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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Las organizaciones abajo firmantes presentamos el siguiente pronunciamiento a los asistentes al Encuentro por la Paz, la reconciliación y la autodeterminación del pueblo de Venezuela realizado el 15 de febrero de 2019 en la Plaza San Francisco en Guayaquil:

 

 

- La situación de Venezuela sigue siendo dolorosa para América Latina, el mundo y los venezolanos.

 

- Reconocemos como indiscutible que en Venezuela existe una crisis política y económica que afectan los Derechos Humanos de la población, generada por factores internos y de injerencia externa de carácter geopolítica y de control de sus recursos naturales, que ha generado alta conflictividad social y centenares de homicidios que habrían sido perpetrados por agentes del Estado, sus aliados y diversos grupos de oposición política. Estas manifestaciones violentas no representan de ninguna forma el ejercicio legítimo de reclamación de Derechos Humanos; la vía de la imposición violenta desconoce el espíritu de la Manifestación Pacífica, el Estado de Derecho y los medios civilizados de canalizar reclamaciones.

 

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- Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el éxodo de venezolanos es uno de los movimientos de población masivos más grandes en la historia de América Latina (i). La ONU estima a 2,3 millones de venezolanos que han emigrado de su país, principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y esa cifra no deja de aumentar. La ONU reporta que las principales razones por las que los venezolanos abandonan su país son la falta de comida y la grave escasez de medicinas y suministros médicos, en un escenario en el que la compra de estos productos en el mercado internacional está sometido a restricciones comerciales impuestas por terceros países.

 

- Rechazamos la creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el TSJ en el exilio, apoyado por EEUU y el Grupo de Lima, porque conduciría a la profundización de la crisis y a un “choque de trenes” que podría derivar en un conflicto interno de consecuencias impredecibles, comprometiendo la soberanía e integridad de la Nación.

 

- Más allá de la calificación y el pronunciamiento que puedan hacer gobiernos extranjeros sobre la legitimidad del Jefe de Estado venezolano, sólo el pueblo de Venezuela, apoyándose en la Constitución y conforme a su derecho inalienable a la autodeterminación, debe ser quién decida sobre la salida a la crisis política. Por ello, rechazamos firmemente la intención del gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima de atropellar la dignidad del pueblo venezolano, al pretender imponer como solución a la crisis, un gobierno paralelo que equivaldría a un golpe de estado parlamentario.

 

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- Rechazamos toda intervención abierta o soterrada de potencias e intereses extranjeros de triste recordación en América Latina. Los problemas de Venezuela deben resolverlos los venezolanos mediante el amplio diálogo y la negociación, en un clima de paz y respeto, con el acompañamiento solidario de los demás pueblos del Continente y del Mundo. Pretender aprovecharse de la situación o, peor aún, echar leña al fuego es absolutamente condenable.

 

- Reconocemos la importancia de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, según Resolución 2131 de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1965 y recordamos los siguiente párrafos de la resolución:

 

1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas.

 

2. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado.

 

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- El Grupo de Lima es un grupo informal de presión creado bajo los auspicios de EEUU, a partir de los cambios de gobiernos en la región en los últimos años, ante la imposibilidad de lograr una mayoría en la OEA para imponer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Venezuela. No son razones humanitarias sino políticas y económicas, las que animan a ese bloque de gobiernos, en el que participa EEUU, y lo que está de por medio son las ambicionadas riquezas naturales y la primera reserva petrolera del mundo.

 

- Esta confrontación podría desembocar en una guerra civil con participación internacional o en una negociación cupular forzada por intereses foráneos. En estas circunstancias, cuando está en juego la existencia de la Nación, es que el pueblo debe ser el protagonista de su propia historia para decidir el destino de la República, ejerciendo plenamente su derecho a la autodeterminación.

 

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Por esa razón, proponemos no abandonar el diálogo y la negociación, tomando como punto de partida la convocatoria a un referéndum consultivo vinculante, en el que los venezolanos decidan en elecciones transparentes y con base en los artículo 70 y 71 de la Constitución, si quieren o no renovar todos los poderes públicos(ii).

 

Exigimos al Estado de Ecuador levantar el requisito de pasado judicial para venezolanos por ser una medida anacrónica considerando la larga tradición de integración regional andina; xenófoba, por tender a criminalizar a personas por su condición migratoria y nacionalidad; ineficaz, por no impedir que la población en estado de desesperación se detenga en la frontera; no idónea, por promover la migración irregular, la trata y el tráfico de personas; contraproducente, porque restringe los medios de prevención y control del Estado frente a esta población y contravenir obligaciones de Estados frente al deterioro de las condiciones humanitarias.

 

Dicho en la Plaza San Francisco de Guayaquil, el 15 de febrero de 2019

 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Jornada por la Paz

 

 

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(I) Publicado el 10 de agosto de 2018 - https://bit.ly/2MvXaDr

(II) Propuesta promovida por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Caracas 17 de enero 2019