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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Carta pública a autoridades del Estado de parte de organizaciones sociales sobre situación de la explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo en el Ecuador, en el contexto de la conmemoración del Dia Mundial contra la Trata.

 

A continuación el texto enviado:

 

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Extendemos un cordial saludo de quienes conformamos la Alianza por la Niñez y Adolescencia- Ecuador, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-Guayaquil), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Colectiva Vigilia #InfanciaSinAbusos, Colectiva Batamba, Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG), Cubeta-Batucada Feminista, Escuelita Popular Guayaquil, Mujeres por el Cambio - Guayas, organizaciones que formamos parte del tejido social nacional por la protección, promoción y defensa de los Derechos Humanos, y que suscribimos un pronunciamiento alertando sobre posibles casos de explotación sexual infantil en un prestigioso hotel de Guayaquil, ante lo cual exigimos a la Fiscalía la investigación de casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los Viajes y el Turismo en el Ecuador. En esta oportunidad, nos ratificamos en el pedido de investigación, según lo expuesto en el pronunciamiento suscrito por más de 160 ciudadanas, ciudadanos, organizaciones y colectivos sociales (documento adjunto).

 


El turismo sexual, también llamado explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, es considerado en nuestra legislación como un acto que está categorizado como delito bajo la forma de trata de personas, tipificado en el artículo 91 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De fuente oficiales se conoce que el 83% de las víctimas corresponden a trata de personas con fines de explotacion sexual.

 

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Esta problemática que afecta en su mayoría a niñas, niños y adolescentes, genera graves vulneraciones a sus derechos humanos, y exige, conforme las obligaciones asumidas por el Estado en los instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado, la responsabilidad de prevenirla, así como de investigar, sancionar; y reparar a las víctimas. Estos compromisos generan obligaciones directas a las diferentes funciones e instituciones del Estado en todos los niveles, particularmente al Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional.

 


Por otro lado, es obligación del Estado y sus instituciones la formulación de normativa, políticas públicas, programas, proyectos, servicios y recursos suficientes y oportunos para erradicar estas prácticas que laceran la vida de los seres humanos sometidos y esclavizados a cualquier forma de trata de personas. Frente a esta problemática, en el Ecuador, desde el año 2006 se cuenta con un Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas. Conocemos que en noviembre de 2019 se promulgó el Plan de Acción contra la Trata 2019-2030. Este documento presenta una serie de ejes y estrategias para prevenir, investigar, judicializar y erradicar delitos como la trata de personas, incluida aquella que tiene como fin la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo; y señala con absoluta claridad que las víctimas son utilizadas para enriquecer una economía ilegal y millonaria que los esclaviza, les quita su condición humana y los convierte en objetos de uso.

 

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Uno de los ejes del Plan, guardando coherencia con las recomendaciones de organismos internacionales; entre ellas el l Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (2017) que ha recomendado al Ecuador, que “se adopten indicadores específicos sobre la infancia en la recopilación de datos relativos a la trata, la explotación sexual y la pornografía”; es el de generar información sobre la situación, lo cual permitirá tomar medidas adecuadas y así evitar la improvisación y acciones aisladas, que no generan un real impacto en el combate al gravísimo fenómeno de la trata de personas, presente en nuestro país.

 


En consecuencia con las referidas disposiciones constitucionales y guardando coherencia con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, solicitamos a usted, que disponga a las diferentes instituciones que forman parte de la Función Ejecutiva el cumplimiento de sus responsabilidades específicas en relación con el combate a la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y, de manera particular:

 


a) A las/los delegados de la Presidencia de la República en el Comité Interinstitucional contra la trata de personas, la revisión del Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019-2030, en lo que corresponda, puesto que focaliza su implementacion en la región andina central y en fronteras del país. Creemos necesario su ampliación al Litoral ecuatoriano, específicamente hacia el Guayas, considerando la alerta que registra esta provincia como resultado del desplazamiento forzoso de ciudadanos venezolanos; para esto, es necesario contar con una evaluación del avance del Plan desde su aprobación hasta la presente fecha.

 

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b) Al Ministerio de Gobierno, el cumplimiento e implementación de las acciones establecidas marco de la aplicación del Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Sexual, Laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes.

 


c) Al Ministerio de Turismo, los protocolos de acción de la institución para prevenir y erradicar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con énfasis en el denominado turismo sexual.

 


d) Al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y a la Secretaría de Derechos Humanos, la implementación de los servicios necesarios para la atención a las víctimas de trata y explotación sexual.

 


e) En el marco de sus competencias es fundamental coordinar con la Función Judicial a fin de asegurar que tanto la Fiscalía General del Estado como la administración de justicia generen de manera permanente y oportuna estadísticas que incluyan cifras actualizadas desagregadas territorialmente, por edad, género, autoidentificación étnica, nacionalidad entre otros, que sean dadas a conocer al público de forma transparente sobre los casos judicializados. Y, por su parte las instituciones de la Función Ejecutiva deberán generar las estadísticas correspondientes, lo que permitirá conocer de manera efectiva las respuestas frente a este grave delito.

 


Finalmente, considerando que de acuerdo al artículo 18 numeral 1 de la Constitución del Ecuador, que reconoce el derecho de las personas, en forma individual o colectiva, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. Esto en concordancia con el artículo 18 numeral 2 de la Constitución, que garantiza a ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, el derecho a acceder libremente a ‘‘información generada en entidades públicas o en privadas, que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.” Al igual que el artículo 1 de la LOTAIP donde consagra el principio de publicidad de la información y el 9 donde señala la responsabilidad de entregar información pública en un lapso de 15 días plazo como máximo si es que se llegase a solicitar la misma, solicitamos:

 


a) A cada una de las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional para la implementación del Plan de Acción contra la Trata: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones exteriores y movilidad humana, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), La Secretaría de Derechos Humanos antes Ministerio Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Secretaría General de Comunicación, Senescyt, Defensoría del Pueblo, nos informe las acciones realizadas y los resultados obtenidos por los mismos para materializar los compromisos que recoge el Plan de Acción Contra la Trata en el Ecuador (2019).

 


b) Al Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Provincial del Guayas, al Ministerio de Gobierno y Policía Nacional, nos informe sobre los resultados alcanzados a través del proceso en el cual las instituciones de la administración de justicia conocen, investigan y sancionan la trata de personas y garantizan la reparación de los derechos conculcados, así como, nos envíe las cifras sobre los proceso penales abiertos en temas de trata de personas detallando su zona geográfica, su situación procesal y el tipo de trata que se ejecuta detallando: grupo etario, género, edad, nacionalidad, autoidentificación étnica, entre otras variables que dispongan.

 

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Esperando una pronta respuesta, extendemos los correos para efectos de notificación:

 

1) Billy Navarrete: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (CDH)
2) Consuelo Bowen: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (CEPAM-G)
3) Lita Martínez: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (CEPAM-G)
4) Carolina Lara: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Colectiva Vigilia #InfanciaSinAbuso)
5) Patricia Calero: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Alianza por la Niñez y Adolescencia Ecuador):

 

Guayaquil, 30 de julio de 2021

 

 

Carta dirigida a las siguientes autoridades:

 

Sr. Guillermo Lasso
Presidente
República del Ecuador

 

Sra. Mae Montaño

Ministra
Ministerio de Inclusión Económica y Sociales (MIES)

 

Sr. Niels Olsen
Ministro
Ministerio de Turismo

 

Abg. Lady Diana Salazar
Fiscal General
Fiscalía General del Estado

 

Abg. Bernarda Ordoñez
Secretaría General
Secretaría de Derechos Humanos

 

Abg. Yanina Villagomez Oñate
Fiscal Provincial
Fiscalía Provincial del Guayas

 

Abg. Alexandra Vela
Ministra
Ministerio de Gobierno

 

Arq. Patricio Donoso
Ministro
Ministerio de Trabajo

 

Sr. Mauricio Montalvo
Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

 

Mgtr. María Brown Pérez
Ministra
Ministerio de Educación

 

Dra. Ximena Garzón
Ministra
Ministerio de Salud

 

Econ. Eduardo Bonilla
Secretario
Secretaría General de Comunicación

 

Ing. Alejandro Ribadeneira
Secretario
Senescyt

 

 

Nómina de organizaciones sociales firmantes de carta pública:

 

Patricia Calero
Alianza por los derechos de la niñez y adolescencia - Ecuador

 

Lita Martínez A.
CEPAM - Guayaquil

 

Billy Navarrete
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

 

Carolina Lara
Colectiva Vigilia #InfanciaSinAbuso

 

Johanna Chévez
Colectiva Batamba

 

Paola León
Cubeta-Batucada Feminista

 

Adela Vargas
Escuelita Popular Guayaquil

 

Cecilia Mora Machado
Mujeres por el Cambio – Guayas

 

Xavier Moreira
Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG)

 

 

Pronunciamiento “Exigimos la investigación de casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los Viajes y el Turismo en el Ecuador".

 

Descargar documento completo aquí

 

 

 Registro Fotográfico de Plantón contra explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

Guayaquil, 30 julio 2021

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