Ejecutivo incumple Medida Cautelar otorgada por la CIDH a víctimas de Desaparición Forzada
Este viernes 23 de enero de 2026, se instaló en la Gobernación del Guayas, desde las 09h00 de la mañana, la mesa interinstitucional convocada para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de víctimas de desaparición forzada y sus familiares.
Durante Plantón Día de la Persona Privada de Libertad el 18 de julio del 2025 en exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Foto Andrés Loor
El 10 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de Acción de Protección con Medida Cautelar por la crisis en la Penitenciaría del Litoral, presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) el 30 de septiembre del 2025. En la audiencia el juez resolvió aceptar parcialmente la Acción de Protección con Medida Cautelar, declarando la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad del CPL Guayas N.º 1, en particular los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al acceso a servicios públicos de calidad, incluidos salud, alimentación y rehabilitación.
La Corte Constitucional del Ecuador está siendo objeto de ataques por parte del Gobierno Nacional como respuesta a sus fallos, específicamente a la suspensión de leyes que otorgaban más poder a las fuerzas armadas.
Las personas tienen derecho a expresar su descontento y el gobierno tiene la obligación de garantizar las expresiones ciudadanas.
Reducir instituciones públicas no es eficiencia ni modernización; es negligencia.
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la fusión y eliminación de varios ministerios–entre ellos, el de la Mujer y Derechos Humanos, el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras instituciones–representa un grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país. Esta decisión no solo debilita la arquitectura institucional encargada de proteger y garantizar derechos. Además vacía de contenido político y operativo las políticas públicas que requieren liderazgo específico, enfoque técnico y presupuesto adecuado.
