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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos forma parte del colectivo de organizaciones sociales Pacífico Libre y participó en la Acción por Galapagos realizada simultaneamente en Guayaquil, Galapagos y Quito el 14 de agosto de 2020.

 

 

La Acción por Galapagos tuvo como finalidad difundir la carta al Gobierno Nacional y otras autoridades, en relación con la cuestión de la presencia de la flota pesquera internacional cerca de Galápagos.

 

La petición del colectivo Pacífico Libre está compuesta por 22 puntos apoyados sobre una base legal y científica. Estas propuestas son de cuatro ejes principales:
• Seguridad y vigilancia marítima
• Pesca ilegal, no declarada y no regulada
• Conservación de ecosistemas marinos
• Acciones legislativas

 

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Texto de la carta enviada al Gobierno Nacional.

 

En virtud al derecho de petición que nos asiste de acuerdo al Art. 66 numeral 23 y Art. 18 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el reconocimiento del derecho a dirigir solicitudes y peticiones respecto a las circunstancias tan delicadas producto de la presencia de la flota de buques pesqueros frente a la Zona Económica Exclusiva del Ecuador, y el derecho a acceder libremente a información pública, ante Usted comparezco y solicito lo siguiente:

 

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1) A través de la Organización Mundial del Comercio, propender a un Acuerdo vinculante de una barrera comercial para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y eliminar el subsidio y apoyo técnico a la pesca de esas flotas pesqueras que se da desde sus países.

 

2) Agilizar el sustento técnico-científico, para lograr la ampliación de plataforma continental e insular más allá de las 200 mN, en virtud del Art. 76 de la Convemar.

 

3) Se realicen estudios del ecosistema marino de la columna de agua que está entre las zonas económicas exclusivas del Ecuador continental y el insular para obtener datos de las especies marinas que estén bajo presión y para la preservación de otras que se encuentren protegidas o en peligro de extinción, ayudar así al cumplimiento de tratados internacionales y que se propenda al establecimiento de un área marina protegida en alta mar, especialmente tomando en cuenta los modelos de co-gestión ambiental del santuario Pelagos en el Mediterráneo.

 

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4) Que la iniciativa CMAR (Corredor marino del Pacífico Este tropical) de nivel regional, sea apoyada nacionalmente y que aparte del Ministerio de Ambiente y Agua, se incluya a la Cancillería, al Ministerio de Defensa por ser la autoridad marítima en estos casos y por el Ministerio de Comercio Exterior, Producción, Inversiones y Pesca.

 

5) Inicio de investigación sobre conservación de biodiversidad marina ante la Convemar y llegar al tribunal arbitral especial por evidencia de pesquería y afectación a la biodiversidad; así como ante el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

 

6) Que se estudie y justifique de manera técnica la posibilidad de ampliar la Reserva Marina de Galápagos para que la misma, pueda ser incluida en las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos que se tramita en la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales.

 

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7) Que el Gobierno impulse y coordine ante la Asamblea, retomar el informe y debate respectivo sobre la propuesta de la Ley de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima.

 

8) Que se informe al país lo que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ha realizado desde que sustituyó a la Secretaria Técnica del Mar, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 923, publicado en Registro Oficial Suplemento 710 de 11 de Marzo del 2016

 

9) Que las autoridades competentes cooperen con organizaciones conservacionistas y ambientalistas internacionales y acepten apoyo en asesoramiento y en mérito de los acuerdos internacionales que trabajen de manera conjunta con el Estado ecuatoriano para reforzar la preservación de la biodiversidad marina migratoria o no, pero de constancia en la Reserva.

 

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10) Que se mantenga un apoyo técnico y científico para la toma de decisiones, en el proceso de investigación y ejecución de las comisiones designadas por el Gobierno para el tema de las flotas pesqueras, acompañadas por científicos, expertos y ONGs nacionales o regionales, y que los den a conocer públicamente.

 

11) Que a más de que el Ministerio del Ambiente informe la existencia y el monto de los recursos económicos destinados a la preservación de las especies marinas de Galápagos, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca lo haga en el tema de las particularidades de la pesca incidental que se está dando en el país, en perjuicio de determinadas especies como la de tiburones.

 

12) Informe del Ministerio de Defensa sobre el monto de presupuesto para la Armada Nacional en el eje de control de pesca en altamar y la ZEE.

 

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13) Que el Gobierno Nacional cree un fondo, por fideicomiso público, para seguridad y gestión de actividades oceánicas.

 

14) Que la Asamblea Nacional pida cuentas a la Cancillería para que indique cómo se ha implementado la CONVEMAR en los ámbitos de investigación científica, transferencia de tecnología, pesca y la conservación de los ecosistemas, además de cómo se han implementado los Acuerdos que se han firmado en cuanto a estos temas.

 

15) La Asamblea debería proponer un esquema organizacional o jurídico, para que se incorporen políticas públicas oceánicas y costeras, donde se tome en cuenta la Economía Azul y la planificación espacial marítima.

 

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16) Que se monitoreen artes de pesca utilizados por grandes barcos, abordar las embarcaciones para inspeccionar su pesca, en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Nueva York y en el Art. 73 de la Convemar

 

17) Que se cabildee la suscripción del Convenio de Naciones Unidas sobre biodiversidad marina más allá de las fronteras nacionales, para fines del 2020.

 

18) Que se permita el acceso a la información interna para el sustento técnico y científico en la recopilación, investigación y levantamiento de información que aporte al desarrollo de políticas de protección marítima.

 

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19) Que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca junto con SENAE y Ministerio de Ambiente y Agua fortalezcan los controles y los permisos CITES con el fin de evitar el contrabando ilegal de aletas de tiburón o cualquier especie protegida o en peligro de extinción.

 

20) Respecto a las negociaciones a las que estuvo dispuesto China, donde indican que la flota hará una moratoria de pesca desde septiembre a noviembre cada año, pedimos que sea renegociado este tiempo, ya que la influencia de la corriente Humboldt llega desde meses antes a Ecuador y con ella la productividad y flujo de muchas especies marinas, entre ellas especies migratorias. Las principales especies objetivo de pesca de esta flota son calamar gigante (Dosidicus gigas), tiburón (varias especies) y atunes (varias especies). La estacionalidad pesquera alta de Dosidicus gigas es desde julio a octubre. La estacionalidad pesquera alta del atún difiere según la especie: atún patudo (Thunnus obesus) es de marzo a junio en el primer semestre del año y julio y octubre en el segundo semestre, de atún aleta amarilla (Thunnus albaceres) de febrero a mayo en el primer semestre y octubre y noviembre en el segundo semestre, de atún barrilete (Katsuwonus pelamis) es febrero, marzo y abril en el primer semestre y octubre y noviembre en el segundo semestre. Ni siquiera existen estos datos para especies de tiburón.

 

21) Que se tome la iniciativa entre Presidentes de cada nación, conversar, acordar y hacer del mar un punto de encuentro por la conservación y ordenación de forma eficaz de los recursos naturales y que se acuerde eliminar el subsidio de combustible a todas las embarcaciones que den facilidades portuarias a estas embarcaciones en referencia.

 

22) Que se solicite y aplique el Principio de Precaución establecido desde 1992 en la Declaración de Río y que fue acogido por el Estado ecuatoriano y establece que se pueden imponer medidas restrictivas sin necesidad de prueba científica, con el fin de precautelar los recursos pesqueros, la biodiversidad y el sustento de las generaciones futuras.

 

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Visita el sitio web www.pacificolibre.com

 

 

Guayaquil, Galápagos, Quito, 10 de agosto del 2020

 

 

Ver corto documental "Acción por Galápagos"

CDH, 3minutos6segundos

https://bit.ly/31sGxiD