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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El colectivo Guayaquil Canábico, el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) informamos al público en general sobre los acontecimientos ocurridos durante la Marcha Mundial de la Marihuana en Guayaquil, la tarde del sábado 4 de mayo de 2019.

 

 

Semanas antes de la marcha, por intermedio de la Coordinación General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, según oficio No. DPE-CGDZ8-2019-0332-O se notificó actividad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, Empresa Pública Municipal de Transito de Guayaquil, a la Comandancia zonal 8 Policía Nacional y a la Intendencia General de Policía del Guayas.

 

Sin embargo, el sábado 4 de mayo del 2019 los asistentes a la actividad fueron hostigados por parte de representantes de la Policía Nacional, junto al Comisario Tercero Nacional de Policía del Cantón Guayaquil, pese a que los organizadores mostraron documentos enviados con los respectivos sellos de entrega. El Comisario insistió en que necesitaban el permiso de Intendencia.

 

Según registro audiovisual recibido, los agentes de la fuerza pública interrumpieron el desarrollo de la marcha, agredieron e intimidaron a marchistas. Según testimonio de la activista Diana Maldonado, “...al llegar a la altura de la Avenida 9 de Octubre y Boyacá empezaron a perseguir a unas personas y a agredirnos, en ese momento el policía (...) que estaba conduciendo una de las patrullas, acelera y golpea mi pierna con el parachoques del vehículo. Una calle más adelante el Comisario Tercero Nacional de Policía Cantón Guayaquil, junto con otro contingente de la Policía Nacional en el que ya estaban los miembros de la unidad GOME, UMO y policías mujeres, intentaron impedirnos el paso hacia la Plaza San Francisco porque a su criterio no teníamos permiso para continuar y porque él ya nos dio la “oportunidad de expresarnos y nuestro derecho había terminado”. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional agredían a las personas asistentes empujándonos y echándonos gas pimienta (tenemos videos y fotos de este hecho). Esto provoco que gran parte de los manifestantes se vayan asustados.”

 

Según testimonio recogido “... el policía (...) habla conmigo y me dice que debíamos que irnos de la plaza, que ya nos habíamos manifestado y que no podíamos continuar ahí aglomerados porque no teníamos permisos. Procedí a mostrarles el impreso del documento que nos remitió la DPE y me dijo que eso no era suficiente y que teníamos igual que retirarnos del lugar. Al preguntarle sobre el artículo del COIP que estábamos infringiendo por estar ahí reunidos pacíficamente me responde “aquí hay dos formas de hacer las cosas, por las buenas o por las malas, usted me dice, yo le doy cinco minutos” .

 

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Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben cumplir con los siguientes estándares:

 

1. Todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica (concentraciones, protestas, huelgas y paros, entre otras), lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La manifestación pacífica es un acto legítimo contra violaciones de los derechos humanos, políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una condición de ésta.

 

2. Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho a la libertad de reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa.

 

3. Los Estados no deben interferir en las manifestaciones pacíficas y también deben proteger a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos, en particular cuando las personas que manifiestan defienden puntos de vista impopulares o controvertidos o pertenecen a minorías u otros grupos que están expuestos a un riesgo mayor de victimización, ataques u otras formas de intolerancia. La presencia de observadores de los derechos humanos en las manifestaciones puede disuadir la violación de los derechos humanos. La labor de los periodistas también es importante para facilitar información independiente sobre las manifestaciones.

 

4. Los Estados no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes. Específicamente, los Estados deben abstenerse de: a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes, o descalificarlas como actos de “desorden público” o “desestabilización”; b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad; c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas; d) utilizar “infiltrados” con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la violencia; e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad; y f) la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.

 

5. Es una obligación del Estado no interferir con el derecho a circular información, ideas y expresiones en una manifestación pacífica. La libertad de dar y recibir información protege de manera especialmente enérgica la expresión y difusión de informaciones en materia política y, más ampliamente, sobre asuntos de interés público. Por lo tanto, la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para la formación de la opinión pública.

 

6. Está prohibido para todos los sujetos políticos y los poderes estatales, la utilización abusiva y desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. Ello comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes. Los Estados deben establecer medidas administrativas de control para asegurar que sólo se recurra excepcionalmente al uso de la fuerza en manifestaciones públicas en los casos en que sea necesario y deben adoptar medidas de planificación, prevención e investigación de los casos en que haya habido abuso de la fuerza. Los funcionarios que incurran en estas prácticas deben ser sancionados.

 

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Los activistas en derechos humanos conocemos sobre el control de convencionalidad y el marco constitucional, debido a esto, citamos los instrumentos internacionales de derechos humanos como parte de nuestro sistema constitucional ya que el Ecuador los ha ratificado de forma libre y voluntaria.

 

Todo y mas de lo relatado esta respaldado con vídeos y fotos tomados durante toda la marcha.

 

Las organizaciones firmantes de este comunicado hemos dirigido queja a Defensoria del Pueblo del Ecuador, Secretaria Nacional de la Gestión de la Política y Ministro del Interior que se disponga realizar inmediata y exhaustiva investigación sobre los incidentes en la marcha y promover una reunión de trabajo con personal de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Intendencia General del Guayas, Colectivo Guayaquil Cannábico, Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías y el CDH para examinar los hechos y coordinar procedimientos que eviten afectar derechos y libertades fundamentales de las personas en ele espacio público.

 

Guayaquil, 10 de mayo de 2019

 

 

Guayaquil Canábico


Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías


Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 

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Fuentes
- Tercer Informe Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de asociación y reunión pacífica en contexto de elecciones, 2013, Maina Kiai
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (OACDH)
- Guía de Manifestaciones Públicas (Espacio Público)
- Comentario de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, a la Declaración sobre el Derecho de Promover y Proteger los Derechos Humanos (OACDH)
- Protesta Social Pacífica (FIDH)
- Principios Protección Personas Privadas de Libertad (CIDH)
- Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión (CIDH)