Contratistas militares: ¿Garantía de seguridad o negocio de conflicto?
El día 11 de marzo del 2025, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el contratistas internacional de defensa Erik Prince, anunciando un dialogo para una “cooperación/ayuda internacional” sobre asuntos de seguridad. Sin embargo, esto debe ser causa para el seguimiento y vigilancia de la ciudadanía, por las siguientes razones:
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) saluda la resolución mayoritaria de la Asamblea Nacional sobre la determinación de la responsabilidad estatal y política del Ministro de Defensa Gian Carlos Loffredo en el caso de la desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro niños de las Malvinas. Sin duda, este paso de una de las funciones del Estado (Legislativa) promueve la búsqueda de verdad, justicia y reparación frente a esta grave violación de Derechos Humanos ocurrida en contexto de estado de excepción y perpetrada por patrullas militares.
Funcionarios y autoridades penitenciarias deben contar con protección reforzada y evaluación de riesgos permanente.
Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador condenamos energéticamente el asesinato de la Directora (e) del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, Lcda. Maria Daniela Icaza Resabala, ocurrido el jueves 12 de septiembre de 2024, en la vía a Daule en Guayaquil; así como la falta de cumplimiento del Estado de sus más elementales obligaciones para prevenir la violación de los derechos fundamentales de la funcionaria Icaza y de las y los funcionarios penitenciarios del Ecuador.
Quienes conformamos el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) hemos leído con gran preocupación el titular “A los grupos de Derechos Humanos hay que ignorarlos” publicado en la primera plana de la edición de hoy domingo del diario Expreso. El titular recoge frase de entrevista que el diario hace al Vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, durante su visita al Ecuador por la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno que concluyó el 15 de noviembre en Cuenca.
Exigimos a las instituciones estatales actuar de acuerdo con los estándares internacionales relativos a la desaparición forzada en el caso de los dos jóvenes aprehendidos el 26 de agosto en la provincia de los Ríos.