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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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El colectivo Guayaquil Canábico, el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) informamos al público en general sobre los acontecimientos ocurridos durante la Marcha Mundial de la Marihuana en Guayaquil, la tarde del sábado 4 de mayo de 2019.

 

 

Semanas antes de la marcha, por intermedio de la Coordinación General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, según oficio No. DPE-CGDZ8-2019-0332-O se notificó actividad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, Empresa Pública Municipal de Transito de Guayaquil, a la Comandancia zonal 8 Policía Nacional y a la Intendencia General de Policía del Guayas.

 

Sin embargo, el sábado 4 de mayo del 2019 los asistentes a la actividad fueron hostigados por parte de representantes de la Policía Nacional, junto al Comisario Tercero Nacional de Policía del Cantón Guayaquil, pese a que los organizadores mostraron documentos enviados con los respectivos sellos de entrega. El Comisario insistió en que necesitaban el permiso de Intendencia.

 

Según registro audiovisual recibido, los agentes de la fuerza pública interrumpieron el desarrollo de la marcha, agredieron e intimidaron a marchistas. Según testimonio de la activista Diana Maldonado, “...al llegar a la altura de la Avenida 9 de Octubre y Boyacá empezaron a perseguir a unas personas y a agredirnos, en ese momento el policía (...) que estaba conduciendo una de las patrullas, acelera y golpea mi pierna con el parachoques del vehículo. Una calle más adelante el Comisario Tercero Nacional de Policía Cantón Guayaquil, junto con otro contingente de la Policía Nacional en el que ya estaban los miembros de la unidad GOME, UMO y policías mujeres, intentaron impedirnos el paso hacia la Plaza San Francisco porque a su criterio no teníamos permiso para continuar y porque él ya nos dio la “oportunidad de expresarnos y nuestro derecho había terminado”. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional agredían a las personas asistentes empujándonos y echándonos gas pimienta (tenemos videos y fotos de este hecho). Esto provoco que gran parte de los manifestantes se vayan asustados.”

 

Según testimonio recogido “... el policía (...) habla conmigo y me dice que debíamos que irnos de la plaza, que ya nos habíamos manifestado y que no podíamos continuar ahí aglomerados porque no teníamos permisos. Procedí a mostrarles el impreso del documento que nos remitió la DPE y me dijo que eso no era suficiente y que teníamos igual que retirarnos del lugar. Al preguntarle sobre el artículo del COIP que estábamos infringiendo por estar ahí reunidos pacíficamente me responde “aquí hay dos formas de hacer las cosas, por las buenas o por las malas, usted me dice, yo le doy cinco minutos” .

 

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Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben cumplir con los siguientes estándares:

 

1. Todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica (concentraciones, protestas, huelgas y paros, entre otras), lo que significa expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La manifestación pacífica es un acto legítimo contra violaciones de los derechos humanos, políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una condición de ésta.

 

2. Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho a la libertad de reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa.

 

3. Los Estados no deben interferir en las manifestaciones pacíficas y también deben proteger a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos, en particular cuando las personas que manifiestan defienden puntos de vista impopulares o controvertidos o pertenecen a minorías u otros grupos que están expuestos a un riesgo mayor de victimización, ataques u otras formas de intolerancia. La presencia de observadores de los derechos humanos en las manifestaciones puede disuadir la violación de los derechos humanos. La labor de los periodistas también es importante para facilitar información independiente sobre las manifestaciones.

 

4. Los Estados no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes. Específicamente, los Estados deben abstenerse de: a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes, o descalificarlas como actos de “desorden público” o “desestabilización”; b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad; c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas; d) utilizar “infiltrados” con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la violencia; e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad; y f) la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.

 

5. Es una obligación del Estado no interferir con el derecho a circular información, ideas y expresiones en una manifestación pacífica. La libertad de dar y recibir información protege de manera especialmente enérgica la expresión y difusión de informaciones en materia política y, más ampliamente, sobre asuntos de interés público. Por lo tanto, la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para la formación de la opinión pública.

 

6. Está prohibido para todos los sujetos políticos y los poderes estatales, la utilización abusiva y desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. Ello comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes. Los Estados deben establecer medidas administrativas de control para asegurar que sólo se recurra excepcionalmente al uso de la fuerza en manifestaciones públicas en los casos en que sea necesario y deben adoptar medidas de planificación, prevención e investigación de los casos en que haya habido abuso de la fuerza. Los funcionarios que incurran en estas prácticas deben ser sancionados.

 

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Los activistas en derechos humanos conocemos sobre el control de convencionalidad y el marco constitucional, debido a esto, citamos los instrumentos internacionales de derechos humanos como parte de nuestro sistema constitucional ya que el Ecuador los ha ratificado de forma libre y voluntaria.

 

Todo y mas de lo relatado esta respaldado con vídeos y fotos tomados durante toda la marcha.

 

Las organizaciones firmantes de este comunicado hemos dirigido queja a Defensoria del Pueblo del Ecuador, Secretaria Nacional de la Gestión de la Política y Ministro del Interior que se disponga realizar inmediata y exhaustiva investigación sobre los incidentes en la marcha y promover una reunión de trabajo con personal de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Intendencia General del Guayas, Colectivo Guayaquil Cannábico, Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías y el CDH para examinar los hechos y coordinar procedimientos que eviten afectar derechos y libertades fundamentales de las personas en ele espacio público.

 

Guayaquil, 10 de mayo de 2019

 

 

Guayaquil Canábico


Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías


Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 

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Fuentes
- Tercer Informe Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de asociación y reunión pacífica en contexto de elecciones, 2013, Maina Kiai
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (OACDH)
- Guía de Manifestaciones Públicas (Espacio Público)
- Comentario de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, a la Declaración sobre el Derecho de Promover y Proteger los Derechos Humanos (OACDH)
- Protesta Social Pacífica (FIDH)
- Principios Protección Personas Privadas de Libertad (CIDH)
- Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión (CIDH)

 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA MARCHA MUNDIAL DE LA MARIHUANA 2019

Texto leido el 4 de mayo del 2019 en la Plaza San Francisco pese a los incidentes provocados por agentes policiales y comisario de Intendencia.

 

Todos somos el movimiento por la regularización


En el mundo entero el movimiento a favor de la regularización del cannabis ha derribado las barreras legales impuestas por los Estados a mediados del siglo pasado, consolidando un nuevo momento, en donde la garantía de los derechos de consumidores medicinales y lúdicos pasa a primer plano del debate público, permitiendo que miles de ciudadanos y ciudadanas se articulen social y económicamente a la legalidad. Países como Uruguay o Colombia, con sus límites y contradicciones, son ejemplos de cómo se puede desarrollar importante industria que aporta más de 20 millones de dólares anuales en retornos tributarios y está enfocada en el bienestar de las personas.


A tono con lo que sucede en diversos lugares de América, en el Ecuador se ha avanzado en torno a la regularización del Cannabis Medicinal en distintos cuerpos legales, como el Código Orgánico de la Salud y las reformas del Código Orgánico Integral Penal, gracias a la presión, articulación y coordinación de las organizaciones sociales canábicas, empresas e individuos que luchan por la regularización del cannabis.


Lo avanzado ha sido importante, pero es apenas un inicio de una lucha que la consideramos integral, enfocada en la plena garantía de los derechos constitucionales de usuarios, productores y artesanos que trabajan con el cannabis y los diversos mercados que existen en torno a ella, esto es, lo industrial, el aspecto medicinal, y el personal adulto. En este sentido planteamos una regularización integral de todos los usos relacionados con el cannabis, así como la formalización de las relaciones económicas y jurídicas que los cultivadores enfocados en su plena integración legal de su actividad a través de la regularización tributaria y controles sanitarios respectivos.


El cannabis es una planta versátil cuyas propiedades van desde lo medicinal, pasando por lo industrial y lo social. El registro histórico de su uso muestra su profunda relación con el bienestar y la salud de personas, con aspectos mágicos y rituales, propiedades que se han develado sumamente efectivas para combatir enfermedades como el cáncer, pero también para la convivencia social. Lastimosamente hay sectores que quieren desvincular los diferentes aspectos de la lucha enfocándose únicamente en el aspecto medicinal, olvidando de manera deliberada que es el usuario recreativo quien guardó el conocimiento local sobre el autocultivo, el abastecimiento o la extracción de aceites con enfoque terapéutico y ha sido pieza clave en la búsqueda de salud de miles de personas que han encontrado bienestar en la planta.


Nuestra plataforma es incluyente e inclusiva y va contra la condena y criminalización de lxs usuarixs ha sido implacable desde mediados del siglo 20, desplegando una campaña de difamación y mentiras que se han convertido en la forma común como se entiende al cannabis recreativo. Producto de estos existe un miedo que, en base a mentiras, quiere estereotipar a los usuarios recreativos y sociales como personas ajenas al movimiento por la regularización del cannabis medicinal y a la vez condena a usuarios medicinales a los riesgos de la criminalización, incluyendo la vulneración de sus derechos y la falta de garantías del estado para el derecho a la salud, como el caso del compañero José Quintana, colombiano, activista y paciente oncológico recuperado quien se encuentra preso en la ciudad de Tulcán desde hace casi dos meses, privado de su medicina y en condiciones de riesgo para su vida. Cabe destacar que las cifras en Ecuador sobre las mujeres encarceladas por delitos de drogas también son terroríficas, de 7 a 8 de cada 10 están privadas de libertad por relacionarse al cannabis o a otras sustancias ilegales.


Las marchas Mundiales por la Marihuana, han sido, desde su experiencia concreta, espacios de inclusión y proyección de una plataforma integral, que invite e incluya a todas las personas a pensar un futuro mejor en dónde las medicinales estén al acceso de la gente, y no controladas por empresas, políticos o gobiernos. El Cannabis, es justamente esta medicina asequible, socialmente responsable y profundamente efectiva, que a través del autocultivo, es fuente de bienestar y salud.


Es en este sentido que reivindicamos el rol de todxs lxs usuarixs personales como puntal fundamental para que la medicina llegue a los hogares de miles de usuarios medicinales, ya que ellxs, constantemente, han estado movilizadxs por la regularización y han sido quienes proveen de la materia prima. Son justamente estas personas las que deben ser protegidas por la nueva normativa de regularización, los productores de cannabis, quienes con mucho esfuerzo han elevado el nivel y calidad de las plantas medicinales y recreativas.


De esta manera, el modelo de regularización integral y de base económica local del cannabis se hace un elemento central en la plataforma, ya que la necesidad real es generar un proceso en donde el autocultivo sea la base de las relaciones productivas, articulando a los pequeños y medianos productores con quienes procesan la planta con la finalidad de hacer productos terapéuticos, permitiendo la generación de una industria local a través de la economía asociativa que mantenga una medicina barata y de calidad.


Por tanto rechazamos las intenciones de algunos sectores políticos y económicos de únicamente importar materia prima, lo que implicaría un monopolio anticonstitucional que no supone respuesta alguna a problemas conexos como el narcotráfico, ya que la regularización de la producción local es la única respuesta para disminuir la participación del narco en el mercado del cannabis.


Marchamos para mostrar que como movimiento cada vez tenemos más fuerza y rigor y que el único camino a transitar es el de la regularización integral del cannabis con un claro enfoque local, y no sujetos a las corporaciones internacionales.


Marchamos por la regularización completa del cannabis medicinal y terapéutico con un claro enfoque local que permita la tecnificación y mejoramiento de la producción local, incentivando el autoabastecimiento, y el mantenimiento de precios bajos y solidarios.


Marchamos por la regularización de los usos personales adultos y sociales, para que pare la identificación por perfiles de usuarios de cannabis, requisas ilegales, detenciones arbitrarias, constante vulneración de derechos, y presiones psicológicas desde la institucionalidad estatal.


Marchamos por la plena integración de lxs cultivadirxs y sus actividades profesionales al desarrollo de la industria del cannabis medicinal, lo que implica el poder dar las garantías necesarias para su plena integración sin criminalizarlos penalmente.


Marchamos por los derechos de cada uno de los distintos tipos de usuarixs, por seguir con la lucha e invitar a unificar fuerzas por una meta en común.