Mi nombre es Libia Del Valle, soy colombiana con 59 años de edad. En los últimos 4 años he vivido en Estados Unidos, donde me casé con un maravilloso hombre estadounidense. Estoy aquí solicitando un apoyo. ICE de Estados Unidos me deportó forzosamente a Ecuador.
Antecedentes en Colombia: persecución y amenazas de muerte
Nací en el departamento de Santander en Colombia. En Colombia, los últimos 7 años vendía productos vegetarianos. A través de la ventana del lugar donde vivía, me di cuenta de que había tráfico ilícito. Comprobé que era narcotráfico al menudeo y me empezaron a seguir. Me moví a varios lugares evitando que me siguieran, pero me amenazaron de muerte y, al ver que mi vida corría peligro, tuve que salir hacia Estados Unidos.
En el 2018 me mudé para evitar que esa gente me persiguiera hasta el 2019, hasta que me acorralaron dos personas en una moto. Me dijeron que no fuera chismosa porque yo había hecho una denuncia a la policía del sector del barrio San Francisco. La policía estaba en complicidad porque nunca vi un allanamiento, pero sí vi motorizados del CAI de San Francisco llegando a esa misma ventana a intercambiar cosas. Me amenazaron directamente diciéndome que “si seguía hablando me cortarían la lengua”.
Me di cuenta de que la persecución y la amenaza de muerte eran reales y no podía seguir exponiéndome. Me moví de lugar, renté en otros sitios e incluso salí de la ciudad, pero la amenaza continuaba. Alguien me contactó y me dijo: “Vente para Estados Unidos y aquí por lo menos puedes tener otra oportunidad y otra vida”.
Salida de Colombia y llegada a Estados Unidos
Me moví de Bucaramanga a Medellín, y de Medellín a México DF con un paquete turístico. Entré como turista con 5 días de permiso otorgados por la migración mexicana. Debía regresar a mi país, pero presionada por las circunstancias me acerqué a la frontera con Estados Unidos y me entregué. La Patrulla Fronteriza americana me permitió ingresar para dar a conocer los motivos por los cuales huí de regresar a Colombia.
Ingresé a México el 11 de abril de 2022 y sellaron mi ingreso en el aeropuerto de México DF, pero no tengo visado formal porque realicé un cruce no autorizado por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Tengo pendiente una amonestación que estoy dispuesta a asumir para que el gobierno mexicano me permita volver a ingresar y permanecer como residente temporal en Rosarito o Tijuana, para estar cerca de mi esposo y brindarle asistencia, ya que es una persona con discapacidad.
La situación médica de su esposo
Mi esposo es ciudadano americano, tiene 62 años y hace más de 22 años está en silla de ruedas tras sufrir un accidente trabajando para una empresa del condado de Los Ángeles, quedando pensionado de por vida. Perdió el balance de sus piernas, ha tenido cirugías, padece afecciones musculares y un cuadro severo de salud. Yo le inyectaba su insulina diaria, le preparaba los alimentos, lo bañaba y lo vestía. En este momento se encuentra solo y en estado de vulnerabilidad.
Las citas de control y la detención por ISAP/ICE
Mi vida cambió cuando asistí a una cita con ISAP (agencia que recopila información para ICE) el 1 de julio del 2026, donde retuvieron mi pasaporte y me colocaron un grillete electrónico GPS en el pie por 15 días. El 15 de julio me citaron nuevamente a las oficinas de ISAP en la ciudad de Chatsworth, en el estado de California, muy cerca del Valle de San Fernando donde vivía con mi esposo. Me pidieron llevar toda la documentación de mi proceso migratorio y de corte.
Estuve retenida desde las 8h00. Hacia el mediodía mi esposo empezó a registrar picos críticos de glucosa en el dispositivo de su teléfono. Pedí a los oficiales que me reprogramaran la cita para atenderlo, pero me indicaron que no podía retirarme. Salí a informarle a mi esposo para que fuera a dispensario, pero un oficial salió a decirme que entrara. Me llevaron a una sala con el pretexto de retirarme el grillete, pero una vez adentro me informaron que estaba detenida y me quitaron los teléfonos. Supliqué por humanidad para acompañar a mi esposo, pero negaron la petición. Me realizaron el registro de huellas y fotos, me encadenaron y me sacaron por la puerta trasera hacia el sótano del edificio de migración en la ciudad de Los Ángeles. A las 21h30 me trasladaron encadenada hacia la ciudad de Adelanto en un viaje de dos horas y media.
El centro de detención en Adelanto
Adelanto queda en California, es un centro de procesamiento administrado por la empresa privada GEO. Nos trataron como criminales. Nos mantuvieron encadenadas de pies y manos, y encerradas por horas en celdas frías (hieleras) a temperaturas casi insoportables. Tras el protocolo nos dieron uniformes y nos ingresaron a una celda con capacidad para 120 personas, dividida en secciones de camarotes dobles.
Nos daban alimentos con dietas altas en harinas, embutidos y azúcares, a veces en estado de descomposición. Para subsistir debíamos comprar productos en la comisaría (atún, sopas, galletas) a precios tres veces superiores al valor real, utilizando el dinero que nuestras familias depositaban. Teníamos permiso de salir al patio entre una y dos horas al día y nos contaban tres veces al día: 6h30, 18h30 y 22h00.
Mi esposo me depositaba $100 semanales para realizar llamadas. A los dos meses de estar en Adelanto, mi cuenta de comisaría apareció en cero de forma imprevista. Esa era la señal de que me iban a trasladar.
Anteriormente, el 28 de agosto del 2026, se esperaba una audiencia de corte, pero mi caso figuraba como cerrado tras una orden de expulsión emitida el 3 de abril del 2026 por una jueza de la corte de Van Nuys (al norte del condado de Los Ángeles).
El proceso judicial previo y la orden de expulsión
Me había mudado a la ciudad de San Diego con mi esposo y reporté mi cambio de dirección ante Seguridad Nacional e ICE. Asistí a todas las citas de corte y control. El 28 de octubre del 2025 fui a una cita colectiva en la corte de Santa Ana. La jueza nos informó que bajo la administración del Presidente Trump no se permitiría la permanencia de inmigrantes con procesos de asilo sin resolver y que para el caso de ciudadanos colombianos los países de remoción asignados eran Honduras o Ecuador.
Al mudarnos a la ciudad de Van Nuys, solicité la transferencia de mi expediente. Mi audiencia final estaba agendada para el 3 de abril del 2026. Sin embargo, dos horas antes de la audiencia, mi abogado me llamó a informar que la jueza de Van Nuys ya había tomado la decisión de emitir una orden de expulsión en mi contra sin permitirnos presentar los argumentos de mi matrimonio con un ciudadano americano con discapacidad.
La jueza ejecutó la orden basándose en una solicitud previa de deportación. Además, desde febrero de 2026, ICE me había instalado en el teléfono una aplicación de seguimiento llamada BI SmartLink, que exigía reportes biográficos y fotografías todos los lunes, sirviendo además como un programa de monitoreo de mis redes y comunicaciones. Mi esposo contrató a dos abogados para gestionar recursos de apelación y la petición de reunificación familiar.
El traslado por Estados Unidos y la llegada a Ecuador
El viernes 4 de septiembre de 2026 me restringieron el código de llamadas en Adelanto. A las 3h30 de la madrugada del sábado me sacaron encadenada hacia la hielera y a las 5h00 p.m. nos subieron a un autobús con destino a una pista de aviación. Nos trasladaron en avión a un centro de procesamiento en Montana, El Paso, Texas.
Allí nos hicieron un registro exprés de tres horas, nos tomaron muestras de ADN y nos mantuvieron en celdas frías sin dejarnos ingresar a los dormitorios. El domingo a mediodía nos volvieron a encadenar y nos trasladaron en un autobús con jaulas hacia otra pista para volar al sur de Luisiana. Estuve incomunicada de mi esposo y mis abogados desde el domingo hasta el martes, aprovechando el fin de semana con lunes festivo (puente largo) en Estados Unidos.
En la detención del sur de Luisiana nos mantuvieron encadenadas cerca de áreas de basura y nos dieron comida en mal estado. No completaron el protocolo de ingreso para evitar que activara la comisaría y pudiera comunicarme. En la madrugada me sacaron en autobús hacia una pista de aviación y nos subieron a un vuelo de más de dos horas con destino a Ecuador.
Los tres centros de procesamiento por los que fui removida sucesivamente fueron: el centro de la ciudad de Adelanto (California), Montana, El Paso (Texas) y el centro del sur de Luisiana.
Al aterrizar en territorio ecuatoriano, me recibió una funcionaria de la Cancillería del Gobierno de Ecuador.
La acogida humanitaria en Ecuador y los planes futuros
Estoy muy agradecida con la Cancillería del Gobierno de Ecuador que nos dio la bienvenida a mi compañera de viaje (una ciudadana venezolana) y a mí. Recibimos apoyo humanitario y fuimos trasladadas a un albergue en el centro de Guayaquil, donde contamos con una cama digna, alimentación y libertad de movilidad.
Agradezco la atención brindada por las instituciones locales y la agencia ACNUR. Me he acercado al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) para solicitar ayuda y encontrar una ruta legal que me permita estar cerca de mi esposo.
Nuestro objetivo es conseguir una residencia temporal por razones humanitarias en la ciudad de Rosarito, México. Mi esposo continuará con su pensión y su seguro médico en California, pudiendo viajar constantemente a Rosarito para convivir conmigo. No representamos una carga pública para ningún Estado. Solo pedimos tranquilidad para afrontar nuestra vejez juntos.
Entrevista realizada por el CDH a Libia Del Valle en la sede de la organización el 22 de septiembre del 2026.
