Nos solidarizamos con las víctimas de la violencia desatada en el Ecuador y exigimos al Estado abordar de forma estructural la problemática del crimen organizado. Las medidas populistas no resultan eficaces y ahondan la situación
Como sociedad civil ecuatoriana, como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra solidaridad con las familias de todas las personas víctimas de la escalada de violencia que azota al país.
Desde hace tres años hemos alertado a la institucionalidad y a la comunidad internacional sobre el avance de la violencia evidenciado desde la primera masacre carcelaria ocurrida en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado: reiteradas declaratorias de estados de excepción y movilización de fuerzas armadas que resultan ineficaces en su alcance y ejecución y que no responden a un plan integral de seguridad ciudadana.
La violencia suscitada en las cárceles, controladas por el crimen organizado transnacional con complicidad del Estado, se instaló en barrios, ciudades y provincias, especialmente en los sectores y territorios más empobrecidos, racializados y en los que el Estado no garantiza el acceso a derechos humanos fundamentales.
El crimen organizado ha permeado todas las instituciones del Estado y ha debilitado su rol para garantizar la seguridad ciudadana. La infiltración ha sido evidente en los estamentos políticos, policiales, militares, judiciales, cooptados por el crimen organizado. Así, la “fuga” de líderes de bandas criminales en los últimos días o el ingreso de armas en los centros de privación de libertad sólo son posibles con la complicidad de funcionarios estatales. Sin embargo ninguna medida gubernamental se ha dirigido de manera estructural a depurar y fortalecer la institucionalidad ni a enfrentar los privilegios y sistemas de financiamiento de estas estructuras criminales.
Los graves y crecientes hechos de violencia ocurridos en las últimas 48 horas, secuestros, coches bomba, amedrentamientos, muertes por balas perdidas, asesinatos, motines en los centros de privación de libertad y otros actos protagonizados por bandas de crimen organizado en varias zonas del país nos han sumido en el caos y generan profunda sensación de indefensión.
Como respuesta a esta gravísima situación, el actual gobierno nuevamente ha recurrido a la misma receta: declarar estado de excepción, ordenar la movilización de fuerzas armadas y establecer toque de queda en todo el territorio nacional. Adicionalmente, ha reconocido a las bandas delincuenciales el estatus de “combatientes” y ha declarado la existencia de un “conflicto armado interno”.
Esta declaración de conflicto armado interno amparado en el Derecho Internacional Humanitario deja diversas dudas respecto de su razonabilidad e insuficiente motivación. Además, preocupa la falta de garantías a los derechos de la población civil que no está comprometida, no participa ni se beneficia de la actuación de estos grupos criminales que como ya señalamos han permeado distintos barrios y territorios a más de la propia institucionalidad. Sin estas garantías, cualquiera puede resultar víctima de los excesos de los actores en conflicto -estatales y no estatales.
La declaración de conflicto armado interno otorga a las bandas criminales la calidad de “agentes beligerantes”, es decir la de combatientes con una estructura, con base ideológica y fines políticos, aspectos que no se identifican en las bandas de crimen organizado que están tomando el país. Lo que es más grave aún, la declaración deja abierta la posibilidad de identificar a nuevos grupos como “actores no estatales beligerantes” sin criterios claros de distinción de a quienes considera “terroristas”. Cuando la definición de “terroristas” recae en la discrecionalidad de la fuerza pública -infiltrada por el crimen organizado o no- cualquier persona puede ser etiquetada como tal.
En este contexto de ”guerra interna” contra un enemigo difuso –que no está sometido por ninguna regla de derechos humanos ni de derecho humanitario, que no resulta claramente identificable, que está mimetizado en zonas residenciales– todos y todas somos potenciales víctimas del fuego cruzado entre fuerza pública y crimen organizado. Todos y todas corremos riesgo de ser ejecutados, de que se creen falsos positivos y de que nuestras familias inicien una larga lucha en búsqueda de verdad y reparación, como ha pasado en varios casos sometidos a la justicia internacional. Ese riesgo aumenta si se trata de jóvenes hombres, de personas empobrecidas, racializadas, extranjeras, de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Los conflictos armados incrementan la violencia hacia la población civil más vulnerable, mujeres, niños, niñas, adolescentes y diversidades sexo genéricas, así como su reclutamiento, la exacerbación de la xenofobia, etc. La historia de la región, la misma historia de nuestro país, evidencia estos y otros riesgos.
Por todo lo anterior las organizaciones que suscribimos:
1. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la grave crisis de inseguridad que vive el Ecuador, especialmente con la población afectada directamente en sus entornos cercanos, familias, barrios, lugares de trabajo. Con todas y todos quienes han sufrido y sufren angustia y miedo por su seguridad y la de sus seres queridos.
2. Rechazamos rotundamente a los grupos de crimen organizado que han tomado las cárceles e instaurado más violencia en las calles del país.
3. Rechazamos terminantemente la captura del Estado, incluidos políticos, policías, militares, jueces, por parte de grupos de crimen organizado que es, en buena medida, responsable de las medidas parche, de la paz mafiosa que ahora estalla contra la población civil.
4. Rechazamos que se instrumentalice la crisis de inseguridad para adoptar decisiones que generen más violencia, violaciones de derechos humanos y/o que promuevan impunidad para sus perpetradores.
5. Denunciamos que la declaratoria antitécnica y acelerada de “conflicto armado interno” incrementa los riesgos de la población civil que está en medio de las hostilidades presentes y futuras y sobre la que no existen garantías de distinción y protección respecto de los denominados actores no estatales beligerantes.
6. Exigimos del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional, respuestas adecuadas y eficaces para abordar la crisis de inseguridad. Entre estas, diseñar e implementar de forma urgente un plan integral de seguridad ciudadana construido de forma participativa y con enfoque territorial y de derechos humanos; recuperar el control de los centros de privación de libertad; limitar y controlar las fuentes de financiamiento del crimen organizado; depurar las instituciones del Estado de la penetración de bandas criminales; entre otras.
7. Demandamos que ante la situación de zozobra e inseguridad se establezcan canales permanentes de comunicación e información dirigidos a la población respecto de las acciones estructurales que despliega el Ejecutivo y la fuerza pública para resguardar la integridad física de la población y el Estado de derechos.
8. Pedimos a la oficina de Naciones Unidas en el Ecuador, a la CIDH, a organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, otros órganos internacionales de Derechos Humanos, en el marco de sus mandatos y objetivos, se mantengan vigilantes de la situación y coadyuven a que el Ecuador cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
9. Exigimos a la Corte Constitucional que someta a un altísimo escrutinio constitucional: el decreto de estado de excepción del 8 de enero de 2024 y el decreto complementario del 9 de enero; el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para el combate a la inseguridad en el Ecuador; las preguntas sobre “seguridad” planteadas para consulta popular. Al despachar estas causas, la Corte Constitucional debe cumplir su rol y demandar al ejecutivo soluciones integrales enmarcadas en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en lugar de avalar respuestas ineficaces y populistas
El combate al crimen organizado transnacional en Ecuador requiere medidas responsables, técnicas y articuladas con la comunidad internacional. Requiere, sobre todo, la voluntad política para depurar las instituciones y fuerzas del orden sometidas a las bandas criminales y para cortar las fuentes de financiamiento. Sin eso, el uso de la fuerza estatal, fundado ahora en una antitécnica declaratoria de “conflicto armado interno”, dejará intactas las estructuras, seguirá fortaleciendo el crimen organizado ahora con estatus de “combatiente” y mantendrá en terror y en riesgo a la población civil.
10 de enero de 2024
Descargue Pronunciamiento de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador
Verdad, justicia y reparación
https://alianzaddhh.org/