El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa su profunda preocupación por el deterioro sistemático de la libertad de expresión durante los últimos años y de manera particular del ejercicio del periodismo crítico y de denuncia de hechos que involucran a los estamentos de poder y a su entorno.
La revocatoria de visa de la periodista Alondra Santiago constituye una violación de varios derechos constitucionales y una nueva muestra del ejercicio arbitrario del poder.
Proyecto de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena se realizará de manera inconsulta y con el riesgo de destruir bosques primarios y restos arqueológicos de culturas ancestrales
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, una instancia de colaboración y coordinación de reciente conformación, desea expresar su honda preocupación por el Genocidio en curso que el Estado sionista de Israel está cometiendo en Gaza en contra del pueblo palestino, por constituir una flagrante violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de la ONU de 1948, así como por las disposiciones contenidas en el Estatuto de Roma, de 1998 y demás principios y normas del Derecho Internacional aceptadas universalmente por la comunidad internacional.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación que integran diversas organizaciones del continente americano, europeo y africano, expresa su preocupación por las amenazas que se ciernen sobre las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como sobre la actual institucionalidad del Ecuador, las que se expresan en la reciente aprobación de diversas leyes, como la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Ley Orgánica de Inteligencia y Ley Orgánica de Integridad Pública, que vulneran derechos fundamentales, así como también en otras iniciativas legales que están en proceso de aprobación. También nos preocupan los ataques que ha recibido la Corte Constitucional, por ejercer el control de constitucionalidad y de protección de derechos respecto a las normativas puestas en su conocimiento. Todas estas situaciones configuran un conjunto de graves vulneraciones a los principios democráticos de libre asociación, de independencia judicial y de separación de poderes.