A finales de marzo e inicios de abril de 2020 se registró en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, un fenómeno cruel y perturbador en contexto del azote de la pandemia por COVID-19 en el Ecuador. Nos referimos al extravío de cuerpos de personas fallecidas en domicilios o en hospitales del sistema de salud pública.
La crisis sanitaria del Covid-19 iniciada en el primer trimestre del 2020, ha marcado un antes y un después en la vida de las personas a nivel global. Mucho se ha escrito sobre la pandemia por las múltiples crisis adicionales que desató en los ámbitos médico, económico, social e incluso civilizacional. Sin embargo, está claro que ni siquiera los países desarrollados han podido frenar los nefastos impactos de la pandemia, menos aún América Latina y El Caribe, que ya antes enfrentaban el desmantelamiento o privatización de sus sistemas de salud, educación, creciente desempleo, bajo precio del petróleo, como resultado del aberrante sistema capitalista. La crisis sanitaria viene sobre crisis pre-existentes y ha sumado impactos graves en los sectores populares empobrecidos y más aún en las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, que continúan siendo, al igual que los pueblos indígenas, los más invisibles de los invisibles.
En el cantón Samborondón de la provincia del Guayas, la tarde del jueves, 21 de mayo de 2020, personal de la Policía Nacional desalojó forzosamente a grupo de campesinos montubios de la Asociación Agrícola "Río Mar”. Aproximadamente, 20 agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO usaron bombas lacrimógenas y detuvieron a Danilo Fariño Zuñiga, Presidente de la Asociación "Río Mar"; Albino Zuñiga, socio de la organización y Presidente de la UNIÓN “TIERRA Y VIDA”; y Cristhian Calderón Moncada, Carlos Alberto Zambrano Escalera, Juan Auria Gurumendi, Fredy Acosta Carranza, Julio Manuel Acosta Ruiz y Pedro Pompeya Vera Villamar.
En los últimos años se ha ido reiterando el uso de una especial forma de violar la Constitución de la República: un Ministro expide una norma de rango muy inferior que contradice a la Norma Suprema y ni siquiera tiene el rango de Ley, un simple Acuerdo Ministerial y la vulneración pasa.
El CDH condena las agresiones y las detenciones arbitrarias sufridas por Defensores de Derechos Humanos y periodistas en Guayaquil.
El jueves 14 de mayo a las 9h00 en el centro de Guayaquil en circunstancias que se realizaba un plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección, que había sido convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, a la que se sumó el Frente Amplio Estudiantil, se registró una violenta incursión policial, perteneciente a la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO y del Grupo de Operaciones Motorizados, GOM.
