Sobre el incremento de casos de desapariciones forzadas
en manos de las Fuerzas Armadas en la costa del Ecuador.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresa su profunda preocupación frente al aumento sostenido de denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de militarización del Ecuador.
Ecuador figura actualmente entre los países con más acciones urgentes registradas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas entre el 2024 y el 2025. Esta señal de alerta internacional responde a un patrón sistemático de violencia estatal contra personas empobrecidas y racializadas, que requiere una reacción urgente del sistema de justicia.
El CDH acompaña actualmente 20 casos (que reúne 33 víctimas) de desaparición forzadas durante operativos de Fuerzas Armadas, todas investigadas por la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza de Guayas. La gravedad de estos hechos se agudiza por la sistemática obstaculización en los procesos de investigación, particularmente por parte del Ministerio de Defensa.
Las Fuerzas Armadas han negado reiteradamente su participación en operativos en los que existen abundantes registros, como grabaciones, testimonios y georreferenciaciones, que evidencian su intervención directa. Y en otros casos, han encubierto deliberadamente información, calificándola de manera arbitraria como reservada y confidencial, con el fin de obstruir las investigaciones sobre dichos operativos. Esta conducta de encubrimiento y falta de colaboración constituye un obstáculo grave para el acceso a la verdad y la justicia, y pone en tela de juicio el compromiso del Estado ecuatoriano con los Derechos Humanos.
Los casos señalados no son los únicos, la Defensoría del Pueblo reporta 9 víctimas más de desaparición forzada que requieren igual de atención en materia de acceso a la justicia, así como mecanismos de respuesta psico-social por parte de las instituciones encargadas.
A pesar de este contexto adverso, es necesario reconocer el compromiso y la capacidad técnica del actual fiscal a cargo de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayas, quien ha sostenido con esfuerzo y profesionalismo procesos complejos que involucran riesgos y presiones significativas. Su trabajo ha sido clave para avanzar en la judicialización de casos sensibles que antes quedaban en la impunidad, como el caso de la desaparición forzada de los cuatro niños de las Malvinas.
Sin embargo, una sola fiscalía, con recursos y personal limitados, no puede sostener la dimensión y urgencia de esta problemática. El Estado debe responder a la altura del desafío. Es por ello que, mediante oficio, hemos solicitado a la Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado; y al Dr. René Astudillo Orellana, Fiscal Provincial del Guayas, tomen las acciones necesarias para fortalecer la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza de Guayas.
Fortalecer esta Unidad no es un acto administrativo más: es una obligación ética, jurídica y política frente las víctimas y sus familias que esperan la debida diligencia, y frente a una ciudadanía que exige que ningún crimen quede en la impunidad, más aún cuando involucra a agentes del propio Estado.
La justicia no puede ser un acto solitario. Debe ser una política institucional.
Guayaquil, 24 de abril del 2025