En relación a la carta de la Corporación GPF, titular de la Unidad de Negocios Fybeca, publicada por el diario Expreso el día de hoy 29 de junio de 2017, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH manifiesta lo siguiente:
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado abierto a otras organizaciones de Derechos Humanos y a hombres y mujeres amantes de la Paz a unir su voz frente la grave situación que atraviesa la nación venezolana signada por carencias y violencia que afectan y vulneran sus Derechos Humanos. Hemos observado con preocupación extrema el sostenido y creciente deterioro de las condiciones de vida y convivencia social en Venezuela y, frente a esta situaciòn, hoy no nos quedamos inmóviles e indiferentes.
El 30 y 31 de marzo de 2017 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ciudad de Manta, Provincia de Manabí se realizó el Encuentro de universidades y sociedad civil a un año del terremoto: aprendizajes para la reducción de riesgos. El encuentro contó con la participación de 17 universidades, 7 organizaciones del sistema de NNU, 14 ONG de Ecuador, y varias entidades gubernamentales que desarrollaron la jornada de construcción participativa de experiencias que dejó el terremoto del 16 de abril de 2016.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Fian – Ecuador, Acción Ecológica, Terramater, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) invitamos a la sociedad civil y a las autoridades a seguir la transmisión en vivo del tercer Examen Periódico Universal (EPU) al Estado de Ecuador que se desarrollará este lunes 1 de mayo de 2017, en el Palacio de Naciones - Ginebra de 14h30 a 18h00 (hora Ginebra, de 07h00 a 11h00, hora de Ecuador). El país será evaluado por 47 Estados. Transmisión en vivo: webtv.un.org
Pronunciamiento Internacional
Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data, generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un "estado de excepción" que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias.
