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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Encrucijadap

 

 

Al cumplirse 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos su aplicación se encuentra fuertemente cuestionada por los hechos políticos alrededor del Mundo y especialmente en Continente Americano.

 

 

Por donde quiera surgen o se consolidan gobiernos autoritarios o francamente dictatoriales que atentan contra libertades básicas, encarcelan y aún ejecutan a personas por el mero hecho de sostener opiniones diferentes sobre temas políticos, creencias religiosas, preferencias sexuales, pertenencia de género; por integrar grupos étnicos o defender identidades históricas distintas, tendencias autonómicas o modos culturales que no son las de las respectivas mayorías. No son sólo los gobiernos, son formas de organización estatal: parlamentos que dictan leyes que restringen la aplicación de derechos constantes en sus propias constituciones, sistemas de Justicia que no cumplen su esencial misión de ser los protectores de los ciudadanos, instituciones de control que no funcionan, corrupción rampante.

 


Al revisar lo dicho podemos constatar que la crisis se manifiesta sobre el tema Derechos Humanos pero en realidad es una profunda crisis del sistema político, social, económico y cultural que llamamos Democracia y se apellida representativa. De ello da claro testimonio el conjunto de hechos totalmente activos en diversos países de América Latina, incluido Ecuador. Las movilizaciones populares recientes, aún en curso, son la expresión básica de descontento social por el acelerado deterioro de condiciones de vida que habían mejorado en las décadas anteriores sacando de la pobreza a millones de personas y ahora afecta a las clases medias y populares, no a las más pudientes por razón de la extremada acumulación de riqueza de la que gozan. Es esa extrema diferencia de clases lo que irrita a las masas.


La Democracia meramente representativa falla frente al problema: en vez de hacer un diagnóstico serio y objetivo que llevaría a encontrar múltiples vulneraciones por acción o por omisión de los derechos económicos, sociales y culturales que las Constituciones atribuyen a los ciudadanos -a todos los ciudadanos-, los Gobiernos han reaccionado reprimiendo crudamente manifestaciones pacíficas, negándose a entablar diálogos democráticos, imaginando fantasiosas conspiraciones internacionales. Como derivación directa se abrió el espacio para que grupos violentos realicen reprobables actos vandálicos.


Así ha pasado en Ecuador, lo demuestran los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, de otros Organismos internacionales y nacionales de protección de estos derechos. No puede afirmarse que los Informes producidos por instituciones como estas formen parte de alguna conspiración contra el Gobierno actual, toca hacer lo que ellos recomiendan: no dejar caer los diálogos y encararlos con seriedad, cesar todo acto que huela a persecución contra dirigentes populares y políticos, aplicarse a tomar medidas que eleven el nivel de vida de la población pobre, manejar equitativamente los factores económicos y expresar en actos el más alto respeto a todos los ciudadanos.


Bien expresa nuestra Constitución que el deber primordial del Estado de Ecuador consiste en garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el goce efectivo de todos los derechos humanos contemplados en Ella y en los Convenios Internacionales sobre la materia. Esa es la responsabilidad del Estado, vale recordárselo en este 71 Aniversario de la Declaración Universal.


10 de Diciembre de 2019

 


Doctor Fernando Gutiérrez Vera
Presidente del CDH