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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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Monitoreo del CDH sobre la situación de crisis carcelaria en el Ecuador en el contexto conflicto armado interno declarado por el Gobierno Nacional.

 

Resultado de la declaratoria de Estado de Excepción en todo el territorio nacional y en los centros de privación de libertad del Ecuador bajo la causal de conflicto armado interno, se reportó el ingreso de las Fuerzas Armadas en varias cárceles del país.

 

 

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El CDH he registrado 680 personas fallecidas en contexto de violencia desde el 2018 hasta el 2023 debido al control de organizaciones criminales del sistema carcelario en el Ecuador. Según el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, esta realidad no justifica de forma categórica la práctica sistemática de tortura y tratos crueles, inhumano y degradantes que sufren las personas privadas de la libertad y sus familias registrada por el CDH desde la intervención militar.

 

Según información recibida por parte de familiares de personas en prisión, esta situación inició en la semana del 15 de enero con la restricción de acceso a agua potable y alimentación a las personas privadas de libertad. Posterior a ese hecho, se reportó el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Además, las familias señalaron estar incomunicados con sus parientes en prisión a partir del ingreso de intervención militar.

 

Estas acciones, según videos difundidos en redes sociales por personal de las Fuerzas Armadas y por denuncias de familiares de personas detenidas, fueron acompañadas de prácticas de Tortura como: negación de comida paulatina, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con pimienta, golpes, azotes entre otros actos que atentan la dignidad humana.

 

En una visita realizada por el equipo del CDH el domingo 21 de enero y lunes 23 de enero del presente año en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 (en adelante Penitenciaria) , se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a las cuáles fueron sometidas las familias de las personas privadas de libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional y respuesta represiva de la fuerza policial.

 

De igual forma, se pudo confirmar que desde el día miércoles 17 de enero la Penitenciaría del Litoral está bajo el mando de las Fuerzas Armadas sin la presencia de personal público civil que pueda constatar los operativos realizados dentro del centro carcelario. Según la misma Defensoría del Pueblo del Guayas, las Fuerzas Armadas les han impedido el ingreso para hacer una visita de verificación ignorando la disposición de la Corte Constitucional que faculta a la Institución Nacional de Derechos Humanos en ingresar a los centros penitenciarios sin ningún tipo de autorización.

 

 

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El 29 de enero de 2024 el CDH presentó tres demandas de Habeas Corpus correctivos por la situación de salud de 18 personas privadas de la libertad en la Penitenciaría del Litoral, en el contexto de la reciente ocupación por parte de las Fuerza Armadas.

 

Se han realizado audiencias judiciales el 1 y el 6 de febrero que han permitido conocer públicamente testimonios detallados sobre la Tortura colectiva resultado de la intervención militar y generado la resolución del Juez concediendo medidas cautelares en favor de todas las personas de la Penitenciaria del Litoral y se ordenó a las Fuerzas Armadas respetar la Ley.

 

1. Sobre el trato cruel, inhumano y degradante a familiares de las personas privadas de libertad:

 

Las familias nuevamente son víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes al ser restringidas de información sobre el estado de salud de su familiar detenido desde el inicio de la ocupación militar. Este escenario se agrava frente a la posibilidad de que su pariente detenido esté siendo golpeado o esté herido resultado de la intervención militar. De la misma forma ocurre con aquellas personas privadas de libertad que requieren de atención médica.

 

El 26 de enero, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), difundió un calendario para el ingreso de “vituallas”(1). El 29 de enero, el SNAI cambió de calendario de ingreso de vituallas y finalmente el jueves 1 de febrero emitió un comunicado sobre la suspensión del ingreso de las vituallas. Durante esos días, las familias compraron las vituallas y estuvieron haciendo largas filas en exteriores de la Penitenciaría del Litoral, muchas tuvieron que regresar a sus casas con los objetos. Finalmente, las familias recibieron la noticia que únicamente se podrá ingresar vituallas a través del economato, generando malestar y pérdidas económicas en familiares que ya habían comprado los productos.

 

Finalmente, frente a la falta de información y las denuncias de torturas de las personas detenidas por parte de Fuerzas Armadas, decenas de familiares se han concentrado en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, inclusive de otras provincias.

 

2. Sobre las acciones de Tortura ejercidas por las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios

 

La declaratoria de conflicto armado interno no justifica que agentes de la fuerza pública cometa acciones que atenten contra la dignidad. El Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra establece que la protección a las personas privadas de libertad tiene que ir en la misma línea que la protección a las personas civiles, así como la prohibición de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.(2)

 

De igual manera, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en su principio III expone:

 

Las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados deberán ser objeto de protección y atención conforme al régimen jurídico especial establecido por las normas del derecho internacional humanitario, complementado por las normas del derecho internacional de los derechos humanos. (énfasis añadido) (3)

 

A pesar de ello, El CDH ha recibido información que evidencia actos de Tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes probibidas por el Derecho Internacional Humanitartio (DIH) y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como estándares complementarios :

 

a) Condiciones de detención que atentan contra la dignidad: (4)

 

• Hacinamiento en celdas algunas de ellas con síntomas de tuberculosis, sin atención médica.
• Restricción de acceso a medicamentos de personas con enfermedades catastróficas (VIH, tuberculosis) y con requerimientos quirúrgicos.
• Restricción de servicios básicos como agua y luz.
• Restricción de material de aseo y de uso personal (jabón, cepillo de dientes).
• Destrucción de bienes personales no peligrosos.
• Restricción espontánea de acceso a alimentación .
• Inclusión de mujeres trans en pabellones de hombres.

 

Estas condiciones de detención restringen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

 

b) Prácticas de Tortura contra personas privadas de libertad por parte de las Fuerzas Armadas:

 

• Golpes con palo.
• Golpes con cables metálicos.
• Los despiertan a las 6 de la mañana y los tienen sentados con las manos en el cuello y vestidos con ropa interior.
• Se constata restricción de alimentación por más de 6 días y luego de manera intermitente.
• Golpes en testículos con cables.
• Fundas en la cabeza con gas pimienta.
• Ahogo en tanques de agua.
• Uso de corrientes eléctricas.
• Insultos denigrantes que atentan contra la dignidad.
• Tiempo para comer de 1 minuto y luego los militares les patean la comida.
• Destruyen la medicinas e insumos médicos que tienen las personas privadas de libertad.
• Bañan con orina a prisioneros.
• Obligan a defecar en cuclillas.

 

 

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La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

 

El principio número 22, de la lista de Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consagra que las sanciones disciplinarias propias del régimen disciplinario penitenciario deberán estar sujetas a control judicial y estar previamente establecidas en las leyes, y no podrán contravenir las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Así mismo, establece que la determinación de las sanciones o medidas disciplinarias y el control de su ejecución estarán a cargo de autoridades competentes, quienes actuarán en toda circunstancia conforme a los principios del debido proceso legal, respetando los derechos humanos y las garantías básicas de las personas privadas de libertad, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Las medidas o sanciones de aislamiento en celdas de castigo, están prohibidas.

 

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala en el Artículo 2 que:

 

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”

 

En Artículo 3 señala:

 

“Serán responsables del delito de tortura: a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

 

El Artículo 4 señala: “El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.”

 

El Artículo 5 señala:

 

“No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.”

 

 

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Testimonio

 

Soy cristiana evangélica. Yo no hablo solo por mí pariente, yo hablo por todos. Señor Presidente, usted les quitó el agua, les quitó la ropa, los zapatos, los dejó desnudos, los tiene sin comida. Los tiene durmiendo en el piso y además metieron una paliza. Tengo un video de prueba eso. Señor Presidente no haga eso, usted puede rehabilitar a los chicos pero no unirse a las bandas. Darles la autoridad a los militares, a los policías para que maten.  Usted sabe que si usted lo ordena, ellos lo hacen, no haga eso.

 

 

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Testimonio

 

Me acerque en conjunto a la familia de mi esposo, solamente nos dijeron que ellos no tienen orden de dar información. Aquí no nos dan la información. Aquí tenemos desde el día viernes (19 enero 2024), queriendo recibir información de nuestros PPL.

  

3. Sobre la intervención progresiva de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios

 

Si bien es cierto, el decreto ejecutivo 110 de Estado de Excepción permitió el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros de privación de libertad, esta intervención debía ser: temporal, subsidiaria, extraordinaria, condicionada, regulada, fiscalizada y subordinada. (...)

 

El ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros de privación de libertad, es de manera complementaria para garantizar que no existe amenaza o afectación grave a la vida, integridad física o sexual (....) (énfasis añadido) (5)

 

Esto por cuanto la declaratoria de conflicto armado interno, no exime al Estado de cumplir con su obligación de garante de los derechos de las personas privadas de libertad, de su obligación de garantizarles protección reforzada y por lo tanto de tratar a las personas privadas de libertad en la misma medida de protección que la población civil (6). De la misma forma los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en su principio III señala:

 

Las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados deberán ser objeto de protección y atención conforme al régimen jurídico especial establecido por las normas del derecho internacional humanitario, complementado por las normas del derecho internacional de los derechos humanos. (énfasis añadido). (7)

 

En ese sentido, la Corte Constitucional consideró que la intervención de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios en un contexto de Estado de Excepción es una medida desproporcionada al no tener las competencias legales ni formativas para establecer orden o seguridad. 

 

La participación de las Fuerzas Armadas en el interior de centros penitenciarios no es una medida necesaria, ya que el Estado cuenta con la Policía Nacional, la que posee formación en el control del orden interno y cuenta con el debido equipamiento para garantizar la seguridad al interior de los CPL. Además, aquella no es una medida proporcionada ya que, por la formación y equipamiento de la Fuerzas Armadas, su actividad se dirige a la identificación y eliminación del enemigo, lo cual es ajeno al propósito de garantizar los derechos de personas privadas de libertad. (8)

 

Más, sin embargo, en ocasiones excepcionales cuando la capacidad de la Policía Nacional en cuánto a número de agentes sea insuficiente, pueden hacer uso de las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional en el dictamen 8-21-EE estableció los criterios para la intervención de las Fuerzas Armadas al interior de los centros de privación de libertad:

 

62. Por ende y para la aplicación de tal mandato excepcional, la movilización de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento y mantenimiento del orden y seguridad interna de los centros de privación de libertad será una medida legítima siempre que cumpla con tres parámetros, a saber: (a) que tenga efectivamente un carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación y que se afecte gravemente y de forma inminente a la integridad y vida de las personas privadas de libertad u otras presentes en los Centros de Rehabilitación Social; (b) que tenga un carácter subsidiario y temporal, hasta que se garantice que no exista amenaza o afectación grave a la integridad y vida de las personas privadas de libertad u otras presentes en los Centros de Rehabilitación Social y, (c) que en todo caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas.

 

63. Por consiguiente, la medida de movilización de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a su “participación (…) en el interior de los centros de privación de libertad de manera coordinada con la Policía Nacional” ; será legítima siempre y cuando cumpla con los requisitos fijados en el párrafo precedente. Asimismo, las actuaciones que ejecuten las Fuerzas Armadas “en el perímetro externo de los centros de privación de libertad, en las vías y en las zonas de influencia de estos, y también en el interior de los centros de privación de libertad” deberán cumplir con los siguientes estándares: (d) respeto a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad; (e) sujeción al principio de juridicidad; (f) planificación del uso de la fuerza, capacitación y entrenamiento a los miembros de los cuerpos armados y organismos de seguridad estatales; y, (g) control adecuado y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza.

 

El SNAI ha declarado que las cárceles están “tomadas por las Fuerzas Armadas”, sin ofrecer información de cuándo terminaría la intervención desplazando a la autoridad civiles administrativa. Esta condición incumple categoricamente el tercer parámetro que ofrece la Corte Constitucional con respecto a “(c) que en todo caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas”.

 

Este escenario transgrede por completo el Estado Constitucional de Derechos y Justicia y las reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario complementadas por el Derecho Internacional de los Derechos humanos por cuánto se impide que personal civil pertenecientes a instituciones del Estado puedan garantizar derechos a las personas privadas de libertad.

 

 

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Conclusiones:

 

1. Hemos confirmado que los Centros Penitenciarios del país están tomados por las Fuerzas Armadas, desplazando a la autoridad administrativa desde hace más de una semana (el SNAI). Es decir, hay un estado permanente de militarización sin la presencia de personal civil verificando las actuaciones de las Fuerzas Armadas al interior de las cárceles. El SNAI confiesa que no tiene jurisdicción en estos momentos sobre las prisiones y el gobierno no ha indicado cuándo va a desmilitarizar las prisiones.

 

2. Denuncias de familiares de personas en prisión, han manifestado que los detenidos están siendo víctimas de Tortura colectiva por parte de las Fuerzas Armadas, esto puede ser corroborado a partir de los videos difundidos por las mismas Fuerzas Armadas y a los cuales hemos sometido a procedimiento técnicos de verificación. El CDH califica esto como Tortura Colectiva. Esto sumado a la incomunicación que han sido víctimas, así como la restricción del acceso al agua y a la alimentación.

 

3. El CDH, en audiencias de Habeas Corpus correctivo en curso, pone en manos de la administración de justicia 18 testimonios de personas privadas de la libertad que narran claramente la práctica de Tortura por parte de agentes de las Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral.

 

4. Un agravante del estado de militarización permanente de las prisiones del Ecuador, es la prohibición expresa a la Defensoría del Pueblo para ingresar a las prisiones a verificar las denuncias de Tortura. La Defensora Provincial del Guayas el 23 de enero del 2024 intentó realizar una visita in situ en la Penitenciaría del Litoral y las Fuerzas Militares se lo impidieron. Existe reporte defensorial de esta restricción.

 

5. Nos preocupa el estado de salud de las personas heridas o que requieren atención médica.

 

6. El 23 de enero representantes del Departamento de Criminalistica y Ciencias Forenses y del SNAI informaron al CDH sobre 3 personas fallecidas en el interior de la Penitenciaría entre el viernes 19 al domingo 21 de enero, en contexto de la intervención militar.

 

7. Las garantías jurisdiccionales (como el habeas corpus) pierden efectividad al no poder tener personal civil dentro de las prisiones.

 

8. Vemos con mucha preocupación la posibilidad de que estos hechos denunciados queden en la impunidad. Por ello, consideramos pertinente documentar estos hechos y diseñar estrategias articuladas para exigir verdad, justicia y reparación de lo ocurrido en comunidades y en prisiones, en contexto de conflicto armado interno. 

 

 

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Peticiones que se ha realizado a las instituciones pública:

 

1. Se desmilitarice de manera INMEDIATA los centros penitenciarios y se permitan el ingreso de personal civil para tareas de monitoreo y servicios que garanticen derechos humanos de población carcelaria.

 

2. Exigimos garantizar la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad que denuncian Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradante cometidos por agentes de las fuerzas armadas. Recordamos que todo actos de represalias por denuncias de Tortura constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que, bajo ninguna circunstancias, están justificadas por la obediencia a ordenes superiores.

 

3. Se disponga que el Ministerio de Salud Pública constate de forma directa la situación de salud de las personas detenidas mencionadas y proporcione atención médica en los casos que verifique daños a su integridad física.

 

4. Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Coordinación Provincial del Guayas se pronuncie frente a la verificación de la Tortura colectiva que viven las personas privadas de libertad.

 

5. Que se inicie una investigación defensorial de oficio y a petición de las presentes organizaciones quienes aportaran con la información necesaria.

 

6. Que se gestione de manera INMEDIATA, en coordinación con la Cruz Roja Internacional, una visita a los centros de privación de libertad, en particular el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, y se informe a la Corte Constitucional, Subcomité contra la Tortura y otros organismos internacionales sobre los resultados recabados.

 

Guayaquil, 5 febrero 2024

 

Fotos: Billy Navarrete Benavides / CDH

 

 

Fuentes:

 

(1) Kits de aseo: camiseta naranja, pantalón azul marino, par de media blanca, par de zapatilla, par de zapatos de lona negro, toalla, interiores, colchonetas, juego de sábanas.
(2) Seis Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii), del 8 de junio de 1977, artículo 5
(3) CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
(4) La Corte IDH ha establecido que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
(5)  Ecuador, decreto ejecutivo 110, 8 de enero de 2023, art. 3
(6) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii), del 8 de junio de 1977, artículo 4
(7) CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
(8) Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen No. 5-21-EE/21, 6 de octubre de 2021, párr. 62

 

 

 

 

Testimonios

 

 

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Ver corto documental producido por el CDH "Mujer trans sufre tortura en prisión"

CDH, 6.2.2024, 5minutos28segundos

 

Sinopsis: El 1 de febrero del 2024 el CDH registró el testimonio de Ana, mujer colombiana, que llegó a Ecuador en agosto del 2023 al enterarse de que su hija Alexis, mujer trans, se encontraba en la Penitenciaría del Litoral padeciendo una enfermedad catastrófica.
La situación de la mujer trans se agrava al encontrarse en una cárcel para hombres, sin acceso a medicamentos y ocupada por las Fuerzas Armadas que practican tortura de forma sistemática y colectiva a los prisioneros. El caso de la hija de Ana no es el único.

 

Ver video http://tinyurl.com/yjdwsamw