El CDH expresa su profunda preocupación por la ocupación gubernamental de las instalaciones de la empresa municipal Segura EP, anunciada la noche del 15 de febrero de 2026, a través de redes sociales, por el Ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, quien informó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasarían a integrarse al sistema nacional de seguridad, bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y de la Fuerza Pública. El anuncio se hizo sin explicación previa ni presentación de fundamentos legales que sustenten la medida. Horas antes, también por redes sociales, el Ministro señaló la existencia de “estructuras operando en la sombra, para provocar violencia y desorden” en Guayaquil, sin detallar a quiénes se refería, ni aportar elementos verificables. Las afirmaciones del Ministerio del Interior insinuaron posibles responsabilidades de Segura EP en relación con los incendios ocurridos en la ciudad y presentaron la medida como una “toma de control”.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que se ejecutó un allanamiento en la Empresa Pública Segura EP, a pedido de la Policía Nacional, por presuntas difusiones de información reservada de cámaras de videovigilancia municipal hacia un servidor externo, sin que se precise sus fundamentos jurídicos.
Un allanamiento no autoriza a desplazar competencias de una entidad pública, y menos aún cuando se trata de funciones ejercidas por un Gobierno Autónomo Descentralizado, en el marco de la Constitución y la ley. El procedimiento para una eventual asunción o coordinación extraordinaria de competencias está previsto en el artículo 158 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. Ese mecanismo no ha sido activado ni explicado públicamente.
Estos hechos revelan una estrategia de control centralizado por el gobierno, de las cámaras de seguridad existentes en la ciudad de Guayaquil. Estos acontecimientos se ubican en un contexto de la decisión del Presidente de trasladar temporalmente la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil; además, debemos recordar que fue el propio ministro Reimberg, quien intentó junto a otros voceros del gobierno encubrir las acciones de desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, que fueron desmentidas por las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales.
Aunque el CDH ha realizado críticas públicas al Plan Integral para la Paz y Seguridad de Guayaquil, de Segura EP, en relación a la ausencia de participación comunitaria, reconocemos el proceso de diálogos y reformulación frente a la situación de violencia criminal en la comunidades, así como su significativo aporte en el caso de la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, que permitió a la fiscalía comprobar la responsabilidad de la fuerza púbica.
En los casos de las 44 personas detenidas desaparecidas denunciadas por los organismos de derechos humanos, los servidores gubernamentales se han negado a brindar información en las investigaciones oficiales. El control operativo centralizado y exclusivo del Gobierno de las cámaras de seguridad podría servir para bloquear la entrega de información o considerarla “reservada” en nuevos casos de vulneraciones de derechos humanos en la ciudad de Guayaquil.
Por lo expuesto, el CDH considera que el Estado de Derecho se afecta cuando una actuación arbitraria del gobierno central asume, sin el debido proceso, las competencias constitucionales de un gobierno municipal y desconoce los límites legales establecidos.
Además, pone en riesgo la continuidad y sostenibilidad del plan de seguridad cantonal de Guayaquil, y fundamentalmente la prevención de los delitos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos de delincuencia organizada en los barrios populares.
En este marco:
1. Exigimos al Ministerio del Interior que explique la base normativa que le permita asumir los activos municipales y sobre la gestión o administración de Segura EP; así como demandamos que respete los procedimientos constitucionales y legales para cualquier eventual modificación o asunción de competencias, y que, mientras aquello no ocurra conforme a derecho, se respete la autonomía municipal y la continuidad operativa de Segura EP.
2. Exigimos a la Asamblea Nacional que ejerza sus facultades de fiscalización para verificar la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones adoptadas.
La lucha de la sociedad ecuatoriana contra la violencia y la inseguridad ciudadana se fortalece con una comprensión integral de sus causas, la coordinación de la institucionalidad pública y ciudadana, estrategias integrales y descentralizadas de prevención y represión de los delitos, y el respeto irrestricto al marco constitucional.
Guayaquil, 18 de febrero de 2026
Directorio del CDH