Monika Silva Koniuszek
Monika Martyna Koniuszek (Polonia 1985 - Montañita, Santa Elena, 8 de junio de 2026) fue una activista medioambiental y defensora de los derechos humanos de origen polaco, radicada durante más de una década en la provincia de Santa Elena, Ecuador.
Se definía en redes sociales como activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables. Desde la Fundación La Integridad, organización que presidía y que estaba dedicada al apoyo humanitario, el empoderamiento ciudadano y la defensa de derechos, documentó y expuso durante años una serie de casos concretos de daño ambiental, presunta corrupción, tráfico de tierras, despojo y contratación pública irregular en la península de Santa Elena (1). Madre de dos hijas menores de edad, compaginaba su activismo con la administración de un pequeño hostal en la comuna ancestral de Montañita. Su fallecimiento, ocurrido el 8 de junio de 2026, generó una fuerte repercusión nacional e internacional y dio paso a investigaciones que, meses después, continúan abiertas tanto en Ecuador como en Polonia.
Cronología
Los primeros años en Ecuador
Tras instalarse en la comuna de Montañita hace más de diez años, donde era propietaria de un hostal en el que alquilaba habitaciones a turistas, Koniuszek desempeñó también el rol de dirigente del barrio El Tigrillo, donde residía. Su activismo nació de un reclamo concreto y cotidiano: el colapso del sistema de alcantarillado sanitario de Montañita, una obra que exigió insistentemente a sucesivas administraciones municipales del cantón Santa Elena y que nunca llegó a concretarse. Con el tiempo, su trabajo se orientó hacia la fiscalización de la gestión pública local, un giro que marcó el resto de su trayectoria. Se integró al Colectivo Ambiental Montañita e impulsó denuncias en materia ambiental en toda la provincia, incluida la defensa de manglares y de especies protegidas en la zona costera.
Las denuncias de corrupción y tráfico de tierras
A lo largo de su trayectoria como activista, Koniuszek documentó y difundió públicamente, a través de sus redes sociales y de la Fundación La Integridad, una serie de casos de presunta corrupción, contratación pública irregular y tráfico de tierras en la península de Santa Elena.
A lo largo de sus cuatro décadas de trabajo hemos documentado el progresivo y continuo proceso de despojo de tierras comunales pertenecientes a comunas ancestrales. Este proceso ha incluido la participación de grupos de poder económico y recientemente organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y combustible que han actuado con absoluta impunidad y tolerancia del poder político.
Antes de la muerte de ella este entramado delictivo ya había cobrado la vida de varios activistas y periodistas de la localidad, entre los que destacan Manuel Cabrera y Robinson del Pezo. Ambos compartían preocupaciones similares sobre temas de transparencia y corrupción en Santa Elena.
Caso planta de tratamiento de aguas residuales
Uno de sus primeros expedientes documentados fue la denuncia que presentó en 2021 ante la Fiscalía contra Otto Vera, entonces alcalde de La Libertad, por presuntas irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Malecón de Manglaralto
Silva también denunció la construcción del malecón de Manglaralto, una obra de 3,3 millones de dólares financiada por la Prefectura de Santa Elena, por haberse proyectado, según sus publicaciones, dentro del área de anidación de tortugas carey y golfinas, sin contar con los permisos ambientales correspondientes.
Caso Bellitec
Entre sus investigaciones más difundidas figuró el llamado Caso Bellitec, relacionado con la venta, en 2022 y sin subasta pública, de más de 700 hectáreas de terrenos municipales en el exclusivo sector de Capaes, playas con gran atractivo turístico al inicio de la Ruta del Spondylus. La operación, realizada por 6,2 millones de dólares bajo la misma alcaldía de Otto Vera, benefició a Bellitec, una empresa camaronera vinculada a la familia de Niels Olsen, quien más adelante renunciaría a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Caso Jenny Ramírez
Denunció además el caso Jenny Ramírez, que apuntaba a posibles anomalías en el manejo de tierras durante la gestión del entonces alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz: el Concejo Cantonal aprobó la venta directa, sin subasta, de 93 hectáreas de terrenos municipales por cerca de 2,7 millones de dólares a nombre de Jenny Ramírez, una joven de 24 años sin actividad empresarial conocida, quien cambió su versión en más de una ocasión y finalmente desistió de la compra.
Tráfico de tierras
Según las investigaciones de Koniuszek, ambos casos formaban parte de una estructura más amplia de ventas irregulares de tierras que, a lo largo de más de doce años, habría operado en la provincia e involucrado más de 1.600 hectáreas en total. El rastro del dinero en el caso Ramírez derivó en cuestionamientos hacia Cynthia Gellibert, entonces secretaria general de la Administración Pública y actual ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, ya que la madre de la compradora trabajaba bajo su dirección.
Koniuszek presentó, además, una solicitud de examen especial ante la Contraloría sobre las declaraciones patrimoniales del alcalde Tamariz por presunto enriquecimiento ilícito, y acusó al entonces contralor general del Estado, Mauricio Torres, de encabezar una red de nepotismo y tráfico de influencias que, según ella, obstaculizaba las investigaciones judiciales en la provincia. El funcionario respondió con una denuncia penal por el presunto delito de calumnia en su contra, algo que la activista calificó públicamente como ‘’un intento de frenar su labor’’.
Noboa Trading y el Caso Sunshine
Según colegas de la activista, en sus últimos meses de vida Koniuszek había comenzado a indagar señalamientos que vinculan a Noboa Trading, conglomerado frutícola de la familia del presidente Daniel Noboa, con presuntas incautaciones de cocaína halladas en contenedores de plátano, un proceso judicial que, según sus denuncias, habría sido frenado por altos cargos judiciales.
El 2 de abril de 2026 informó en su cuenta de X que había entregado a la embajada de Estados Unidos en Quito un expediente sobre el denominado Caso Sunshine, una trama que documentaba presunto tráfico de tierras y lavado de activos ocurrido, según sus registros, entre los años 2009 y 2014, y que, según un dirigente local citado por la agencia AFP (Agence France-Presse), también afectaba la imagen de ciertos políticos del país. Koniuszek continuó publicando denuncias con normalidad hasta los primeros días de junio de 2026 cuando fue asesinada.
Un patrón sostenido de fiscalización ciudadana
Vistos en conjunto, los casos documentados por Koniuszek dibujan, según organizaciones sociales de la provincia, un patrón sostenido de irregularidades en la administración de tierras y contratos públicos en Santa Elena a lo largo de más de una década. La Fundación La Integridad, que Koniuszek presidía, sirvió como plataforma para centralizar estas denuncias, recabar documentación pública y darles difusión, tanto ante la Fiscalía y la Contraloría como ante medios de comunicación nacionales e internacionales.
Esa labor de fiscalización, sostenida durante más de diez años y dirigida en varias ocasiones contra autoridades en funciones, fue citada repetidamente por familiares, colegas y organizaciones de derechos humanos como el trasfondo de las amenazas que la activista denunció haber recibido en los meses previos a su muerte.
El crimen
La noche del 8 de junio de 2026, Silva fue hallada sin vida en su vivienda del sector El Tigrillo, en Montañita, tras haber sido vista con vida esa misma mañana acompañando a sus hijas a clases; el cuerpo presentaba una dos surcos en el cuello, una herida provocada por un fuerte golpe en la parte dorsal de la cabeza y en la escena se halló un elemento constrictor y un arma blanca tipo cuchillo. Vecinos reportaron además la presencia de personas encapuchadas en motocicleta cerca de la hora del deceso y un corte de energía eléctrica en la zona.
El día 9 de junio del 2026, el Ministro del Interior, John Reimberg, señaló inicialmente que los primeros indicios apuntaban a un presunto suicidio, mencionando el informe de la Policía Nacional sobre la escena del crímen y un presunto mensaje de despedida que habría recibido la pareja de Silva, cuya autenticidad esta última cuestionó después. La autopsia practicada en Guayaquil determinó, sin embargo, que se trató de una muerte violenta, con un golpe premortem en la cabeza, signos compatibles con estrangulamiento y una fractura del hueso hioides, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga el caso como un presunto feminicidio. Familiares, amigos y colectivos sociales rechazaron desde el primer momento la versión del suicidio, recordando las amenazas de muerte que Silva había denunciado previamente.
Intervención de CEPAM Guayaquil y el CDH
Días después de la muerte de Monika Silva, su familia autorizó al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) para asumir su representación legal y el acompañamiento integral del caso. Ambas organizaciones, con amplia trayectoria en la defensa de víctimas de violencia y en el litigio estratégico en materia de derechos humanos, pasaron a actuar como voceras oficiales de la familia y a coordinar las acciones jurídicas dirigidas a garantizar una investigación independiente, transparente y con enfoque de derechos humanos. Desde el inicio sostuvieron que la información médico-legal disponible era incompatible con la hipótesis inicial de suicidio y que el caso debía investigarse como una muerte violenta.
En las semanas siguientes, CEPAM y el CDH impulsaron una estrategia orientada a ampliar el alcance de la investigación. Solicitaron a la Fiscalía que agotara todas las líneas investigativas, incluyendo la posible relación entre el crimen y la actividad de Koniuszek como defensora de derechos humanos, activista anticorrupción y denunciante de presuntas redes de corrupción y tráfico de tierras en Santa Elena. Asimismo, requirieron la recopilación de sus publicaciones, denuncias, transmisiones e investigaciones, así como la recepción de versiones de personas de su entorno y de individuos mencionados en sus procesos de fiscalización, con el objetivo de establecer el contexto completo en el que ocurrió su muerte.
Comunicados públicos de CEPAM Guayaquil y CDH
Comunicado 1
El Comité Permanente de Derechos Humanos – CDH y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres – CEPAM Guayaquil, asumimos con profundo compromiso ético y feminista la representación legal del caso de la muerte violenta de Monika Martina Koniuszek, activista anticorrupción y defensora de derechos humanos, con la autorización expresa de su madre la Sra. Irena Hajduk.
Defenderemos el derecho de su familia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, exigiendo al Estado ecuatoriano una investigación con debida diligencia reforzada, perspectiva de género, transparencia y participación activa de su familia, conforme a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Además, reconocemos el derecho a la información, por esa razón el CDH y el CEPAM-G serán el único canal autorizado por la familia para informar sobre el avance en la investigación del caso de la muerte violenta de Monika, y solicitamos que cualquier información que contribuya a la resolución del caso sea canalizada por las autoridades respectivas, las mismas que cumpliendo las normas de procedimiento penal estarán en la obligación de informar a quienes representamos a la familia.
Por Monika, por su madre, por sus hijas, por todas las mujeres defensoras: exigimos justicia sin demora.
18 junio 2026
Comunicado 2
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer - CEPAM Guayaquil, defensa técnica de la familia de Monika Koniuszek, defensora de derechos humanos asesinada en la provincia de Santa Elena, anunciamos:
Hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación exhaustiva, independiente y diligente, y que agote todas las líneas investigativas relacionadas con la muerte de Monika Koniuszek, que reiteramos, que de acuerdo a la autopsia médico legista fue causada por asfixia mecánica, constricción del cuello por mecanismos combinados, por lo que corresponde establecer el móvil, las circunstancias y las responsabilidades. Por ello, debemos enfatizar que se ha descartado el suicidio, tal como lo afirmó el Ministro del Interior, John Reimberg, en sus declaraciones. En calidad de defensa, hemos solicitado formalmente a la Fiscalía que se tome su versión respecto de dichas declaraciones, las cuales debe rendir en el marco de la investigación.
La investigación debe examinar tanto la hipótesis de un femicidio ocurrido en el ámbito íntimo o familiar como la posibilidad de un femicidio político o relacionado con su actividad como defensora de derechos humanos, activista anticorrupción, veedora ciudadana y denunciante de asuntos de interés público.
Con esas líneas investigativas, hemos solicitado formalmente la recepción de versiones de personas del entorno cercano de Monika Koniuszek, así como la práctica de otras diligencias orientadas a identificar antecedentes y situaciones de violencia que guarden relación con la determinación de las circunstancias del crimen. Al respecto, debemos señalar que dicha solicitud ya fue presentada ante la Fiscalía, por lo que corresponde su pronta y debida atención en el marco del procedimiento legal.
En relación con su labor pública, hemos solicitado a la Fiscalía la recepción de versiones libres y voluntarias de las personas específicamente mencionadas en denuncias públicas, incluidas aquellas referidas a amenazas contra Monika Koniuszek, así como a investigaciones ciudadanas y señalamientos formulados por ella en el ejercicio de sus actividades de fiscalización y defensa de derechos.
Con estos requerimientos, hemos solicitado establecer el alcance de las denuncias formuladas por Monika Koniuszek, identificar los intereses afectados por su actividad pública y determinar la existencia de conflictos, amenazas, actos de vigilancia, intimidación, hostigamiento o represalias vinculadas a su muerte violenta, confirmada por la autopsia médico-legista.
Asimismo, hemos requerido que el agente investigador recopile, sistematice e incorpore formalmente al expediente todas las publicaciones, investigaciones, videos, transmisiones en vivo, denuncias administrativas y judiciales, acciones de veeduría y demás material producido por Monika Koniuszek en relación con las personas y asuntos identificados.
Nuestra actuación como defensa técnica responde al deber de garantizar los derechos de la familia de Monika Koniuszek a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
Continuaremos acompañando a la familia y verificando que la investigación se desarrolle con independencia, rigor técnico, enfoque de género y perspectiva especializada en la protección de personas defensoras de derechos humanos.
8 julio 2026
Comunicado 3
Una delegación jurídica del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de laS Mujeres —CEPAM Guayaquil— y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos —CDH Guayaquil— acudió el día de hoy a las instalaciones de la Fiscalía Multicompetente de Manglaralto, con la finalidad de revisar y monitorear las actualizaciones del expediente fiscal abierto por la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Monika Koniuszek.
Las organizaciones de derechos humanos contamos con el patrocinio y la representación legal debidamente autorizada por la familia de Monika Koniuszek, autorización que consta dentro del expediente y que es de pleno conocimiento del fiscal a cargo.
Pese a ello, en más de una ocasión se ha obstaculizado nuestro acceso íntegro y oportuno al expediente fiscal, mediante distintas prácticas: i) la falta de notificación a todos los correos electrónicos señalados en la autorización de patrocinio; ii) la negativa o demora en la entrega de copias íntegras del expediente, necesarias para ejercer un adecuado seguimiento jurídico; y iii) restricciones injustificadas al acceso de los abogados acreditados por la familia.
El día de hoy, 17 de julio de 2026, el despacho fiscal negó el acceso a los abogados del CDH y del CEPAM Guayaquil, pese a encontrarse debidamente autorizados. Esta actuación constituye una grave vulneración de los derechos de la víctima y de sus familiares, reconocidos en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, especialmente el derecho a recibir información, intervenir en el proceso, contar con patrocinio legal y acceder a una investigación seria, transparente y diligente.
Exigimos un tratamiento respetuoso, diligente y transparente del caso, acorde con su gravedad y con la condición de Monika Koniuszek como defensora de derechos humanos. La Fiscalía tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo de la familia y de sus representantes legales al expediente, sin obstáculos administrativos ni restricciones arbitrarias.
La búsqueda de justicia por Monika no puede estar atravesada por prácticas que revictimizan a su familia y debilitan el derecho a la verdad en este crimen emblemático y del que la ciudadanía tiene el derecho a la información.
17 julio 2026
Fuentes
1.- La Península de Santa Elena está ubicada al norte de la provincia del Guayas, al sur de la provincia de Manabí, en la costa del Océano Pacífico del Ecuador.