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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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La tarde del 27 de enero de 2015, Víctor Laz Jama terminó su jornada de labores en la cevichería donde trabajaba, en uno de los suburbios de Guayaquil, y se dirigió a las canchas de fútbol para encontrarse con sus amigos.

 

 

Pero, antes de llegar, fue abordado por los policías Geovanny Alexandro M. V. y Washington Daniel V. V., bajo sospecha de ser consumidor y vendedor de marihuana en el sector. Sin embargo, no le encontraron sustancia alguna, ni para justificar una aprehensión flagrante.

 

Pese a eso –y sin haberle leído sus derechos o información sobre los motivos de su detención– se lo llevaron a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) lejana al lugar de su privación de libertad y lo pusieron a órdenes del entonces capitán Lenin David P. U.

 

Lo encerraron en la sala de reuniones de la UPC. Lenin David P. U. inició el interrogatorio para verificar si Víctor era consumidor o vendedor. Habrían buscado que se declare culpable. Primero intimidó y amenazó a la víctima. Después lo estigmatizó llamándolo "mal ejemplo para la juventud y la sociedad".

 

Como no aceptaba los "cargos", vinieron los "huachazos (golpes fuertes en el cuello), golpes de puño y de tolete sobre sus brazos y piernas, hasta hacerle gritar y sollozar para que deje de agredirle", según la exposición de Fiscal en el dictamen acusatorio.

 

En uno de esos golpazos –propinado con el tolete por Lenin David P. U. –, Víctor levantó su mano izquierda para protegerse. Esa lesión está latente hasta la actualidad.

 

Después de los golpes –y ante la negativa de Víctor de aceptar la lluvia de acusaciones– aplicaron descargas eléctricas en varias partes de su cuerpo. La más fuerte fue en el cuello: quedó inconsciente y en el piso.

 

El policía Richard Michael A. L. estuvo en esa sala de reuniones: vio todo el proceso de tortura y no pronunció palabra o ejecutó acción alguna para detenerlo.

 

Dos policías subalternos entraron a la sala –después de escuchar por más de una hora los gritos de dolor y de súplica del torturado– para decirle al capitán que Víctor es un cevichero de un restaurante que ellos conocían. Solo entonces lo dejó tranquilo y envió a su chofer a la farmacia por una ampolla y por hielo para aliviarle el dolor.

 

Pero el hombre torturado no estaba bien. Entonces, el capitán lo trasladó en el patrullero hasta la cevichería y se comprometió ante los dueños del local, a reconocer económicamente las lesiones provocadas a Víctor. Eso no sucedió.

 

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Testimonio de Victor Laz Jama

 

Soy Victor Laz Jama, nacido en Santa Ana, Manabí y trabajé los ultimos 3 años en un comedor del centro de Guayaquil.

 

La casa donde vivía queda cerca del Batallón del Suburbio. No había tenido ningún problema con la Policía hasta el miércoles 27 de enero de 2015, cuando aproximadamente a las 16h00, iba caminando a la cancha a jugar futbol con otros amigos cevicheros y fui interceptado por 6 policías vestidos de civil que me agarraron por la fuerza y me dijeron que yo era hachero. Ellos no me dijeron que eran Policía. 

 


Me llevaron al UPC (Unidad de Policía Comunitaria) ubicado en la 28 y O’Connor, me metieron a una sala que no tiene cámara de vigilancia donde estaba el Capitán y otro chico detenido que yo no conocía pero parecía que era especial porque tenía una cicatriz en la cabeza. El Capitán dijo “estos son los que reparten droga en el parque” y comenzó a darnos golpe con el tolete de fierro que cargaba.

 


El otro chico tenía amarrada las manos con una piola, y al darle palo, se le descolocó un brazo y se le desmayó. Luego el capitán comenzó a meternos corriente con una especia de linterna larga. La corriente me hacía doler, me aplicó corriente en el cuello y yo gritaba.

 


Otro policía le reclamó porque estaba haciendo eso. Luego el Capitán mandó a comprar una inyección para el dolor y me puso la inyección en la nalga luego de amenazarme. No me pasó el dolor, durante 3 meses no pude trabajar por el dolor de huesos.

 


Ahí el Capitán me dijo “ya lárgate”. Yo reclamé porque no aparecieron mis zapatos, una gorra y el teléfono. Entonces el capitán dijo “mañana vengo para reconocerte lo de los zapatos y para los remedios, súbete al patrullero para ir a dejar a tu casa”. El capitán me dejó en la casa como a las 18h00.

 


Luego me encontré tres veces con el capitán hasta que cambiaron a todos los policías de ese UPC. Otros policías me han dicho que se sabía que el capitán andaba golpeando desde antes.

 


Guayaquil, 17 de marzo de 2017

 

La resolución del expediente de la Defensoría del Pueblo del Ecuador Nº 6937-DPE-CGDZ8-2015 incluye las siguientes recomendaciones:

 

- Exhortar al señor Cptan. Lenin Perez Unda a adecuar sus actuaciones como servidor público, en el marco del respeto alos derechos y garantías constitucionales de todas las personas, y al cumplimiento de los protocolos especificos en relación al trato con las personas con adicciones a sustancias sujetas a control y fiscalización que se le encuentre, en cantidades que puedan ser consideradas para su consumo.

 

- Recomendar a la Comandancia de la Policía Nacional Zonal 8, que se continúe con las investigaciones internas, de los hechos expuestos, por el ciudadano Victor Laz Jama, tratados dentro del presente expediente.

 

El 4 de enero de 2017 el joven Victor Laz inicia acción penal en la Fiscalía Provincial por el delito de tortura.

 

 

Testimonio de Policía Nacional D. C.

 

Decidí ser policía porque de niño me motivó ver a mi tío uniformado llegar a la casa. Luego apliqué a la policía y actualmente tengo 4 años y 5 meses de servicio.

 

Lo que más me gusta de ser policía es ayudar a la comunidad, he estado en atención ciudadana y personalmente tengo 3 años trabajando de Policía Comunitario.

 

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Dentro de la policía hay cosas buenas y cosas malas. La corrupción depende de cada persona; por ejemplo, me criaron bajo un ambiente evangélico y siempre me estuvieron aconsejando.

 

Antes de que yo sea policía si veían casos de maltrato policial pero en el curso de policía que recibí no nos educaron de esa manera. Nos decían que nosotros teníamos que llegar a la comunidad, hablar con ella, comunicarse con ella y escucharla. Somos mediadores de cualquier problema que haya y tratar de solucionarlo sin agresiones. Personalmente no encuentro el sentido de resolver los problemas a punta del golpe, sino a través del diálogo.

 

Actualmente, estoy pasando por un problema de abuso a los Derechos Humanos a un ciudadano. Yo intenté que el Capitán no golpee a ese ciudadano y ahora el ciudadano ha denunciado a la Fiscalía.

 

He sido sancionado dos veces por mi Capitán porque cuestioné su procedimiento y nadie tenía que meterse. El problema en la policía es que el oficial de policía siempre va a tener la razón sobre la tropa esté bien o mal.

 

El suceso ocurrió el 27 de enero del 2015 cuando dos policías llevaron a dos sujetos acusados de consumir droga al UPC donde estaba de guardia. Mi Capitán salió de la Sala de Reuniones, me impidió registrarlos en la bitácora y comenzó a agredirlos.

 

Escuche que los muchacho gritaban. Uno de ellos comenzó a gritar que no le pegue en la cabeza pues era discapacitado. Yo entré a la Sala de Reuniones del UPC y vi que mi capitán estaba agrediéndolos con un tolete de fierro. Uno de los jóvenes tenía toda la parte lateral y frontal de la cabeza como quemada y por eso decía que no le peguen en la cabeza porque lo podía matar. Le solicité a mi capitán otra vez el permiso para poder coger los datos de los jóvenes y me dijo que me largue a mi puesto de servicio.

 


Luego volví a ingresar a la sala junto a un cabo de policía y vimos que estaban aún los dos jóvenes sentados arrimados a la pared llorando. El cabo identificó a uno de los detenidos como “El Cevichero” quien vende ceviche en la 26 y la L y es una persona sana, que no tenía nada que ver con asuntos de droga, que era una persona del campo, de Manabí, y que era una persona trabajadora.

 

Después de eso mi capitán dejó de pegarle y mandó a comprar, con el conductor de la patrulla, varios medicamentos. Luego de unas 3 horas, mi capitán se llevó a “El Cevichero” a la casa y al otro ciudadano lo manda caminando.

 

3 o 4 horas después llegó mi Capitán al UPC a preguntarme porqué había cuestionado su procedimiento y que me iba a castigar. El 18 o 19 de febrero del mismo año fui castigado por dos ocasiones. Una porque supuestamente estaba viendo videos y la otra por desobedecer disposición de sacar la basura del UPC. Luego de 3 meses aproximadamente, me mandaron a trabajar al circuito 5. No me han llamado del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional pero si acudí a declarar ante la Fiscalía.

 

No sé qué problema tendré por este testimonio, si tendré represalias o problemas con mi Capitán y temo por lo que pueda pasar con mi familia. Conmigo, no mucho pues nacimos para morir.

 

Ver video de testimonio de Victor Laz: http://bit.ly/2nSZKmQ

 

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Formulación de cargos.

 

El 22 de enero de 2020, Con base en cuarenta y dos elementos de convicción, el Doctor Ángel Cujilema, de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadanala, Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de cuatro servidores policiales: Washington V., Geovanny M., Richard A. y Lenin P., por su presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura, cometidos en contra de Víctor L. J., el 27 de enero de 2015, al interior de una Unidad de Policía Comunitaria, en el suburbio de Guayaquil.

 


El Juez de Garantías Penales, Darwin Valencia, acogió el pedido de Fiscalía y dictó las medidas cautelares y de protección contra los cuatro policías, entre las que se incluyen la prohibición de salida del país y la presentación ante la Fiscalía Provincial del lugar donde laboran, tal como lo dispone el artículo 522, en sus numerales 1 y 2.

 


Además, el Magistrado dispuso medidas de protección para la víctima, como evitar que los procesados realicen actos de persecución y acercamiento a ellos en el lugar que se encuentren. Dispuso además el inicio de la instrucción fiscal y el cierre de la misma en un plazo de noventa días.

 

Intimidación.

 

Al complejo judicial llegaron familiares de otras víctimas de abuso policial en UPC y participaron en planton para reclamar justicia. En estas circunstancias y una vez postergada la audiencia, el equipo de agentes fiscales identificó a sujeto de civil dedicado a registrar fotográficamente con su celular a los asistentes. Fiscal Ángel Cujilema, de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana requirió explicación al sujeto no identificado (foto) y este señaló que se encontraba cumpliendo disposición de comandancia de la policía y pidió hablar en privado con Fiscal. El Fiscal se negó y puso al agente encubierto a ordenes de las autoridades competentes.

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH reclama por efecto intimidatorio de incidente en contexto de una reclamación por grave violación a Derechos Humanos. Adicionalmente expresa su alarma por recurrentes operaciones policiales encubiertas documentadas por el CDH desde octubre pasado y sin mediar orden judicial que las soporte.

 

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Llamamiento a juicio.

 

Cuatro policías en servicio activo fueron llamados a juicio como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

 

La audiencia preparatoria de juicio se desarrolló este 3 de agosto de 2020, ante Darwing Alberto Valencia, juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur (Valdivia), en Guayaquil.

 

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Uno por uno, el Fiscal de Derechos Humanos, Ángel Cujilema Daga, detalló los ochenta y cinco elementos de convicción que sustentaron su dictamen acusatorio en contra de los cuatro policías.

 

Geovanny Alexandro M. V., sargento segundo, y Washington Daniel V. V., cabo segundo (al tiempo de los hechos), fueron señalados por la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables de privación ilegal de la libertad.

 

Por este delito, se enfrentan a una pena privativa de la libertad de uno a tres años.

 

Al mayor de Policía Lenin David P. U., el Fiscal del caso lo señaló como autor de tortura, aprovechándose de su conocimiento técnico y de su posición como funcionario público. Por lo que –de ser hallado culpable en el juzgamiento– permanecería privado de su libertad entre diez y trece años.

 

Richard Michael A. L., cabo primero, fue inculpado como autor por omisión del delito de tortura. Es decir, por presenciarla y no evitar que se cometiera, por lo que su pena podría ser de cinco a siete años de prisión.