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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

OCS y el Plan de SeguridadB

 

 

Organizaciones de la sociedad civil deben participar activamente en la ejecución y monitoreo del Plan de Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH envió carta sobre el primer borrador del Plan Integral para la Paz y Seguridad en Guayaquil presentado a finales de octubre del 2023 por representantes de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) y de la articulación Interagencial de Naciones Unidas que implementa el Proyecto Capacidades para la Paz, la Seguridad y la Reducción de las violencias en Ecuador, compuesto por equipos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC)

 

La carta recoge el compromiso asumido por organizaciones de la sociedad civil que participamos en el proceso de levantamiento de información y nuestras expectativas frente a la implementación del plan en mención. La carta fue enviada el 27 de noviembre del 2023 con el interés de visibilizar ante las instituciones mencionadas el indispensable rol de la sociedad civil en la ejecución y en el seguimiento del plan. Confiamos en que, esta vez, se abra el diálogo amplio para el diseño colaborativo para la construcción de un plan de seguridad integral para Guayaquil.

 

A continuación, texto íntegro de carta del CDH:

 

En 2023, Guayaquil registra en lo que va del año 1.867 asesinatos y una tasa de 67,97 homicidios por 100.000 habitantes, con lo que se disputa el noveno lugar de las 10 ciudades más violentas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México. La mayoría de estos crímenes, son categorizados como extorsiones, sicariatos, amenazas, robos, secuestros etc. En ese sentido, se trata de cifras muy altas considerando que el promedio mundial es de 6.1, según Naciones Unidas.

 

Esta grave crisis de inseguridad afecta de manera directa el trabajo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos que realizamos acciones de promoción y protección en territorios, barrios y comunidades, segregados espacialmente. La labor que desarrollamos tiene carácter humanitario, en contexto de violencia generalizada, que se materializa en barrios con muy escasa presencia de instituciones públicas obligadas a brindar servicios que garanticen el ejercicio de sus Derechos Humanos.

 

A pesar de esa grave situación, hemos mantenido un rol activo y constante en la promoción y ejecución de actividades de paz, recuperación de tejidos sociales y comunitarios en diversos sectores de la ciudad.

 

En Guayaquil, a mediados del 2023, inició la ejecución del Proyecto Capacidades para la Paz, la Seguridad y la Reducción de las violencias en Ecuador, protagonizado por varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta iniciativa tiene como objetivo construir un plan de seguridad ciudadana para algunos cantones, entre ellos Guayaquil.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos reconocemos la importancia de la iniciativa debido a la necesidad de contar con herramientas para prevenir el aumento de la criminalidad en la ciudad, por representar la más grave afectación a los Derechos Humanos. Por ello, nos involucramos de manera prioritaria, directa y progresiva en la gestión para el levantamiento de información a través de grupos focales, entrevistas, identificación de actores, entre otros, para el diagnóstico del proyecto mencionado. Hemos mantenido un rol activo, propositivo y protagónico en cada una de las actividades de este proceso debido a que mantenemos muy altas expectativas sobre la agenda de trabajo común, articulada y colaborativa con amplios sectores de la sociedad. Esto, a su vez, reconociendo el valioso aporte técnico de las entidades de Naciones Unidas, y el involucramiento de instancias del Municipio de Guayaquil para la implementación del Plan de Seguridad.

 

Como resultado del proceso de diagnóstico y diseño del Plan Integral para la Paz y Seguridad en Guayaquil, a finales de octubre del 2023 se presentó un primer borrador en donde se reconocen dos actores básicos de articulación en la política local: el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Guayaquil conformado por el Gobierno Nacional, Policía y Fuerzas Armadas, Función Judicial, Alcalde y entidades Municipales; y el Comité para la Paz, Seguridad y Reconstrucción del Tejido Social de Guayaquil conformado, a su vez, por representantes de las Cámaras, Universidades, Municipio y empresas privadas. También, el documento incluye un tercer actor social denominado “Comité de Seguridad Barrial” integrado por asambleas comunitarias y la sociedad civil.

 

Las organizaciones de la sociedad civil han cumplido un rol histórico y decisivo en la construcción y el desarrollo del tejido social en Guayaquil, así como un rol protagónico en el proceso de levantamiento de información para el Proyecto de Capacidades para la Paz, la Seguridad y la Reducción de las violencias en Ecuador. No cabe, bajo ninguna circunstancia, minimizar su experiencia y/o excluirlas de los espacios de discusión, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de la implementación de dicho plan, como se ha logrado identificar. El hecho de no modificar el diseño propuesto y mantener a las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos únicamente como colaboradores, sería un error.

 

Esta visión del trabajo comunitario constituye un fortalecimiento y legitima prácticas de corte securitista que ignora años de trabajo, experiencia y experticia sobre seguridad integral recogida dentro de las comunidades y sostenida por nosotros y nosotras a lo largo de décadas. Además, esta desvinculación de las organizaciones del plan, representaría un trato no proporcional a la participación activa en todo el proceso de diagnóstico útil para la construcción del plan. Finalmente, invisibiliza la obligatoriedad de los GAD Municipales de garantizar la amplia participación en los asuntos de interés público.

 

Frente a todo lo expuesto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos señala:

 

1. La corta temporalidad destinada para el proceso de diagnóstico y diseño del plan puede conducir erróneamente a una vía donde no se desarrolle integralmente una lectura del contexto comunitario condicionado por el miedo y el aislamiento.

 

2. Solicitamos revisar el rol destinado al sector de organizaciones sociales y de Derechos Humanos dentro del plan, para aprovechar su potencial y experticia, con el fin de evitar su marginación en el Consejo de Comité para la Paz, Seguridad y Reconstrucción del Tejido Social de Guayaquil.

 

3. Valoramos de sobremanera todo lo actuado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la oficina para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), gestoras de este proceso, por su soporte técnico, pertinencia y compromiso con Guayaquil.

 

4. Reafirmamos nuestro ánimo de contribuir con el plan por considerarlo como instrumento indispensable para la superación de la crisis y la recuperación de espacios públicos, fortalecimiento y cuidado del tejido social, y prevención y lucha contra la violencia en Guayaquil y Ecuador.

 

 

Guayaquil, 27 de noviembre del 2023

 

 

 

Billy Navarrete Benavidez
Director Ejecutivo del CDH