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Pronunciamientos
El CDH frente a Decreto de Muerte Cruzada
La sociedad civil debe activar facultad fiscalizadora y de control social frente al riesgo de un proyecto político autoritario.
El CDH frente a política antiterrorista
Sin política social, la política de seguridad es sólo una declaratoria de guerra.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, frente a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, del 27 de abril del 2023, sobre la declaratoria y recomendaciones al Presidente, referidas al enfrentamiento al terrorismo, expresa lo siguiente:
El CDH frente al decreto de porte de armas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) une su voz a la extendida alarma generada por el nuevo decreto presidencial No. 707, emitido el 1 de abril de 2023, el mismo que establece en su artículo 1 que “Se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes”. El decreto emitido deroga el decreto No. 749, del 28 de abril del 2011, reformado por el Ejecutivo No. 701, del 25 de junio del 2015, que mantenía la prohibición de porte de armas a nivel nacional, y modifica la normativa del Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 169, publicado en el Registro Oficial el 27 de marzo de 1997, reformado el 15 de junio del 2015.
Sentencia del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles
A nombre del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles conformado por las juezas: Evelyn Solari Dávila, Gina Benavidez Llerena y el juez Ramiro Ávila Santamaría notificamos formalmente la sentencia del Tribunal Popular que se desarrolló en septiembre del año 2022 en la ciudad de Guayaquil en el auditorio de la Corte Provincial del Guayas.
El CDH frente a la Consulta Popular 2023
La crisis política, de inseguridad y violencia que está atravesando el Ecuador es un grave problema para el goce efectivo de los Derechos Humanos, al evidenciarse el debilitamiento del Estado en su rol esencial de ser garante de derechos. Para que pueda cumplir su mandato el Estado Constitucional de Derechos y Justicia debe tener: - instituciones sólidas y legítimas; - propiciar la participación ciudadana; - capacidad para responder integral y preventivamente el cometimiento de delitos y violencia criminal.