Las personas tienen derecho a expresar su descontento y el gobierno tiene la obligación de garantizar las expresiones ciudadanas.
Expresamos nuestra condena a la represión militar que ha desatado el Gobierno nacional para impedir las manifestaciones de descontento por parte de sectores de la población, hecho que ocurre con especial brutalidad en las poblaciones de Cotacachi y Otavalo en la provincia de Imbabura; y, que ya ha provocado el fallecimiento de al menos una persona.
Repudiamos el calificativo de terrorismo utilizado por voceros del gobierno para referirse a la protesta social, la cual se encuentra plenamente garantizada por la Constitución del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano, los cuales prohíben la utilización de armas letales en contextos de protestas ciudadanas. Tampoco las fuerzas armadas, inclusive bajo estado de excepción, tienen las atribuciones para actuar en el control de manifestaciones ciudadanas.
Observamos con preocupación el cierre de la señal del canal regional de televisión MICC, en la provincia de Cotopaxi, argumentando razones de seguridad nacional expresadas en un “informe reservado”; así como el bloqueo de la señal de internet en Imbabura para impedir que se difundan las imágenes de la represión militar.
Denunciamos la persecución del gobierno, utilizando a la Fiscalía General del Estado, en la criminalización de decenas de dirigentes gremiales, así como de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, a unos abriendo investigaciones por “tentativa de paralización de servicios públicos” y a otros por “enriquecimiento no justificado”, procediendo, sin ningún procedimiento previo, a congelar sus cuentas bancarias organizativas y personales. Pretendiendo direccionar la protesta social al crimen organizado.
Alertamos del abierto espionaje, y pretensiones de control social, anunciado por el Ministro del Interior para monitorear las convocatorias en redes sociales, a través de una Unidad de Inteligencia estatal. No cabe la intimidación y la amenaza, como instrumento de política pública, para responder a la critica social.
El incremento y liberación del precio del diésel nuevamente es el desencadenante de esta crisis política, volviendo a prevalecer, desde las más altas autoridades del Gobierno Naciona, expresiones autoritarias y racistas contra manifestantes de comunidades indígenas empobrecidas y marginalizadas que impiden mínimos gestos humanitarios de fuerza pública frente a manifestantes heridos y aleja posibles escenarios de diálogo y garantías del Estado de Derecho.
El CDH expresa su frontal apoyo y solidaridad para las personas heridas, detenidas injustamente y nuestro pesar por la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, producto de disparos de patrulla militar. Exigimos que cese la represión y que se investigue urgente y exhaustivamente la muerte del manifiestante.
Guayaquil, 29 de septiembre de 2025
El Directorio del CDH