En los últimos años se ha ido reiterando el uso de una especial forma de violar la Constitución de la República: un Ministro expide una norma de rango muy inferior que contradice a la Norma Suprema y ni siquiera tiene el rango de Ley, un simple Acuerdo Ministerial y la vulneración pasa.
En el cantón Samborondón de la provincia del Guayas, la tarde del jueves, 21 de mayo de 2020, personal de la Policía Nacional desalojó forzosamente a grupo de campesinos montubios de la Asociación Agrícola "Río Mar”. Aproximadamente, 20 agentes antidisturbios de la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO usaron bombas lacrimógenas y detuvieron a Danilo Fariño Zuñiga, Presidente de la Asociación "Río Mar"; Albino Zuñiga, socio de la organización y Presidente de la UNIÓN “TIERRA Y VIDA”; y Cristhian Calderón Moncada, Carlos Alberto Zambrano Escalera, Juan Auria Gurumendi, Fredy Acosta Carranza, Julio Manuel Acosta Ruiz y Pedro Pompeya Vera Villamar.
El 27 de abril de 2020, en la ciudad de Guayaquil, César Espinoza León, representante de un grupo de pacientes de adultos mayores con CÁNCER DE PRÓSTATA, emitió un oficio a la dirección general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde él y el resto de pacientes realizaban su tratamiento médico oncológico, pidiendo la compra de medicamentos necesarios para que ellos puedan continuar con el mismo. Actualmente, ellos no pueden acceder a la medicación que se les ha recetado: las cápsulas Xtandi/Enzalutamida, debido al contexto del COVID-19, porque su movilidad es restringida y también porque el Hospital no puede proveerles del medicamento necesario por falta de stock. Esto preocupa a todo el grupo de pacientes oncológicos, porque sería una suspensión drástica en su tratamiento contra la enfermedad catastrófica, y podría generar consecuencias mortales.
El CDH condena las agresiones y las detenciones arbitrarias sufridas por Defensores de Derechos Humanos y periodistas en Guayaquil.
El jueves 14 de mayo a las 9h00 en el centro de Guayaquil en circunstancias que se realizaba un plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección, que había sido convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, a la que se sumó el Frente Amplio Estudiantil, se registró una violenta incursión policial, perteneciente a la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO y del Grupo de Operaciones Motorizados, GOM.
Las Organizaciones que formamos parte de la Alianza por los Derechos Humanos y otros colectivos que defendemos la educación pública alertamos que el Estado ecuatoriano está incumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación y está vulnerando el derecho al trabajo y a una remuneración digna del personal docente y administrativo.
