Síguenos:

Twitter de @CDHGYE

¿Quién está en línea?

Hay 188 invitados y ningún miembro en línea

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

AsaltoEmbajada2B

  

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, se une a las miles de expresiones de condena al Gobierno de nuestro país, por parte de ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, individualmente o agrupados en organizaciones, de todos los países del Continente Americano (con la única excepción de El Salvador), de la Unión Europea (representando a todos sus países miembros), de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en razón de las múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas por este Gobierno con su Presidente a la cabeza, en el asalto a mano armada a la Embajada de México en Quito.

 

Según declaración pública de la Canciller, el mismo Presidente Noboa tomó la decisión y ordenó que Fuerzas Especiales de la Policía Nacional invadan el local de la Embajada - lo cual hicieron con extrema violencia, afectando también al representante diplomático Roberto Canseco - para aprehender al ex-Vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba allí bajo asilo concedido por el Gobierno mexicano. En el mismo acto se cometieron graves violaciones a dos importantísimos derechos: el de asilo, relativo al ya asilado Jorge Glas y el de inmunidad territorial relativo al Estado de México.

 

Respecto al asilo, este se encuentra protegido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y existen sobre el tema pronunciamientos jurisprudenciales muy importantes en sentencias y opiniones consultivas que declaran "la no existencia de excepciones" para su aplicación; lo cual significa que ningún otro hecho puede anular la concesión de asilo diplomático. Tal se desprende con toda claridad, por ejemplo, de la Opinión Consultiva OC-25-18, del 30 de mayo de 2018, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asilo, que lo reconoce como un derecho humano y establece que en caso de controversia, corresponde resolverse mediante mecanismos diplomáticos, jamás mediante uso de la fuerza.

 

De manera clara, el Art. 41 de nuestra Constitución establece también que “se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos” el cual ha sido flagrantemente vulnerado por el gobierno del Ecuador.

 

En cuanto a la inmunidad territorial de las Embajadas, sus dependencias anexas y vehículos, el rechazo generalizado al asalto también es extendido en todo el mundo, recibiendo las más acerbas críticas y poniendo al Ecuador en situación de aislamiento diplomático, político y moral frente a la comunidad internacional, lo cual repercutirá en el ámbito económico, pues a la hora de buscar créditos e inversión extranjera, los posibles inversores y prestamistas tendrán en cuenta la gigantesca inseguridad jurídica que representa la invasión armada a una embajada. Todo lo cual afectará el financiamiento y atención a los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población ecuatoriana.

 

Por todas las consideraciones hechas:

 

1.- Exhortamos al Gobierno presidido por el señor Daniel Noboa a respetar irrestrictamente los Derechos Humanos de TODAS LAS PERSONAS HABITANTES del país, respeto que no debe ser solamente pasivo sino activo, según lo manda la Constitución que nos rige. Hacemos notar que las acciones condenadas internacionalmente de manera enérgica, constituyen actos autoritarios, cuya impunidad puede hacer caer en la tentación de repetirlos en la misma o parecida forma.

 

2.- Exhortamos también al Gobierno del señor Daniel Noboa a que ajuste su conducta al orden jurídico internacional, protector de los Derechos Humanos, conforme lo establece nuestra Constitución.

 

3.- Igualmente exhortamos al Gobierno del presidente Noboa a pedir disculpas al Pueblo Ecuatoriano por los efectos nocivos que está teniendo el país debido a las arbitrarias decisiones tomadas personalmente, al margen del derecho internacional, y responsabilizarse de las eventuales sanciones jurídicas, económicas y políticas que deriven de las denuncia del mismo por el Estado de México ante la Corte Internacional de Justicia.

 

Guayaquil, 11 de abril de 2024.

 

 

El Directorio del CDH