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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Pronunciamiento de la Alianza contra las Prisiones
sobre los hechos del 12 de noviembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral

 

Siete horas pasaron entre el primer pedido de auxilio por parte de las personas encarceladas y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral. Para la Alianza contra las Prisiones, en esas 7 horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita, a los cuales nunca debieron tener acceso.

 


Mientras las 7 horas de exterminio carcelario transcurrían lentamente para los internos, varios representantes del gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los Estados Unidos, celebrando el aniversario de los marines. No olvidemos que EEUU es el país que lidera la "guerra contra las drogas" en el mundo, con políticas intervencionistas problemáticas, por decir lo menos. Esta recepción y las fotos del presidente Lasso rodeado de militares estadounidenses evocan el papel que juega el encarcelamiento masivo de personas racializadas en la geopolítica mundial y en el sur global.

 

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La dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas, insistimos, no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la “guerra entre bandas.” La dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es: un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y (ci)sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina.

 


Las 7 horas de exterminio carcelario terminaron y el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena ofreció una rueda de prensa con la Policía Nacional después de la fiesta en la que se encontraba. La versión oficial afirmó que las ejecuciones masivas son el resultado de la prelibertad de un interno, quien sería el “cabecilla” de una banda prisionera. Además, hubo declaraciones de la Comandante General de la Policía, Tania Varela, quien afirmó que su personal no contaba con las condiciones para entrar durante esas 7 horas.

 

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Para la Alianza contra las Prisiones, estas explicaciones son insatisfactorias e indignantes. El gobierno parece aceptar el escaso control que tiene dentro de las penitenciarias y permite que éste dependa de líderes de grupos violentos que, en gran medida, el mismo Estado ha organizado con fines ajenos a la convivencia pacífica en las prisiones. Nos indigna que el gobierno no asuma su responsabilidad por las masacres y busque todo el tiempo culpar a gobiernos pasados o instituciones, como la Corte Constitucional.

 


Para la Alianza contra las Prisiones es urgente llamar a las cosas por su nombre: Ecuador no vive ya una “crisis" carcelaria; lo que vive el país es un claro proceso necropolítico que extermina a la gente despojada y destituida de la sociedad: jóvenes, personas pobres, migrantes, mujeres trans, gente con discapacidad, personas encausadas sin sentencia. Además, este proceso no se termina en las rejas, sino que se extiende a sus familias, quienes, igual de empobrecidas, tienen que mantener a su familiar privado de libertad, con permanente incertidumbre de si vive o muere, sin información transparente del Estado, sometiéndose incluso a tratos deshumanizantes, tal como ver las fotos de las masacres para reconocer a su familiar.

 

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Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado, están las poblaciones urbanas empobrecidas que han luchado en sus barrios y desde sus propias trincheras en octubre de 2019, pero que la justicia estatal decidió nombrar como delincuentes y encarceló paulatinamente por delitos menores contra la propiedad o por microtráfico de drogas. Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado, habría estado Helen, una mujer trans quien tenía derecho a encontrarse en un pabellón de mujeres. Además, se ha confirmado el asesinato de Victor Guaillas, defensor del agua y derechos de la naturaleza, criminalizado por protestar en octubre del 2019 en Molleturo. Él no tenía sentencia firme y esperaba su audiencia de apelación el 04 de enero de 2022. Así también fueron asesinadas numerosas personas sin sentencia ejecutoriada, es decir, jurídicamente inocentes.

 


Desde la sociedad civil, los movimientos sociales, las cárceles, recuperamos la perspectiva vincular que nos permite construir una respuesta humana al exterminio de las personas encarceladas del país. Volvemos a tejer puentes entre las y los que, según el maniqueísmo estatal y la fase apocalíptica del capital, deberíamos pertenecer a dos bandos opuestos, los buenos - blanqueados- y los malos - despojados-. Nos entretejemos en las desigualdades y diversidades, teniendo la lucidez de que el Estado punitivo envía al matadero a las y los que luchan desde la sobrevivencia para sostener cotidianamente a sus redes familiares, a las y los que no encajan y se rehúsan a plegarse al modelo heteropatriarcal y el capacitismo dominante, a las y los que luchan organizados para la construcción de otros mundos, donde quepamos todas, todes, todos. Le apostamos a la construcción multitudinaria y cuidadosa de nuestras diferencias y de nuestras apuestas colectivas por el sostenimiento de la vida en común.

 

14 noviembre 2021

 

Alianza contra las Prisiones está integrada por Mujeres de Frente, Corredores Migratorios, Fundación Dignidad, Centro Etnografía Interdisciplinaria, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos e INREDH

 

 

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Reportes de recorridos de verificación del CDH

 

 

Día Uno - 13 Noviembre: Exteriores de Penitenciaría del Litoral

 


La mañana del 13 de noviembre del 2021 el CDH, junto a la DPE, desarrolló recorrido por exteriores de la Penitenciaría del Litoral donde en la noche y madrugada se registró una nueva matanza con un saldo de 68 fallecidos.

 


Verificamos la extendida angustia de familiares de PPL que reclaman información oficial sobre sus parientes internados en ese centro carcelario, sin tener respuesta.

 

El reclamo de los familiares, que permanecen a la interperie en los exteriores de la Penitenciaria, va aumento frente a un grupo de agentes policiales y la salida de caravanas de ambulancias con cuerpos de fallecidos.

 


La única información disponible sobre las víctimas de esta cuarta masacre carcelaria es una lista anónima pegada en un poste frente a la cárcel.

 


El CDH observa que el grave episodio de violencia extrema inicia en el 2019 y tiene epicentro en la Penitenciaria del Litoral. Además posee condiciones de ataque sistemático, planificado, previsible y dirigido a población en custodia del Estado.

 

 

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Día Dos - 14 Noviembre: Departamento de Criminalística y Ciencia Forences

 


El CDH, en el segundo día de seguimiento a los procedimientos estatales por la matanza del 12 de noviembre en la Penitenciaria del Litoral, se trasladó a las instalaciones del Departamento de Criminalística y Ciencia Forences en el Cuartel de la Policia Judicial para levantar información directa sobre la identificación de fallecidos y atención a sus familiares.

 


Hasta el medio día se reportaron identificados 34 cuerpos a través de sus huellas dactilares y el cruce de datos entre Criminalistica y Registro Civil. Las Secretaría de Derechos Humanos brindó contención emocional a los familiares víctimas de la masacre y puso a disposición ataúdes donados por empresa privada.

 


Observamos a numerosas familias en los exteriores de la institución permanecer sin mínimas condiciones de atención, en la intemperie y bajo el inclemente sol, a la espera de noticias de sus parientes.

 


Consideramos que aún no se cuenta con protocolo claro y expedito de atención artículada para estos casos que permita alivio para familias adoloridas.

 


Llamamos nuevamente la atención al Servicio de Atención Integral (SNAI) cuya participación en el proceso de entrega de información es clave y no emplea mínimos protocolos técnicos. Se constató el manejos de nómina de fallecidos y heridos en hoja sin membrete de institución, sin firma responsable ni fecha de elaboración. El funcionario a cargo de puesto de informacion no estába debida identificado ni acreditado.

 


Exigimos agilidad en la entrega de informacion y mejor atención a familias de fallecidos. El Estado debe materializar inmediatamente su obligación de reparar integralmente a las familias de fallecidos masacre. El cumplimiento de estas obligaciones debe estar encabezadas por disculpas públicas que reconozcan la inoperancia de las instituciones al frente del control de las cárceles.

 

 

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