nacionalidades, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y sectores históricamente excluidos y, en cambio, favorece el rol e intereses de sectores privados.
En el caso del ambiente, es evidente que el ministerio ya era deficitario en la prevención de afectaciones al ambiente, naturaleza y comunidades y en el control de actividades incluidas pero sin limitarse a diversas formas de extractivismo. Ahora, “fusionarlo” al Ministerio de Energía y Minas realmente es subordinar el “controlador” a los controlados. Adicionalmente, dado que el ámbito de acción del Ministerio del Ambiente no se limita a energía y minas, someterlo a éste es claudicar ante la complejidad de la protección del ambiente y la naturaleza. Por poner un ejemplo, ¿qué voluntad política y capacidad tiene el Ministerio de Energía y Minas para una efectiva gestión estatal frente a agrotóxicos?
De igual forma, a pesar de las recomendaciones de múltiples organismos internacionales orientadas a fortalecer la institucionalidad y garantizar una adecuada implementación de la política pública de rehabilitación social en el marco de la crisis carcelaria, el Estado optó por trasladar esta competencia al Ministerio del Interior. Esta decisión desconoce que la gestión penitenciaria debe regirse por un enfoque de rehabilitación, no de control policial. La participación de la Policía Nacional en la administración penitenciaria, especialmente en años anteriores, facilitó la infiltración de redes criminales dentro del sistema, al generar estructuras de privilegio entre personas privadas de libertad que colaboraban con información, profundizando las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad entre la población carcelaria.
Así mismo, la eliminación del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Cultura limita seriamente la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento forzado. En el contexto actual, marcado por el aumento de la violencia y la presencia del crimen organizado en territorios urbanos y rurales, se requieren acciones sostenidas que fortalezcan el tejido social, promuevan espacios públicos seguros y ofrezcan oportunidades de participación, formación y recreación. Sin instituciones responsables de liderar políticas en cultura y deporte, se reduce la posibilidad de implementar estrategias de inclusión y reintegración social, fundamentales para prevenir que las juventudes sean captadas por redes delictivas. Estas áreas no pueden entenderse como complementarias, sino como parte esencial de una política integral de seguridad y derechos.
La desaparición de carteras ministeriales implica más que ahorro burocrático y sentido de eficiencia. Significa la pérdida de enfoques y obligaciones diferenciadas, liderazgo político, institucional y técnico para impulsar agendas públicas que protejan de manera diligente derechos. Así también, la pérdida de personal técnico, especializado e institucionalmente independiente para cumplir su rol. Sin una institución autónoma y con rango ministerial, las políticas de género, niñez y adolescencia, juventudes o derechos humanos, colectivos y de la naturaleza quedan invisibilizadas, subordinadas o fragmentadas dentro de estructuras que responden a otras prioridades y que obedecen a interés de sectores privados.
Frente a la crisis humanitaria y de violencia estructural que vive el país, lo que se requiere es más inversión en protección social, educación, salud, ambiente y naturaleza sana, interculturalidad, igualdad, justicia y reparación. No, una reducción unilateral, acelerada y arbitraria del estado. No, una regresión institucional que elimina las pocas herramientas con las que se contaba para enfrentar esa misma crisis desde un enfoque de derechos.
Una institucionalidad debilitada o inexistente equivale a menos atención, menos presupuesto, menos prevención, menos garantías y, en definitiva, menos derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Recordamos que algunas de las instituciones públicas que desaparecen a través de la fusión, como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tuvieron origen en el desarrollo de procesos sociales de exigencia y movilización y en el compromiso del Ecuador de cumplir de buena fe sus obligaciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos. Un Estado que arbitrariamente desmantela su institucionalidad no es más eficiente, es más injusto, más aún cuando los recortes y decisiones estatales responden a lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acogidos por el gobierno de turno.
Por lo anterior, exigimos al Gobierno:
- Dejar sin efecto el Decreto 60 y revertir de inmediato la decisión de eliminar o fusionar ministerios fundamentales para el cumplimiento de derechos.
- Garantizar la sostenibilidad institucional de las políticas de género, derechos humanos, niñez, juventudes, pueblos indígenas, afroecuatorianos, montuvios, campesinos, poblaciones vulnerables, migraciones, territorios entre otros.
- Redistribuir el presupuesto del Estado de forma proporcional y justa, para asegurar que las políticas sociales no sean sacrificadas en nombre de una falsa austeridad mientras se sostiene un gasto desbordado en seguridad.
De manera reiterada llamamos a la comunidad internacional, particularmente a los órganos de los Sistemas de Protección de Derechos, Interamericano y Universal, para que estén vigilantes de lo que ocurre en el país. Para que de manera proactiva y en el marco de sus mandatos le recuerden al Estado las obligaciones convencionales que tiene en materia de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Particularmente, las obligaciones de promoción y garantía de la labor de defensores y defensoras de derechos. Su labor cobra vital importancia en este contexto y podrá resultar especialmente estigmatizada y criminalizada, como ya lo ha venido siendo en los gobiernos de Daniel Noboa.
Rechazamos un modelo de Estado neoliberal y violento que sacrifica derechos humanos, colectivos y de la naturaleza y prioriza el control mediante la represión y el abandono.
¡Los derechos no se negocian, se defienden!
25 de julio de 2025