El CDH expresa su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador, y alerta a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en nuestra sociedad, y coartan el derecho constitucional a criticar las acciones del gobierno y a ejercer la oposición democrática a sus políticas.
Se ha evidenciado un patrón de utilización de diversos órganos del aparato de Estado ecuatoriano que operan al servicio del Ejecutivo, para controlar, perseguir, silenciar, encarcelar, callar, a periodistas cuya opinión resulta incómoda a los actuales funcionarios; a dirigentes sociales que democráticamente se oponen a programas que afectan a sus comunidades, neutralizar a las personas que ejercen la oposición política al gobierno en el país.
Frente a la línea editorial crítica de diario Expreso, el régimen respondió con un proceso administrativo en el SRI. Frente a una serie de reportajes que examinaban la compra de un radar de las Fuerzas Armadas, estas respondieron con una disposición de censura oficial de establecer a qué medios pueden acreditar para recibir información oficial y a realizar una preocupante lista de periodistas y medios que no son del agrado del Ministro de Defensa y de los Comandantes de las Fuerzas Armadas.
También se encuentra el caso de la comunicadora y activista política Gabriela Panchana, quien, al realizar duras críticas al cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se le abrió una investigación por defraudación tributaria, en accionar coordinador del SRI y la Fiscalía. Otros casos corresponden al de Catrina Cala y el de la presidenta de la Fundación La Integridad, Mónica Silva Koniuszek, quien ha denunciado graves irregularidades de autoridades en la provincia de Santa Elena.
El ex presidente de la CONAIE y ex candidato Presidencial, Leónidas Iza Salazar, también es objeto de varias investigaciones en la Fiscalía, así como denunció ser objeto de vigilancia por agentes policiales encubiertos. Entre otras medidas, en acciones opacas, se han bloqueado los fondos y cuentas bancarias de decenas de activistas vinculados a organizaciones sociales partícipes del anterior paro nacional.
Por parte del Consejo Nacional Electoral ha abierto procesos en contra del colectivo ambientalista “Yasunidos” y ha iniciado otros que pueden llegar hasta la eliminación del registro electoral de partidos de oposición y la supresión de derechos políticos, incluida la ex candidata presidencial, Luisa González.
El caso más reciente es la nueva causa penal abierta por la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Resulta preocupante la forma en que se ejecutó su notificación: mediante un operativo policial de allanamiento en su domicilio, en horas de la madrugada. Este procedimiento luce desproporcionado considerando que el alcalde ya mantenía abierto otro proceso penal y comparecía de manera regular ante la propia Fiscalía. A ello se suma la disposición de prisión preventiva, en un contexto penitenciario nacional ampliamente reconocido por la presencia y control de grupos de delincuencia organizada (GDO), lo que incrementa los riesgos contra su integridad y su vida.
Todo ello ocurre en un contexto de creciente militarización de la sociedad, adoptada por el gobierno como respuesta frente a la violencia generada por los grupos de delincuencia organizada, violencia que, lejos de reducirse, persiste. Paralelamente, esta estrategia ha derivado en graves denuncias: hasta el momento se registran al menos 44 personas detenidas y posteriormente desaparecidas tras operativos realizados por uniformados de las Fuerzas Armadas, entre ellas niños, adolescentes y mujeres.
El CDH expresa su preocupación por esta serie de hechos que se constituyen en una vulneración del carácter democrático que garantiza nuestra Constitución, ratificada en la reciente Consulta Popular.
La administración de justicia debe estar libre de injerencias políticas y el aparato de Estado no puede seguir siendo funcional a finalidades de persecución política.
Guayaquil, 12 de febrero de 2026
Directorio del CDH