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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Palestina20231B

 

 

Durante décadas las organizaciones que defendemos Derechos Humanos en el mundo hemos defendido el derecho de Israel a existir como Estado. Igual hemos hecho con la Nación Palestina frente a las terribles agresiones que sus ciudadanos han sufrido y sufren por parte de sucesivos gobiernos de orientación sionista de Israel.

NicaraguaB

 

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento público expresamos nuestro profundo desasosiego y desconcierto por la decisión tomada por la Ministra de la Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, de aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 105-2023-OSFL, por un presunto incumplimiento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y otras leyes conexas.

 

CrimenFVillavicencioB

 

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa su enérgica condena por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, ocurrido el 9 de agosto del 2023, al salir de un acto organizado por su movimiento político “Construye”, en Quito. Extendemos nuestra sentida solidaridad a su familia, amigos y a la militancia frente a este repudiable acto que ha conmocionado al país entero.

 

Yasuni20231B

 

 

La extracción petrolera y minera no solo se ha incrustado progresivamente en las comunidades de pueblos y nacionalidades de manera violenta en Ecuador, imponiendo un modelo de vida de precariedad y de contaminación, todo esto en complicidad con el Estado; sino que, en una política pública sin sentido, la Asamblea Nacional llegó a dar la autorización para que realicen actividades petroleras industriales al interior del Parque Nacional Yasuní, el cual debería ser un área protegida para que la fauna y flora pueda desarrollar sus ciclos vitales sin injerencia arbitraria de las actividades humanas.

 

Carcel2478B

 

Gestión penitenciaria impone prácticas de tortura a personas en prisión, familiares y funcionarios públicos.