El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH se une a las voces de enérgica condena y alarma por el ataque con explosivos que sufrió la Comandancia Cantonal de la Policía Nacional en San Lorenzo, Esmeraldas la madrugada de sábado 27 de enero de 2018 dejando a 28 personas heridas, las instalaciones del destacamento en ruinas y destrucción en 37 viviendas vecinas.
Ilustración de Bonil tomada del diario El Universo del 19 de diciembre del 2017
Carta pública de la Red Cantonal de Prevención frente al VIH-Sida enviada el 27 de diciembre del 2017
Este 10 de diciembre se cumplen 69 años de la proclamación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; iniciándose por tanto el año 70 de vida de este histórico documento. La ONU lo ha declarado “año de los Derechos Humanos”, durante el cual se realizará en todo el mundo una serie de actos conmemorativos para enfatizar en su contenido e insistir en su fundamental importancia.
Cadena perpetua amerita no sólo una reforma constitucional y legal sino una profunda transformación de la política criminal del Estado Ecuatoriano
El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ante la propuesta de varias organizaciones sociales y de familiares y víctimas (1) de incluir la cadena perpetua como tipo penal en la legislación ecuatoriana, consideran que una reforma de esa naturaleza amerita no sólo una reforma legal sino constitucional y, simultáneamente, una profunda transformación de la política criminal del Estado ecuatoriano.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH rechaza enérgicamente la orden del juez del Complejo Judicial de Cuenca para que el defensor de Derechos Humanos, Luis Saavedra Mendoza, abandone la sala donde se desarrollaba el pasado 15 de diciembre la audiencia por el delito de tortura cometido por 42 policías en el Centro Rehabilitación Social Turi, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2016. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, el policía que cumplió la orden del juez intentó obligar a su representante a borrar los tuits escritos y las fotografías tomadas amenazando que le confiscaría el celular y lo llevaría a la Fiscalía.
