En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH Guayaquil alerta que el Estado ecuatoriano mantiene una deuda histórica con las víctimas de tortura, especialmente en contextos de privación de libertad y en contextos de regímenes de excepción.
Las familias de personas detenidas que fueron víctimas de las masacres carcelarias ocurridas entre 2018 y 2023 siguen sin justicia ni verdad. Durante el 2024, cientos de personas privadas de libertad fueron sometidas a torturas físicas y sexuales por parte de personal de las Fuerzas Armadas. Estos hechos no han sido esclarecidos y, a la fecha, no existe una investigación diligente.
A esto se suma que, solo en lo que va de 2025, se registra la muerte de más de mil personas privadas de libertad por falta de alimentación y atención médica. La Fiscalía tiene una deuda pendiente en el ámbito penitenciario, pues ninguna de estas muertes ni las prácticas de tortura sistemática han derivado en el acceso efectivo a la justicia.
De igual forma, actualmente existen más de 51 casos de desaparición forzada cometidas por agentes militares durante el 2024 cuyas investigaciones no han avanzado por la negativa de entrega de información por parte del Estado. Conforme a los estándares internacionales, esta situación configura un contexto de tortura psicológica para las familias buscadoras.
El CDH reconoce a las víctimas de tortura como personas defensoras de derechos humanos y ratifica su compromiso de acompañarlas hasta que se garanticen verdad, justicia y reparación integral y colectiva por la práctica de la tortura en Ecuador. Para el CDH, y conforme al reciente Índice Global de Tortura, en Ecuador la tortura se comete de manera sistemática contra la población empobrecida y racializada. Esto requiere de una justicia independiente y órganos de control capaces de poder fiscalizar e investigar estos actos
¡No más tortura!
Guayaqui, 26 de junio del 2026
La Oganización Mundial contra la Tortura (OMCT) alerta sobre la situación en Ecuador.
Entre los principales hallazgos, el informe señala al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operaciones de seguridad, además de denuncias por detenciones arbitrarias, incomunicación de personas detenidas y restricciones indebidas a las garantías judiciales.
Asimismo, advierte que estas afectaciones impactan de manera desproporcionada a personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niños y adolescentes.
El Índice Global de Tortura también recoge que entre 2024 y 2026 se registraron 369 denuncias de tortura, además de reportes sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
La OMCT sostiene que estos hechos ocurren en un contexto de alta impunidad, debido a que gran parte de las investigaciones no han concluido con sentencias condenatorias.
Finalmente, el organismo advierte que la aplicación reiterada de estados de emergencia y toques de queda, sin las garantías suficientes, incrementa el riesgo de abusos y debilita la protección de los derechos humanos en el país.
Leer reporte de OMCT https://tinyurl.com/yzvsxhet