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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Estudiantes universitarios acudieron a la concentración realizada en la Plaza San Francisco.

 

En la Plaza San Francisco, de Guayaquil, se replicó la convocatoria de Quito. María Andrade, de 18 años, escuchaba ensimismada a las representantes del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) mientras relataban la historia de Norma.

 

 

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La estudiante de la Universidad de las Artes acudió con otros 59 compañeros de clase y, aunque sabe de la violencia sexual que padecen las mujeres a diario en el país, desconocía que “la situación fuera tan grave”, dijo.

 

Los jóvenes son alumnos de Andrea Crespo, docente de la institución que, como parte de las actividades curriculares, los llevó a la convocatoria. “A veces las personas hacemos caso omiso a lo que está pasando, o simplemente desconocemos estos casos”, reiteraba la estudiante. Y fue justo lo que Billy Navarrete, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expuso durante el evento.

 

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“La invisibilidad en las normas ecuatorianas de este problemática atenta especialmente a la salud de las niñas”, dijo Navarrete. Por ejemplo, el embarazo de Norma, solo por el hecho de tener 13 años, pudo poner su vida en peligro, pero en el centro de salud donde la atendieron no le dieron información al respecto.

 

De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Ese embarazo pudo matar a Norma.

 

Nadie le dijo que la leyes le permitían abortar si se comprobaba que su vida estaría en riesgo. Según el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) el aborto no será punible si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Tampoco será penalizado si se da por un embarazo por violación si la víctima tiene discapacidad mental.

 

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Navarrete explicó que actualmente las normas no privilegian la salud de las menores de edad, como el caso de Norma, porque las leyes no lo reconocen y dan cabida a la impunidad. “El Estado no está cumpliendo con el acceso (a la información) pertinente que requieren las niñas que tienen esa opción (acogerse al articulo 150 del Coip). Deciles: ‘tienes esta opción. Tu vida, tu salud está en riesgo”, explicó Lita Martínez, del Cepam.

 

Una decena de pupitres se extendieron en la plaza con los nombres de niñas que pasaron situaciones similares al caso de Norma, pues según Martínez, su caso no es un hecho aislado y por hecho difunden la campaña “Son niñas, no madres’ (#NiñasNoMadres) con la cual mueven la causa a través de las redes sociales.

 

El año pasado, 35.166 adolescentes embarazadas fueron atendidas en el sistema de salud pública en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

 

Tomado de Diario Expreso de Guayaquil / Gelitza Robles / 29 mayo 2019

Fotos Andres Loor Moreira

 

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