El CDH expresa su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador, y alerta a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en nuestra sociedad, y coartan el derecho constitucional a criticar las acciones del gobierno y a ejercer la oposición democrática a sus políticas.
El CDH y familiares de desaparecidos realizan protesta simbólica en Mesa de Diálogo con Gobierno Nacional ordenada por la CIDH.
El 31 de julio del 2026 en salón del Palacio de la Gobernación de Guayaquil, delegados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Comité de Familiares por la Verdad y la Justicia de Nuestros Desaparecidos se colocaron vendas en la boca con la frase “No a la Impunidad” durante sesión de la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional por Desapariciones Forzada. El gesto simboliza la denuncian por el incumplimiento de las medidas cautelares N.º 402-25, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en el marco de un estado de excepción respecto de Ecuador.
La Corte Constitucional del Ecuador está siendo objeto de ataques por parte del Gobierno Nacional como respuesta a sus fallos, específicamente a la suspensión de leyes que otorgaban más poder a las fuerzas armadas.
Las personas tienen derecho a expresar su descontento y el gobierno tiene la obligación de garantizar las expresiones ciudadanas.
Reducir instituciones públicas no es eficiencia ni modernización; es negligencia.
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la fusión y eliminación de varios ministerios–entre ellos, el de la Mujer y Derechos Humanos, el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras instituciones–representa un grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país. Esta decisión no solo debilita la arquitectura institucional encargada de proteger y garantizar derechos. Además vacía de contenido político y operativo las políticas públicas que requieren liderazgo específico, enfoque técnico y presupuesto adecuado.
