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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 InformeCDH2013

 

 

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El 2013 se constituyó en un periodo de expansión del clima adverso al disfrute de los derechos y libertades fundamentales en el Ecuador. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH reclamó continuamente por hechos que generaron alarma en diversos colectivos ciudadanos, debido a la afectación a Derechos Humanos consagrados primordialmente en la actual Constitución de la República y en las normas internacionales de protección de Derechos Humanos suscritas por el Estado.

 

 

Las preocupaciones en materia de Derechos Humanos en el Ecuador en este periodo, ensombrecieron los avances en materia vial, servicios de salud, programas de inclusión social y la política exterior sobre el principio de soberanía nacional. Además empañaron la inversión realizada en infraestructura de la Administración de Justicia, Policía Nacional y cárceles, entre otros aspectos favorables del Gobierno del economista Rafael Correa.

 

Un valioso haz de esperanza en la lucha contra la Impunidad, reconocido por el movimiento de Derechos Humanos, fue la reciente judicialización de Crímenes de Lesa Humanidad y graves violaciones a los Derechos Humanos registrados por el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador en el 2010. Logros alcanzados luego de largas luchas de colectivos ciudadanos excluidos y movilizados por una vida digna.

 

En el 2013 el CDH se unió a las voces que reclamaron por las acusaciones públicas e infundadas en contra del cantautor y militante de Derechos Humanos Jaime Guevara; la sentencia al dirigente indígena José Acacho por ejercer libertad de manifestación contra la Ley de Aguas; la amenaza de negar cupo en colegios fiscales a estudiantes que protesten contra el Gobierno; la destrucción arbitraria de cientos de casas durante desalojos forzosos en Monte Sinaí, la penalización al caricaturista Bonil por ejercer su oficio; la vigilancia de inteligencia policial a los colectivos que recogen de firmas para la Consulta Popular por explotación petrolera en Yasuni ITT.

 

Es altamente preocupante la orden de explotación petrolera en áreas de reservas naturales donde habitan pueblos en aislamiento voluntario; el carácter represivo y castigador de disposiciones del Proyecto de Código Penal y las reformas restrictivas de los ya golpeados derechos de los trabajadores en el proyecto de Código Laboral.

 

Resalta en este intimidador escenario, la disolución de la Fundación Pachamama ejecutada el 4 de diciembre del 2013 por el Gobierno Nacional. El CDH calificó esta acción como cruda represalia por la acción en defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza en el Ecuador. La acción del Gobierno Nacional fue grave y desproporcionada al adoptarse en el contexto de las protestas por la explotación petrolera en la Amazonia, sin que se le garantice el derecho a la defensa y al debido proceso al colectivo disuelto.

 

El uso del Decreto 16 en este caso profundiza las preocupaciones que organizaciones sociales del Ecuador hemos manifestado en contra de esta norma secundaria, especialmente por su efecto discrecional, intimidatorio y controlador.

 

Progresivamente vemos estrecharse las vías del diálogo del Gobierno con sectores sociales que reclaman la vigencia de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Vemos el aumento de la violencia verbal y estigmatización desde el poder contra ciudadanos que natural y sencillamente se manifiestan opuestos a la gestión gubernamental. Consideramos que el agravamiento de estas expresiones no contribuye a generar un acuerdo social sino todo lo contrario.

 

El presente informe incluye tendencias violatorias de los Derechos Humanos registrados en Guayaquil por el CDH. Cientos de pobladores desamparados por efecto de desalojos forzados; refugiados perseguidos, extorsionados y hostigados por su nacionalidad; cateo abusivo a mujeres y niños familiares de privados de la libertad, son situaciones que deben llevarnos a reflexionar sobre el destino del sendero que transitamos, el que construimos diariamente. Lo descrito en este informe debe provocar en las autoridades del Estado ecuatoriano una revisión exhaustiva de sus mecanismos para el manejo de las contradicciones sociales, comunes en cualquier sociedad democrática, evitando la generación de un clima de alarma, confrontación política, temor y desconcierto.

 

Guayaquil, enero 2014

 

Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH